EL LUGAR DE LOS
CUERPOS-TERRITORIOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN PROCESOS DE
DESTERRITORIALIZACIÓN Y RETERRITORIALIZACIÓN RADICADAS EN BOGOTÁ, COLOMBIA
THE PLACE OF BODY-TERRITORIES OF
INDIGENOUS WOMEN IN DESTERRITORIALIZATION AND RETERRITORIALIZATION PROCESSES
RESIDING IN BOGOTA, COLOMBIA
Juana
María Lara De La Rosa[1]
Resumen
El presente artículo
indaga sobre los procesos de desterritorialización y reterritorialización que han tenido que vivir en Bogotá las
mujeres indígenas provenientes de diferentes partes de Colombia como
consecuencia del conflicto armado dilatado por décadas. La argumentación
interpretativa se efectúa desde los nuevos feminismos comunitarios, los
feminismos descoloniales, que permiten entender los
posicionamientos de las mujeres indígenas en términos de su búsqueda de
reconocimiento, agencia, participación y autonomía. Éste es un artículo que
pretende generar una reflexión sobre la importancia de reconocer los
cuerpos-territorios de mujeres indígenas y las relaciones que permanecen entre
su cultura y el territorio para fortalecer su participación en ámbitos de
política pública en la ciudad de Bogotá y, a nivel nacional, en Colombia.
Palabras clave: desterritorialización, reterritorialización,
cuerpo-territorio, agencias, feminismo comunitario y descolonial,
participación, mujeres indígenas.
Abstract
This
article investigates the processes of deterritorialization
and reterritorialization that have had to live in
Bogota indigenous women from different parts of Colombia as a
result of the armed conflict extended by decades. The interpretative
argumentation is carried out from the new communitarian feminisms, the decolonial feminisms that allow to understand the positions
of the indigenous women in terms of their search of recognition, agency,
participation and autonomy. This is an article that
aims to generate a reflection on the importance of recognizing the
bodies-territories of indigenous women and the relationships that remain
between their culture and the territory to strengthen their participation in
public policy areas in the city of Bogotá.
Keywords: desterritorialization, reterritorialization,
body-territory, agencies, community and decolonial
feminism, participation, indigenous women
Recepción: 22 de enero de 2018 /aceptación: 30 de abril de 2018
La historia de Colombia no se puede contar desde
una única perspectiva y sin matices, pues es una historia atravezada
por distintos paisajes (culturales y ambientales), uno de ellos está impregnado
por el sufrimiento y las adversidades del conflicto armado, social y político
que ha embargado al país por más de cinco décadas; un conflicto que ha trastocado
la historia de los territorios y de cientos de vidas humanas, entre ellas las
de mujeres indígenas que han sido víctimas y sobrevivientes. A pesar de los
esfuerzos que se han hecho para llegar a los acuerdos de paz firmados entre el
Estado y la guerrilla de las FARC en el año 2016, hoy no es posible hablar del
fin de la guerra y de la victimización, pues la perpetración de la violencia se
mantiene en el anonimato. Frente a esto, son relevantes las luchas que han
emprendido algunos sectores autónomos como el de las mujeres indígenas, quienes
trabajan para recuperar su dignidad, reconstruir sus vidas, y resignificar sus cuerpos-territorios en el aún latente
conflicto.
Este es el caso de cientos de
mujeres indígenas pertenecientes a diferentes pueblos de Colombia, que han sido
víctimas de amenazas, de desplazamiento, de abusos y de desprendimiento de sus
proyectos de vida cimentados en sus territorios ancestrales. Sus situaciones
específicas normalmente no son puestas en evidencia en las demandas que interponen
los pueblos o comunidades ni se velan las afrentas que han experimentado las
mujeres en sus derechos individuales y colectivos durante el conflicto armado.
De ahí que un consolidado grupo de mujeres indígenas hayan optado por levantar
sus voces para participar en los procesos de tomas de decisiones tanto en temas
de políticas públicas a nivel distrital —Bogotá— y
nacional, como en procesos comunitarios, municipales o regionales. Algunas de
ellas han iniciado su proceso de formación política desde sus comunidades, y
otras después de pasar por procesos de desplazamientos forzados y de
experiencias adversas que las llevaron a encontrar, no obstante, nuevos
espacios de participación y reconocimiento.
En esta medida el presente
artículo pretende dar elementos para proponer una discusión sobre la situación
de las mujeres indígenas que se encuentran viviendo en Bogotá a causa de la desterritorialización que generó el conflicto armado, así
mismo pretende visibilizar sus intentos por reterritorializarse
en la ciudad. Para acompañar la exposición de dichos procesos, se menciona el
marco normativo y parte de las estructuras abstractas que representan y
configuran las normas y las políticas públicas que protegen a las mujeres
indígenas víctimas del conflicto armado.
En lo conceptual, para abordar lo
normativo y las políticas con respecto al desplazamiento se toman los aportes realizados
por Lefèbvre (2013) en cuanto a la concepción de una
espacialidad que trasciende los límites convencionales de la geografía y lleva
a pensar en espacialidades que se configuran a partir de valores simbólicos
abstractos y concretos que adquiere la sociedad dependiendo de las dinámicas
sociales, culturales, económicas y políticas. Para el autor la concepción del
espacio debe transformarse, “las fuerzas productivas —que
definen un espacio— no
pueden definirse únicamente por la producción de bienes o de cosas en el espacio.
Se definen hoy como la producción del espacio” (Lefèbvre,
2013, p.226), lo que indica un cambio en las fuerzas productivas; “se pasa de
la producción en el espacio a la producción del espacio” (Lefèbvre, 2013, p.201).
Con el fin de darle una claridad,
el autor propone la categoría de los espacios abstractos de la
institucionalidad, normatividad y política pública que tienen como objeto
generar lineamientos que no necesariamente van acordes con las necesidades de
las realidades sociales. Recurro también a la categoría de cuerpo-territorio
para abordar cómo las mujeres indígenas se construyen desde la asignación que
ellas dan a sus cuerpos y a sus luchas en medio de la dialéctica de la
representación del espacio. De esta manera, situarse desde el
cuerpo-territorio significa entender cómo lo corporal se relaciona con el
espacio en términos de relaciones de producción, pero también con unas
prácticas ambientales y culturales que se moldean según el territorio que se
habite. El cuerpo-territorio es visto como el lugar donde “emerge la
autoconciencia, que va dando cuenta de cómo ha vivido este cuerpo su historia
personal, particular y temporal...” (Cabnal, 2010, p.22)
y cómo a su vez lo recrea en las nuevas condiciones y los proyecta a unos
nuevos planes de vida.
