LAS PRESIDENTAS MUNICIPALES EN MÉXICO 2017, UN PANORAMA

Women mayors in mexico 2017, an overview

Georgina Cárdenas Acosta[1]

Resumen

En 2017 las presidentas municipales llegaron por primera vez a ser 349 (14.2%), gracias al principio de paridad de género incorporada en la normatividad mexicana. Por un lado, se podría decir que progresivamente va avanzando la pluralidad de género en los municipios; no obstante, la masculinidad hegemónica todavía tiene una fuerte presencia en este nivel de gobierno, ya que por cada presidenta municipal que gobierna, hay seis presidentes municipales. A través de una muestra de 10% del total de presidentas municipales que hay en el país, una cosa queda clara: estas mujeres continúan enfrentando una serie de obstáculos para llegar y mantener sus puestos actuales. Esto es resultado de una cultura política masculina que busca excluirlas del ámbito público. Asimismo, se identifican elementos de violencia política contra las mujeres en razón de género y algunos casos son tan extremos que van más allá de la intimidación y la amenaza y se materializan en secuestro o asesinato de algún familiar. Las presidentas municipales conocen las problemáticas de sus municipios, y gracias a los alcances institucionales y legislativos del movimiento feminista ellas logran identificar los principales problemas que enfrentan las mujeres y si bien solo la mitad de ellas tienen diagnósticos de género, en su mayoría instrumentan acciones para atender las necesidades de las mujeres.

Palabras clave: paridad, presidentas municipales, perfiles, trayectorias, violencia política contra las mujeres.

Abstract

In 2017 female mayors made up 14.2% (349) of all mayoral positions in the country, thanks to the gender equity principle incorporated into Mexican regulatory norms. On the one hand, arguably gradual progress has been made in terms of gender equity within the municipalities. However, hegemonic masculinity still has a strong presence at this level of government: for every female mayor governing, there are 6 male mayors. Based on a 10% sample of total women mayors in Mexico, and analyzing their profiles and professional trajectories, one thing becomes clear: these women continue to face a series of obstacles in obtaining and retaining their current positions. This is the result of a political culture that seems to seek to exclude women from the public sphere. We can also identify certain elements related to gender and political violence against women. In some cases, political violence can mean intimidation and threats, but it can also be as extreme as kidnappings and/or assassinations of family members. Women mayors know the main general problems within their own municipalities, but thanks to the institutional and legislative achievements the feminist movement wrought, these women can recognize much easier the core issues facing women. And while only half of these women, most of them manage to implement programs, protocols, rules, that attend to women’s needs directly.

Keywords: parity, women mayors, profiles, trajectories, political violence against women.

recepción: 14 de febrero de 2018/aceptación: 28 de mayo de 2018

Introducción

Este trabajo tiene como objetivo principal brindar un panorama sobre las presidentas municipales que se encuentran en funciones en 2017, momento que se enmarca en una creciente participación política de las mujeres puesto que por primera vez en la historia hay 14.2% de presidentas municipales, situación que ha sido posible por la reforma política de 2014, que incorporó el principio de la paridad de género en la normatividad mexicana. De manera específica se busca: a) destacar algunos elementos de los perfiles y trayectorias de las presidentas municipales; b) identificar las dificultades que enfrentan para su postulación y algunos obstáculos en el ejercicio de su gobierno; c) conocer si han sido víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género; y e) destacar algunas actividades y/o acciones de gobierno dirigidas a mujeres de su municipio.

Los resultados de investigación aquí presentados forman parte de una creciente bibliografía académica sobre las mujeres en la política a nivel municipal con perspectiva de género los cuales profundizan sobre la manera en la que las mujeres acceden y ejercen su gobierno. Los municipios, también conocidos como gobiernos subnacionales, representan un nivel de gobierno de primer contacto con la ciudadanía, en ellos las mujeres tienen una activa participación política y social a través de la gestoría comunitaria que les permite mejorar su entorno inmediato (Arboleda, 1993; Barrera y Aguirre, 2003b; Massolo, 2006, 2007; Tello, 2009, Vázquez y Chávez, 2012); desde la “política comunitaria” algunos liderazgos transitan a la política formal. Sin embargo, esta activa participación no se traduce en una amplia presencia de presidentas municipales y aunque actualmente la cifra se ha incrementado en México, los varones mantienen la hegemonía de la representación, en 2017 gobernaban 2108 municipios (85.7%) de un total de 2457 municipios que tiene el país. Por cada seis presidentes municipales, gobierna una presidenta municipal.