Esta discusión se construye
en medio de lo que Haesbaert (2012) llamó la desterritorialización, reterritorialización,
y los procesos de las posibles multiterritorializaciones,
en tanto se reconoce que los cuerpos-territorios de las mujeres indígenas han
sido motivo de disputa, violación y desposesión debido a la invisibilización
que han vivido históricamente en medio de estructuras colonizadoras,
guerreristas, capitalistas y patriarcales. Estos tres procesos se enmarcan
entonces en las luchas de poder que se han generado para territorializar
los cuerpos-territorios, luchas que las mujeres han afrontado con la defensa de
sus cuerpos, familias y hogares para la recuperación de su espacio. Para Haesbaert, la desterritorialización
se entiende como la pérdida del territorio a causa de las luchas territoriales
y por los conflictos de poder entre diferentes individuos o grupos sociales. El
concepto debe ir acompañado de una comprensión sobre la precarización de las
poblaciones más vulnerables, en el sentido de pérdida del control territorial (Haesbaert, 2012), y por ende en la pérdida de autonomía y
vulneración de los cuerpos-territorios. No obstante esta desterritorialización no debe implicar necesariamente una reterritorialización del mismo espacio (Haesbaert,
2012), es decir, que los cuerpos-territorios pueden encontrar múltiples
formas de incorporarse a espacios e intentar reconstruir nuevamente sus
proyectos de vida en medio del hibridismo cultural. Veremos entonces cómo
el cuerpo-territorio de las mujeres indígenas que viven en Bogotá, desde
las agencias y autonomías, genera transformaciones espaciales que reivindican
sus pérdidas y las incorpora a diversos mundos de participación desde la multiterritorialización[2].
Los cuerpos-territorios de
las mujeres indígenas sobrevivientes del conflicto armado en Colombia han sido desterritorializados de sus proyectos de vida cimentados en
el territorio y sometidos a las diferentes formas de violencia sexual y al
anonimato; pero a su vez, desde la búsqueda de formas de reinventarse en la
ciudad, han podido encontrarse con sus cuerpos y su identidad como indígenas,
lo que las ha llevado a construir una multiterritorialidad
donde se reivindican como mujeres, madres, hermanas, esposas, trabajadoras,
lideresas, sobrevivientes, indígenas y defensoras de los derechos que les
pertenecen por ser cuerpos-territorios étnicos en la ciudad. Estas formas de reterritorializarse y multiterritorializarse
han provocado el surgimiento de diferentes agencias[3], unas que se han
posicionado en los escenarios de participación política y otras que se han
consolidado como procesos individuales y/o colectivos más inmediatos.
Ahora
bien, para adentrarse en la situación de las mujeres indígenas y acercarse a
los procesos de empoderamiento que han vivido en la ciudad, es preciso entender
varios elementos. En primer lugar, es fundamental reconocer la importancia que
tienen las mujeres como representantes y protectoras de sus territorios. Cuando
una mujer ha sido desplazada de su territorio no hay límites geográficos que
valgan para medir su pérdida: la conexión trasciende lo material y lo
geográfico; la relación ambiental de equilibrio y sostenibilidad de sus
familias y su territorio se transforma. En segundo lugar, es importante
reconocer que el rol de las mujeres es fundamental en la estructura familiar,
colectiva y ambiental de los territorios, motivo por el cual sus cuerpos han
sido tomados como botines de guerra por los actores armados, quienes por medio
de la fuerza y violación proclaman el poder territorial de los resguardos
indígenas y de las comunidades. Es por esto que muchas mujeres desde su
condición de desplazadas se han convertido en luchadoras y defensoras del
territorio ancestral desde la urbe, lo que implica combate identitario, empoderamiento de sus cuerpos sabios y lucha
por la unión de la familia. Para ello han tenido que entender otros lenguajes e
incursionar en nuevos escenarios, retando así las configuraciones espaciales
convencionales que segregan a las mujeres y a las indígenas.
Otro elemento fundamental para
tener en cuenta sobre los procesos de estas mujeres en la ciudad, es entender y
dialogar con sus cosmologías y sistemas culturales. Cuando las mujeres
indígenas hablan de victimización en contra de sus cuerpos-territorios, se
relaciona inmediatamente con afectaciones colectivas. La violación a sus
derechos se suele abordar desde el Estado, ONG y cooperación, a través de la
implementación de políticas de género que adoptan una perspectiva feminista
(convencional). Esto, para muchas mujeres indígenas y lideresas, va en
contravía de las formas de vida con las que han nacido, pues se constituyen en
discursos impuestos desde occidente que no dialogan con las realidades
culturales de los pueblos indígenas. Esto se identificó en
la investigación en las voces de las lideresas indígenas Nasa, Kankuama, Wayu y Uitotas con las que interlocuté[4], quienes en
repetidas ocasiones cuestionaron los formatos de atención de las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales en tanto promueven un enfoque de género
que fragmenta a mujeres y hombres, y a los cuerpos-territorios de su comunidad.
Hay mujeres que exaltan lo comunitario visto como
colectivo, la complementariedad como parte de un equilibrio necesario,
La
institucionalidad nos lleva agendas programadas basadas en los feminismos que
rechazan a los hombres y nos sobreponen a las mujeres, nosotras no creemos en
eso, nuestros sistemas son basados en la complementariedad y en el equilibrio (mujer indígena Uitota[5]).
A
nosotras nos suelen cuestionar porque les servimos a nuestros esposos y
familias, pero eso hace parte de mí y no por eso soy una mujer sumisa y
callada. El feminismo se basa en generalidades, una cosa es el machismo y la
violencia en casa y otra cosa es nuestro sentido comunitario y de familia (mujer indígena Wayuu[6]).
Hay otras mujeres indígenas que
reconocen que sus sistemas comunitarios están marcados por estructuras
patriarcales y sistemas dualistas que justifican su sumisión, privilegiando los
fines comunitarios, dejando a un lado sus derechos individuales, mientras
exaltan las voces masculinas en los espacios de participación. En este sentido,
ellas consideran importante transformar los discursos dominantes en sus pueblos
y comunidades, poner en discusión ciertos valores culturales y resignificar el trabajo de representación colectiva con las
voces de las mujeres; cuestiones que han comenzado a suceder en la capital
bogotana y que podríamos poner en conexión con otros procesos que se dan en la
región desde perspectivas como el feminismo comunitario.
Es de esta manera que se
reflexiona sobre la importancia de las redes de participación que surgen para
empoderar y resignificar los cuerpos-territorios de
las indígenas desde sus saberes y en revisión crítica de sus tradiciones,
alimentando, además, discusiones sobre la descolonización de los sistemas
impuestos por occidente. Esto significa transformar estructuras de dominación
patriarcales y de etnicidad, proponiendo un diálogo de saberes entre diferentes
posiciones ideológicas, e integrando sentidos comunitarios a las formulaciones
de políticas públicas que visibilicen a las mujeres indígenas como persona de
derechos, autónomas, pero que no se desligue de la defensa de objetivos
colectivos que las acogen a ellas, a sus familias, a sus comunidades y pueblos.
Ha sido a partir del feminismo descolonial y el feminismo comunitario que se ha sustentado
la importancia de trabajar en la participación de los cuerpos-territorios de
las mujeres indígenas, considerando que son ellas quienes cuentan con el
conocimiento sobre sus necesidades y sobre la posibilidad de recobrar
equilibrios sociales, culturales y ambientales en sus territorios.
El feminismo descolonial
se toma dentro del análisis teórico como la postura que, desde las bases de la
participación y el quehacer de las mujeres, se resiste a las espacialidades
abstractas impuestas por las dinámicas del capital y los sistemas dominantes
(anclados en el conflicto armado) que desterritorializaron
los cuerpos-territorios de las mujeres indígenas. La desterritorialización
se ve como la consecuencia de los sistemas patriarcales y racistas que además
de despojar a las mujeres de su identidad y territorio, las despoja de su
cuerpo y su contexto familiar y comunitario. De esta manera es que se propone
trabajar en la descolonización del conocimiento y hacer un énfasis en los
afectos y el sentir como formas propias.
Para ir más allá del
materialismo, es importante reconstruir diálogos interculturales que dejen a un
lado el “borramiento de otros saberes”
(Hernández, 2017, p. 29) como una necesidad por transformar la ontología
moderna y así abrir paso a los procesos de reterritorialización
y multiterritorialización. No se trata únicamente de
identificar las dicotomías patriarcales y las miradas esencialistas que
identifican a las mujeres como protectoras y reproductoras de la naturaleza y
la vida, se trata de incluir y reconocer sus luchas en contextos diferentes
como lo es la ciudad. La autora María Lugones (2010) lo considera un proyecto
que en la práctica y en la vida cotidiana genera transformaciones reales por
medio de la participación propositiva de las mujeres. El feminismo
comunitario alimenta esta intención, apuntándole a la mirada introspectiva
crítica tanto del cuerpo de la mujer indígena, como de la comunidad a la que
pertenece o el territorio que hoy habita. Se debe indagar en la convivencia
creada en la vida tradicional comunitaria originaria de una manera radical,
rebelde y transgresora, y desde allí provocar el des-enraizamiento de
estructuras opresoras.
El feminismo comunitario
cuestiona los espacios abstractos y reconoce la importancia de retomar los
tejidos colectivos de las comunidades indígenas incluso en la desterritorialización. Contribuye a darle sentido a la reterritorialización de los cuerpos-territorios partiendo
de las raíces culturales que fortalezcan identidades y que consigan formas
participativas equilibradas desde el cuerpo, el territorio, la historia y la
relación con la tierra, como lugares desde donde se resiste y surgen
transgresiones para repensar las tradiciones culturales y originarias, que
muchas veces también han reproducido el sistema patriarcal occidental. Desde el
feminismo comunitario se reconocen las luchas que rescatan la cultura propia y
se cuestionan tanto los discursos colonizantes de los
feminismos occidentales, como las estructuras dominantes que ignoran los
procesos locales.
Reconocimiento
“legal” de las mujeres indígenas víctimas del conflicto en Colombia:
comprensión del cuerpo colectivo e individual
La generación de normativas estatales creadas para
la defensa de los derechos de las mujeres víctimas en el marco del conflicto
armado no ha tenido mayor repercusión. Los programas ordenados por la Corte
Constitucional de Colombia no se han viabilizado por falta de voluntad política
y presupuesto; por lo que los procesos más autónomos que se dan en la ciudad no
están necesariamente ligados a los espacios de la política pública. No empero,
tanto para las víctimas como para poder hacer un análisis de la problemática,
es necesario entender y dialogar con las bases legislativas, pues es desde allí
donde se revela la incompatibilidad e incluso las posibles
transformaciones-transgresiones entre los espacios abstractos, que menciona Lefèbvre (2013), y las realidades locales.
Debido a la agudización del
conflicto armado en Colombia a finales de la década de los noventa, el Estado colombiano
se vio en la obligación de formular leyes y programas de atención para las
víctimas; hoy en día el tema de atención a víctimas en general y el de mujeres
indígenas en particular, se ha institucionalizado y burocratizado a
escalas complejas, lo cual ha dado origen a la creación de protocolos de
atención y al Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a la Víctimas —SNARIV—, para
responder a las necesidades de éstas y a la reivindicación de sus derechos
vulnerados, pero a su vez ha generado barreras con el bloque normativo que no
fue formulado para una fácil comprensión y accesibilidad para las mismas
víctimas.
Los mecanismos constitucionales
obligan al Estado a responder con acciones concretas, un escenario que en
principio debe estar en diálogo con las experiencias cotidianas de la
población, pero que en la realidad se ha reflejado en espacios abstractos (Lefèbvre, 2013), que aun cuando en el discurso y en el
papel pretenden interactuar con los espacios subjetivos de las mujeres
indígenas, se mantienen bajo estructuras ajenas que no responden a las
necesidades y realidades de los cuerpo-territorios de las mujeres víctimas de
desplazamiento.
Entre las formulaciones más
relevantes que involucran a esta población, se encuentran que en el 2004 la
Corte Constitucional promulga la Sentencia T-025, y luego los Autos 092 del
2008 y 004 del 2009, en respuesta a la situación de inconstitucionalidad de
derechos de la población desplazada (T-025), así como en particular sobre la
situación de las mujeres (Corte Constitucional Colombiana. Auto 092, 2008) y de
las comunidades indígenas (Corte Constitucional Colombiana .
Auto 004, 2009) en el marco del conflicto armado. Por su parte en el congreso
se promueve y decreta la Ley 1448 del 2011, y como parte de su reglamentación
el Decreto Ley 4633 del mismo año, que reglamenta la atención a las comunidades
indígenas víctimas del conflicto armado. La Sentencia T-025 declaró el “estado
inconstitucional de cosas” por hechos relacionados con el desplazamiento
forzado y la violencia estructural que dejaba como saldo la violación de
Derechos Humanos Fundamentales, en ella se resalta la importante afectación que
han tenido los pueblos indígenas, quienes son considerados una población de
especial protección para el Estado. De esta manera se declara la obligación
prioritaria de atender a los pueblos y hacer un llamado para que se evite su
desplazamiento y su desaparición forzada causada por los diferentes actores del
conflicto armado[7].
En el 2011, el
Decreto Ley 4633 vuelve a llamar la atención frente a la grave situación de las
comunidades indígenas. Fue incisivo en insistir en la importancia de reconocer a
los territorios ancestrales como víctimas, en recordar que priman los derechos de
la comunidad a la vivienda, alimentación y educación, acordes con sus tradiciones,
y en reconocer la especial vulnerabilidad de las mujeres indígenas, quienes
según el Artículo 16 del Decreto Ley, deben gozar de medidas específicas de
reparación individual y colectiva en tanto son las que garantizan la
permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas. Adicionalmente
en el Artículo 49 se reitera que las “mujeres indígenas han sufrido daños
físicos, psicológicos, espirituales, sexuales y económicos, entre otros, por la
violencia sexual ejercida como estrategia de guerra y como consecuencia de la
presencia de actores externos como la explotación o la esclavización” (Corte
Constitucional Colombiana. Decreto Ley 4633, 2011), por tanto, la atención que
se les preste debe ser diferencial, integral y prioritaria.
Por su parte, el
Auto 092 del 2008, fue emitido gracias a la participación de las mismas mujeres
víctimas —campesinas, indígenas, lideresas comunitarias—, que comenzaron a denunciar las atrocidades que estaban viviendo a
cuenta del conflicto. Este es un documento donde la Corte Constitucional
reconoce los relatos de violencia sexual, laboral, y psicológica a la que
estaban siendo sometidas; por lo que ordena trabajar en la ejecución de trece
programas que protejan, acompañen y garanticen los derechos de las mujeres.
Entre los más relevantes se rescata el programa de formación en política
pública; formación, difusión y protección en salud sexual y reproductiva; y la
garantía a participar en formulación de políticas que integren el enfoque de
género (Corte Constitucional Colombiana. Auto 092, 2008). Fueron trece
programas de los cuales, hasta la fecha, no se ha ejecutado ninguno dada la
falta de presupuesto y ambiciones imposibles de cumplir según el Ministerio del
Interior, tal como lo menciona la ex funcionaria de ONU Mujeres Colombia:
Las normativas están muy bien construidas, y sí, son ambiciosas, pero
de los 13 programas que deberían haber ejecutado por ley poco o nada se ha
hecho, puntualmente frente al auto 092 no se ha hecho nada, se han concentrado
en la difusión del documento (exfuncionaria ONU Mujeres[8]).
La formulación de estos Decretos
Ley y Autos se ha creado con la inserción del enfoque diferencial y de género,
un lenguaje que debería estar instaurado en la atención y reparación de las
instituciones estatales. No obstante los mismos funcionarios públicos y las
propias mujeres indígenas dan constancia que estos enfoques no son una realidad
en la práctica, generando una fragmentación en la política pública para la
mujeres indígenas, quienes tienen problemas para ser reconocidas integralmente
como cuerpos-territorios, lo que hace que la mayoría de
documentos sean letra muerta para las poblaciones y particularmente para las
mujeres indígenas en su inserción territorial y corporal en la ciudad.
En su
mayoría, las mujeres indígenas que se encuentran desplazadas en Bogotá no
obtienen la atención y reparación, incluso suelen ser revictimizadas
dos o tres veces por qué deben acudir y realizar muchos trámites para poder
generar su registro de víctimas. En los centros de atención no hay traductoras
ni personas que estén capacitadas para atenderlas (mujer indígena Nasa[9]).
Para
nosotros es una prioridad integrar a nivel nacional el enfoque de género y
diferencial, sabemos que regionalmente no se está aplicando, e incluso acá en
Bogotá aún tenemos muchas falencias (funcionaria de la Unidad de Atención para las Víctimas)[10].
Para el funcionario de la
Defensoría de Pueblo entrevistado en el marco de esta investigación, igualmente
para otros funcionarios de la Unidad de Víctimas y de la Alta Consejería
Distrital para los Derechos de las Víctimas, la implementación de políticas
públicas, después de emitidas las sentencias, ha sido un fracaso. Así mismo,
coinciden en que Colombia cuenta con unas muy buenas herramientas jurídicas que
protegen a las víctimas y que tienen en cuenta el enfoque diferencial y de
género, sin embargo no logran pasar a la implementación de
programas a largo plazo que generen la recuperación de la autonomía comunitaria
y la recuperación de los territorios, lo que hace necesaria la intervención de
las mismas comunidades[11].
De esta manera, los cuerpos-territorios
de las mujeres indígenas en condición de desplazamiento forzado, además de
vivir una desterritorialización simbólica, material
de sus territorios y un aislamiento de sus propias formas de cuidado, se han
encontrado con estructuras estatales que no las reconocen desde la integralidad
y que mucho menos han podido incorporarlas a la participación sobre el destino
de sus vidas y territorios. Las políticas públicas se han formulado a manera de
representar espacios ideales que se acomodan a un sistema abstracto que
pretende ordenar las problemáticas sociales desde la externalidad; de esta
manera los Decretos Ley y las políticas han sido creadas
con el fin de dar sentido y cimentar representaciones del espacio que se
abstraen de las experiencias locales.
Es importante tener en cuenta que
dicha invisibilización de las mujeres indígenas no
solo se ubica en los escenarios políticos gubernamentales, también se han
generado luchas al interior de sus comunidades para que su voz sea tomada en
cuenta en desiciones políticas. Su lugar no ha sido
el de tomar la palabra en escenarios abiertos donde se discutan las necesidades
que como mujeres demandan, o los derechos que ellas exigen sobre sus
territorios como madres, esposas, viudas, desterritorializadas.
Si bien hay mujeres que no tienen reparos en la manera en cómo viven y
argumentan su experiencia de vida desde el sistema de la dualidad que manejan
las comunidades indígenas, hay muchas otras que han comenzado a cuestionar esta
situación y han levantado sus voces para resignificar
su presencia al interior de sus comunidades.
En mi
comunidad sí se ve mucho el machismo, el hombre es el que habla, pero allá en
territorio eso está bien, acá en la ciudad ya no es lo mismo, acá a mí me ha
tocado aprender a defenderme y a hablar de lo que quiero y necesito; he
aprendido a hacerme respetar y a apoyarme en mi comunidad de maneras diferentes (mujer indígena Uitota[12]).
La concepción del cuerpo-territorio en general
reivindica los cuerpos colectivos, primando las afectaciones y reparaciones
grupales por encima de las individuales. Esta realidad cultural que también ha
sido asumida desde la institucionalidad, pues se ha generalizado la idea de que
todas las mujeres indígenas deben ser atendidas desde un enfoque familiarista[13] y colectivo,
lo que, a su vez incide en las formas como se conciben los cuerpos-territorio
en el contexto del desplazamiento y reterritorialización
sacando a la luz el conflicto entre las visiones de complementariedad, con las
realidades de un latente machismo, y con las discrepancias existentes con las
políticas de género que se abordan desde feminismos occidentales.
De esta manera los espacios
abstractos se pueden interpretar como aquellos que el feminismo descolonial reconoce como los sistemas de colonización
occidental y de dominio patriarcal representados por sistemas dominantes como
el neoliberalismo que hoy en día pretenden colonizar los territorios
ancestrales, como las estructuras del Estado, en la sociedad machista y en la
configuración de los mismos pueblos indígenas. El espacio abstracto, así como
los sistemas dominantes han anulado y subestimado los cuerpos-territorios de
las mujeres acomodándolos a mecanismos homogéneos que desintegran las
probabilidades de respuestas a las problemáticas de las víctimas.
El Estado
colombiano ha configurado una mirada abstracta que intenta retener las voces de
las víctimas y responder a ellas; sin embargo, esta abstracción se confunde con
la complejidad del mundo social y es incapaz de construir respuestas concretas.
Las posturas institucionales en Colombia han hecho trabajos intensos para
consolidar —en documentos— la atención a las mujeres en el marco del conflicto, pero éstas aún se
conciben desde lugares acartonados y viciados por la burocratización.
Reterritorialización de las mujeres indígenas en la ciudad de
Bogotá
Para la Corte Constitucional (Auto
004, 2009) y para los pueblos indígenas ha sido claro que la extinción de las
culturas, no solo se debe al desarraigo y a la desaparición sino también a los
modos de vida a los que tienen que someterse los y las indígenas al llegar a
las ciudades. En tanto se generan rupturas con los calendarios tradicionales
ligados a la relación con los recursos ambientales, se fragmentan los proceso etnoeducativos, se agudizan los problemas de salud, se
fracturan los sistemas solidarios de intercambios, entre otros aspectos, lo que
da paso a problemas de soberanía alimentaria y agudiza las carencias
económicas.
Estas
afectaciones según la consejera de mujer y familia de la ONIC[14], recaen
principalmente en las mujeres que han sido desplazadas. Según ella
se ha podido ver que “en el desplazamiento o con la pérdida del esposo a
causa del conflicto la carga mayor queda para las mujeres, sufrimos más. Somos
más débiles cuando nos toca huir porque hablamos muy poco el español y no
tenemos tanta relación con la cultura occidental”[15]. Las mujeres son las encargadas del cuidado del hogar y
mantienen una relación permanente y de codependencia con el entorno ambiental[16]; al encontrarse en
situación de desplazamiento hay pérdida de autonomía y deben desarrollar
habilidades para poderse adaptar a las nuevas condiciones.
Según el Registro Único de
Víctimas (RUV, 2017)[17] dentro de la
población desplazada, se registran 3.660.998 mujeres que han sido expulsadas de
sus hogares. Para ONU Mujeres, entre 1995 y 2011[18], la violencia del
conflicto armado generó el desplazamiento interno de más de 2.700.000 mujeres,
casi 6% de la población total del país, y representan el 51% del total de
personas desplazadas. Según el Registro Único de Víctimas de Colombia (RUV,
2016)[19], 1.046 mujeres
indígenas han sido expulsadas de sus territorios, adicionalmente el 15,8% de
las mujeres relegadas declaran haber sido víctimas de violencia sexual; y
particularmente las mujeres pertenecientes a grupos étnicos indígenas y
afrocolombianas se han visto afectadas por la violencia derivada del conflicto.
De acuerdo con el informe del RUV
del año 2013, el desplazamiento afecta de manera diferenciada a hombres y
mujeres según la edad. Cuando se ven las cifras presentadas en la figura 4.12
sobre la cantidad de hombres y mujeres, se puede confirmar que el número de
mujeres supera al de los hombres, referencia que vale la pena considerar de
acuerdo con las responsabilidades que recaen en las mujeres al ser víctimas; en
tanto es una situación que las pone en desventaja, ya que son ellas quienes en
muchas ocasiones se ven obligadas a asumir solas la responsabilidad del hogar a
causa de la viudez o de que los hombres ingresaron o fueron llevados por algún
grupo al margen de la ley.
La tabla evidencia que, en el año
2005, las mujeres indígenas sufrieron mayoritariamente las expulsiones de sus
territorios a causa del desplazamiento forzado, en razón a que este año el país
sufrió una agudización del conflicto armado, intensificando las desapariciones
y muertes principalmente de hombres, mientras que las mujeres fueron sujetas a
ultrajes, violaciones y finalmente expulsadas de sus tierras con sus hijos;
haciendo evidente que el conflicto afecta directamente a las mujeres y deja por
sentado el modo en que operan tanto los grupos al margen de la ley como las
fuerzas militares.
Los datos reflejan una gran
problemática sobre el reconocimiento del cuerpo-territorio de las mujeres
indígenas, tanto a nivel global como a nivel comunitario. Por esto es preciso
preguntarse ¿cuál es el lugar del cuerpo-territorio y el sentido que se le está
dando en los espacios representacionales y abstractos de la institucionalidad?
¿Cómo está siendo reconocido desde las mismas comunidades? ¿De qué manera se
puede entablar un diálogo para que sean reconocidos desde las perspectivas
comunitarias y a su vez se incorporen como mujeres indígenas de manera integral
en las políticas públicas?
Está claro que existe una
urgencia de posicionar las voces de las mismas mujeres indígenas que han
sufrido el desplazamiento, no solo por responder a los discursos y normativas
de igualdad de género, sino porque solo sus voces pueden luchar por lo que han
perdido. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de que las luchas de las
mujeres indígenas defienden un discurso comunitario, muchas de las que se
encuentran viviendo en Bogotá fueron desplazadas en la individualidad, esto
reitera la importancia de transformar las políticas públicas, los enfoques de
género y diferencial, creando diálogos interculturales que necesariamente
integren a las mujeres indígenas como mujeres sujetas de derechos individuales
que responden a construcciones identitarias
comunitarias.
Ahora bien, la forma de entablar
diálogos es principalmente trabajando en la descolonización de los discursos
impuestos por los feminismos colonialistas y reforzados por la
institucionalidad del Estado. Como se mencionó anteriormente, para algunas
líderes indígenas los feminismos occidentales funcionan como una estrategia de
fragmentación sobre los pueblos indígenas que desvalorizan las culturas
ancestrales. Para la lideresa Uitota de la Amazonía
Colombiana[20] al igual que para
la Kankuama y Wayuu, las intervenciones de las
instituciones con enfoque diferencial y de género, buscan empoderar a las
mujeres indígenas sin tener en cuenta que para ellas la dualidad y las
responsabilidades compartidas son las que garantizan el equilibrio. A pesar de
estar conscientes de la existencia de estructuras patriarcales y de
discriminación sobre las mujeres en espacios de representación política,
aseguran que las formas de fortalecer sus luchas son desde la palabra y la
agencia en vínculo con su comunidad y familia. Es por esto que la participación
de las mujeres en la ciudad es una forma de “caminar la palabra desde la
sororidad”, y con base en nuevas representaciones en el espacio que las mismas
mujeres se han empeñado en construir, las cuales, a pesar de no afectar a las
grandes estructuras institucionales y burocráticas, sí logran generar resonancia
en las mesas de concertación distritales y nacionales[21].
En este sentido la desterritorialización no solo se considera la pérdida de
territorio, también se habla de la pérdida de control
del cuerpo-territorio. Por ello se hace importante, la reconfiguración de
sistemas comunitarios que integren y reconozcan a las mujeres como sujetas
activas en los procesos de toma de decisiones; así como en la deconstrucción de
los estereotipos adoptados por el machismo y el sistema patriarcal con el fin
de extraer los cuerpos de la figura de botines de guerra u objetos del capital
para empoderarlos como sujetos de derechos. Esto solo puede suceder en el
reconocimiento del lugar de la experiencia de las mismas mujeres.
Desde el feminismo comunitario,
lectura que efectúo, los procesos de desterritorialización
han generado desprendimiento, pero en la reterritorialización
en Bogotá han emergido procesos para la descolonización de los cuerpos, donde
se han recuperado los cuerpos-territorios resignificando
así los procesos comunitarios, lo que ha generando una
posibilidad de cambio y de nuevas oportunidades para el empoderamiento y la
participación de las mujeres indígenas, dándose así múltiples territorialidades
y formas de construir sus vidas (Haesbaert, 2012). No
empero, para el caso de las mujeres indígenas que vivieron violencia sexual, la
expulsión de sus territorios y pérdida de familiares las llevó a vivir en el
límite de dos o tres territorios a la vez, insertándolas en la ciudad en
diferentes trabajos para poder sobrevivir, condiciones que a su vez crearon
resistencias en sus cuerpos.
La reterritorialización
no solo guarda relación con los procesos de adaptabilidad a un nuevo entorno,
sino a cómo las mujeres desde su autonomía y en la práctica han iniciado
procesos de reconocimiento sobre sus derechos y han abierto las puertas para
cuestionar constructos culturales. De esta manera para algunas lideresas y
trabajadoras indígenas en Bogotá, la desterritorialización ha
significado un proceso de desestructuración de sus proyectos de vida; no obstante,
en la ciudad han experimentado oportunidades. En la investigación se pudo ver
que las formas de reterritorialización pueden darse
en varias formas como son: a) el intento por trasladar y reproducir las
prácticas culturales en contextos urbanos sin interactuar directamente con el
escenario urbano; b) apropiación de nuevas espacialidades y adaptación de
sus prácticas a las dinámicas de ciudad y, c) la interacción con los nuevos
elementos de la ciudad (hacer parte del lugar, afectarlo y dejarse afectar por
él).
Teniendo en cuenta lo anterior,
ahora interesa profundizar en cómo las prácticas de dominación, colonización y desterritorialización que han vivido las mujeres indígenas,
efectivamente evidencian unas condiciones diferenciadas y revelan unas marcas
particulares sobre los cuerpos-territorio que en los límites de los
territorios buscan reterritorializarse mediante
reconfiguraciones de vida, reproducciones de prácticas de sobrevivencia y resignificación de su identidad.
¿Cómo se entiende la participación? Visiones de las
mujeres indígenas y de las instituciones
El feminismo comunitario no niega lo comunitario;
genera una denuncia de género desde la descolonización de los cuerpos. Plantea
luchar en contra del patriarcado precolonial, el que
se refleja en el poder estatal, en la imposición de las nuevas economías
extractivas y en la disputa territorial entre actores armados y estatales (en
el caso de Colombia). De esta manera el cuerpo colectivo persiste, pero desde
la integralidad que propone el cuerpo-territorio, donde la mujer aparece como
un sujeto de derechos activo en su participación en la comunidad y ante la
institucionalidad del Estado. Con su participación política las mujeres logran
alzar la voz para decir lo que quieren y lo que les conviene a sus comunidades
en el contexto de ciudad.
Nosotras
acompañamos el movimiento indígena y levantamos la voz en cosas que no nos
sentimos reflejadas, miramos cómo nos van a tener en cuenta. Nos toca estar de
la mano con nuestras autoridades para que ellos vean un interés y comiencen a
apoyar en los temas de las mujeres y que ellos también se relacionen con el
tema (mujer
indígena Wiwa[22]).
Con el objetivo de responder a la necesidad de las
comunidades indígenas para participar y, debido a la falta de aplicabilidad de
lo decretado por la Corte Constitucional (Auto 092, 2008; Auto 004, 2009), se
han ido creando espacios autónomos que reúnen a la comunidad indígena y a las
mujeres para generar plataformas de organización política. En Bogotá existen
varios ámbitos representativos para la participación indígena: 1- La mesa de
concertación a nivel nacional: en esta mesa se debaten los temas de la agenda
gubernamental y es el espacio para que los indígenas intervengan e influyan en
la toma de decisiones de política pública; 2- La Mesa Distrital de Víctimas
Indígenas que fue conformada desde 2015 y que se ha ido posicionando en el
distrito gracias a la pujanza de los y las indígenas. Actualmente liderada por
la indígena Nasa, María Violet; y 3- El Comité
Distrital de Mujeres Indígenas que se articula a la Secretaría Distrital de la
Mujer y al Consejo Nacional de Mujeres, conformado por mujeres que representan
a los Cabildos étnicos que se encuentran en Bogotá. Estos son catorce pueblos
indígenas, de los cuales solo cinco son reconocidos como Cabildos en la ciudad
por el Ministerio del Interior. Estos catorce pueblos se encuentran reunidos en
la Casa Indígena, un espacio de reunión que ha contribuido a la consolidación
de los procesos en el distrito.
Estos ámbitos tienen la función
de reunir a las comunidades que se encuentran en Bogotá para luchar por
objetivos comunes, a la vez que se han constituido como plataformas para la reterritorialización de las mujeres indígenas en la ciudad.
Particularmente el Comité de Mujeres Indígenas es el único espacio en la ciudad
que ha consolidado una red de apoyo y de confianza que permite participar y
crear independientemente de la institucionalidad. “Con este Comité queremos trabajar en la superación —de la mujer indígena— con el fin de que logren el empoderamiento por
medio de formación y capacitaciones” (mujer indígena Naza[23]).
La Secretaría apoya el proceso de
formación, acompañamiento a las lideresas y a la promoción al derecho de la
participación promoviendo que las mujeres se asocien, se organicen, que hagan
sus agendas políticas para que las promuevan en sus comunidades y en el
distrito. Pero los procesos de participación de la población indígena en Bogotá
tienen como problema la falta de garantías de parte de la institucionalidad
para que la población pueda asistir a los ámbitos de concertación. No cuentan
así con recursos asignados para coordinar el transporte y la alimentación.
Algunas
críticas que le han hecho al espacio es la falta de incidencia en la política
pública y que se ha concentrado en fortalecer a la mujer de una manera
comunitaria e interna
Una de
nuestras apuestas era tener más incidencia en las agendas políticas tanto del
distrito como de las mismas comunidades, pero esto no ha sido tan fácil por
ahora hemos logrado consolidar un espacio para la mujer indígena que le permita
expresarse y formarse, eso es un gran avance[24].
Pero aun cuando el Comité no tiene gran incidencia
a nivel distrital, es un escenario que ha abierto puertas para resolver
inquietudes, ampliar las posibilidades de interlocución entre la
institucionalidad y las mujeres, y en el fortalecimiento psicológico, emocional
y político.
Agencias
en la recuperación del cuerpo-territorio
A
veces se dice que las mujeres —que se
integran a procesos participativos— son la “rueda suelta” dentro de la comunidad, pero
es porque son mujeres que están intentando cambiar y transformar, por tanto, lo
interesante aquí es cómo las mujeres, como sujetas de derecho quieren transformar
en garantía sus derechos (Kimberly Rodríguez, 2017).
Para saber de qué forma se entiende la agencia y la
participación como medio que reterritorializa los cuerpos-territorios de
las mujeres indígenas, es preciso aclarar qué se entiende por participación. En
la investigación se identificaron dos tipos de participación, una cultural,
como la llamó una lideresa Uitota, la cual tiene una
relación filial con los roles que se le asignan a las mujeres al interior de la
comunidad, donde su cuota de participación se centra en la esfera logística —cocina,
atiende, y aconseja a su pareja si se lo piden—; allí la
mujer se mantiene en la esfera íntima y su capacidad de incidencia se concentra
en las posibilidades que le de su esposo o la comunidad. También se refiere a
la manifestación de su cultura, por ejemplo, el canto y la danza son prácticas
donde se reivindica la cultura, donde se activa y vitaliza, sin embargo, se
identifica como una participación que reivindica la cultura y sus cuerpos en la
ciudad, pero pocas veces esta participación logra trascender a espacios de toma
de decisiones.
Por otro lado, está la
participación en espacios de política pública, de toma de decisiones y de
empoderamientos locales, que involucran la formación en derechos y el
acercamiento a ámbitos de la política por parte de las mujeres; sin embargo,
como lo manifestaron algunas mujeres, este es un escenario machista que está
integrado principalmente por hombres. Para que una mujer haga parte activa
tiene que ganarse su inserción y el respeto de los compañeros, “sí faltaría, sin ser feminista, priorizar la
incentivación en programas de formación en política pública y en espacios de
participación las mujeres indígenas en del distrito”[25].
Las mujeres que acceden a estos
ámbitos manejan un nivel de educación occidental medio o alto que les permite interlocutar y asistir a los encuentros. Son mujeres que
trabajan, estudian y han ganado autonomía en sus vidas, lo que les hace menos
vulnerables a la exclusión. Existen, no obstante, mujeres indígenas en Bogotá,
en condiciones de vulnerabilidad más marcadas y con una dependencia total de
sus maridos y de las ayudas económicas, alimenticias y de vivienda que da el
Estado a manera de asistir temporalmente sus necesidades. Este es el caso de un
grupo de mujeres Wounaan no vinculadas a ninguna de
las mesas. Únicamente sus líderes indígenas hombres participan de ellas.
La
participación de las mujeres Wounaan es en la
privacidad, solamente su voz se escucha en el canto —que tiene otro
significado espiritual que arraiga a su cuerpo-territorio—. Solo
una mujer que rompe esquemas tradicionales puede ser líder, de otra forma no[26].
A pesar de esto se tienen que considerar que el
nivel de participación que se da entre las mujeres depende mucho de la cultura
y del nivel de vulnerabilidad en la que se encuentre. Si la mujer no habla
español tiene mayor dificultad para sobrevivir e integrarse a la ciudad.
Para la funcionaria de la
consejería Presidencial para la Equidad de Género (2017) es “casi impensable
que las mujeres que vengan a los centros urbanos tengan alguna posibilidad de
participación política y de liderazgo, no hay condiciones para esto, ellas
están muy condenadas al total anonimato”, sin embargo para el caso puntual de
las mujeres Wounaan el problema es que a causa
del aislamiento y la falta de inserción a la ciudad se mantienen condiciones de
plena dependencia que las mantiene —a algunas— en
vulnerabilidad.
Teniendo en cuenta los diferentes
tipos de participación se debe considerar que tanto la participación cultural
como política deben ir de la mano, en la práctica se suelen fragmentar los
espacios, lo que se debe a las mismas construcciones pre coloniales y
patriarcales de corte neoliberal que ubica lo cultural en la esfera del cuidado
de la mujer y aunque es la parte más fuerte de la representatividad indígena en
momentos pareciera que ésta solo se comparte en la esfera privada o en eventos
culturales, siendo los hombres quienes ocupan la esfera pública.
De cualquier forma, todo tipo de
participación en la ciudad está ratificando los cuerpos-territorios en la ciudad,
la participación es una forma de decir que las mujeres que están en la ciudad
también son indígenas, no se tiene que estar en el territorio para demostrarlo.
El reto está entonces en que por medio de la participación se abran caminos que
cuestionen y creen posibilidades para que el sentir, el pensar, el ser indígena
mujer, transforme las estructuras coloniales tanto de los espacios políticos
como desde la construcción comunitaria y su participación en los proyectos de
vida. Para la Consejería Presidencial (2017) la tarea es hacer incidencia para
que la participación de las mujeres indígenas empiece a aparecer dentro del enfoque
diferencial étnico lo que implica que se deben informar y formar sobre sus
derechos y manejar la palabra para que pasen a ser representantes y no esté el
hombre como intermediario.
La
toma de palabra es muy importante, por eso nos toca estudiar para comunicarnos
con el blanco y hacer valer nuestros derechos. La palabra nos da poder. La
educación es muy importante, es una herramienta para mediar (mujer indígena Uitota[27]).
Reflexiones finales
Es preciso decir que la mirada crítica, que ha
surgido en algunas mujeres indígenas en la ciudad de Bogotá, ha podido surgir
paradójicamente en medio del conflicto, cuando el cuerpo-territorio se ha visto
retado a enfrentarse a sobrevivir y se ha interesado por aprender y
desaprender. Desafortunadamente han sido las mujeres quienes han enfrentado su
expulsión desde la individualidad, las que han tenido que aprender a leer, a hablar,
a trabajar, a defenderse, a empoderarse de sus vidas, las que han llegado a
espacios de participación donde reivindican sus derechos al territorio y su
dependencia a las relaciones ambientales que allí se daban. Han sido ellas las
que, si bien se han desprendido de las prácticas ancestrales al estar ahora
inmersas en un entorno urbano que les integra a otras dinámicas y medios de
vida en la búsqueda de la reterritorialización,
recrean sus identidades en la adversidad.
Algunas mujeres desde sus palabras
manifiestan un sentido de empoderamiento como indígenas que ya no se detiene
exclusivamente en la lengua, en el alimento o en sus danzas tradicionales y
cuidados corporales; sino que se han tomado los escenarios de participación que
solían ser solo de hombres, y han impuesto su voz que reclama los derechos de
ellas para aportar directamente en la transformación de los discursos de los
derechos de las comunidades indígenas, las mujeres y la restitución de derechos
como víctimas del conflicto armado.
El cuerpo-territorio se posiciona
entonces como el lugar de la memoria activa de la identidad étnica que
caracteriza a las mujeres indígenas, desde donde se activa las herramientas de
resistencia y sobrevivencia. Es por esto por lo que se concluye que existen unos
cuerpos activos, visibles, que han podido tomar el poder del lenguaje y la
comunicación para poder construirse caminos en la adversidad; a su vez están
los cuerpos que desde las prácticas íntimas y constitutivas llevan sus luchas
en el anonimato de la ciudad.
No empero es importante reconocer
que la discusión sobre complementariedad, las tensiones entre procesos
colectivos e individuales en las comunidades en el marco de discusiones sobre
igualdad de género son temas aún no resueltos, que ponen en conflicto a las
mujeres indígenas con las perspectivas occidentales, y a su vez a la academia
con las cosmovisiones de las mismas comunidades. Esto ha implicado un mayor
esfuerzo para que ellas mismas propongan y gestionen espacios autónomos de
discusión consiguiendo que sus cosmovisiones sean entendidas y tenidas en
cuenta en la estructura occidental, impulsando la urgencia de generar políticas
públicas que integren a las mujeres víctimas y sobrevivientes del conflicto
armado a participar activamente en la formulación de leyes y decretos que sean
incluyentes.
En estos procesos se hace más
necesario acudir a la resignificación del
sentido de comunidad, pero de manera intercultural e incluyente. El feminismo
comunitario y el descolonial, no solo apela a la
descolonización de los cuerpos oprimidos por el patriarcado o por el sistema
capitalista neoliberal; apela por la valoración de una red que es construida
desde cuerpos femeninos, masculinos, adultos y jóvenes; que valora voces
femeninas que cuidan y empoderan a sus comunidades desde la movilización de los
cuerpos.
De esta manera es preciso decir
que pensar en procesos de territorialización y reterritorialización de los cuerpos-territorios de las
mujeres, es ratificar que el centro de poder y de dominio de sus cuerpos nace
en los pies que andan y construyen el camino con relación a su contexto
ambiental y cultural. Estamos en un momento histórico donde la sabiduría y
experiencia de estas mujeres que han tenido que caminar sintiéndose ajenas de
sus cuerpos, tienen el deber e interés por tejer el sentido de una tierra que
es su sangre, de unos frutos que son sus hijos y de un cuerpo que es palabra,
pensamiento, poder, lucha e identidad que se construye sobre las bases de unas
estructuras abstractas que se espera sean sacudidas para que respondan a las
luchas por los derechos de las mujeres indígenas en Colombia.
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