Estudiar los municipios con una mirada de género nos permite ver que se han caracterizado por ser un “ámbito culturalmente masculinizado” (IFE, 2003), que mantiene una estructura de gobierno segregada en la que el poder ejecutivo se encuentra mayoritariamente reservado para los varones, situación que es denominada por Tello (2009) como “patriarcado político”. A partir de esta exclusión, no legal pero sí de hecho, de las mujeres en los espacios del poder, el feminismo ha cuestionado la legitimidad de la democracia, “y por ello plantea la paridad como un proceso estratégico contra el monopolio masculino del poder” (Cobo, 2002, p. 30). Por paridad política hemos de entender que ésta es una medida definitiva que tiene por objeto garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder (Archenti y Tula, 2014; Albaine, 2014).

El año de 2017 es significativo para el estudio de las presidentas municipales en México ya que es un momento histórico, toda vez que 349 mujeres ocuparon el cargo. Este incremento cuantitativo puede explicarse a la luz de la incorporación del principio de la paridad de género en el marco normativo federal de México, así como de la armonización legislativa estatal donde se inscribió la paridad horizontal y vertical en algunos de los ordenamientos. Sin embargo, la paridad fue impugnada por partidos políticos, actores políticos estatales y municipales que argumentaron que se violaban las libertades del “municipio libre”. Autoras que analizan la transición de las cuotas a la paridad en los casos de Bolivia y Ecuador, señalan que los partidos políticos no han sido aliados de la promoción de carreras políticas femeninas y “han resistido a la aplicación de la norma en forma reiterada y muchas veces han intentado eludirla a través de insólitos dispositivos. Estas acciones exhibieron en los partidos políticos una lectura de las cuotas de género en clave de amenaza” (Archenti y Tula, 2014, p. 50). La paridad en sí ha presentado una serie de “resistencias masculinas, a veces explícitas y a veces disfrazadas o enmascaradas detrás de otros debates que aparentemente no tienen nada que ver con esta vindicación” (Cobo, 2002, p. 31), que sin embargo son producto de una cultura política donde impera la hegemonía masculina. En México, algunos procesos electorales se judicializaron frente a la falta de aplicación de la paridad en los cargos edilicios, lo que posibilitó que se generara jurisprudencia para que, sin excepción, en candidaturas a cargos de los ayuntamientos y municipios en México se aplique la paridad horizontal y vertical (ONU-Mujeres, 2017). Las cifras nos muestran que la paridad ha posibilitado que las mujeres hayan pasado de ser 69 presidentas municipales en 1986 a 349 en 2017, lo que indica que se están redistribuyendo los espacios de toma de decisiones entre mujeres y hombres.

Con respecto al acceso de las mujeres a la política Massolo (2006), sugiere que enfrentan una serie de obstáculos de entrada, y permanencia en los cargos de toma de decisiones. Los obstáculos se dan en cualquier ámbito social y público e impiden una inserción real en la toma de decisiones, a las mujeres se les identifica con el ámbito doméstico; mientras que el espacio público se sigue considerando exclusivamente masculino; de esta forma hay una desvalorización de la voz de las mujeres en lo público y encuentran dificultades para que se considere su punto de vista en la toma de decisiones. Sin embargo, existen “puertas de entrada” que favorecen la participación política de las mujeres como el tener estudios de nivel medio o superior, familiares con antecedentes en la política, antecedentes de trabajo comunitario que les da cierto prestigio social (Massolo, 2007).

Con estos antecedentes teóricos, es importante analizar de qué manera, y ante una coyuntura sin precedentes en la historia de nuestro país, algunas mujeres han alcanzado posiciones de poder político y la forma en que lo ejercen.

Metodología

Las temáticas abordadas —desde un análisis cualitativo— son los perfiles y trayectorias de las presidentas municipales en funciones, destacando las dificultades para acceder y sostenerse en el cargo, casos de violencia política de género, así como acciones de gobierno que implementaron a favor de las mujeres. Para cubrir los objetivos propuestos se aplicaron 36 cuestionarios estructurados con preguntas cerradas y abiertas, en los casos en los que hubo contacto personal con las presidentas municipales hubo posibilidad de profundizar en algunos contenidos. Los cuestionarios[2] fueron acompañados de una carta de confidencialidad a través de la cual se explicaba que la información sería utilizada exclusivamente con fines académicos, motivo por el cual se resguardan las identidades de las presidentas municipales que participan en este estudio.

Los 36 cuestionarios son una muestra de 10.3%[3]de 349 presidentas municipales que se encontraban en funciones en 2017, siete de ellas gobiernan municipios que pertenecen a la región norte del país: una de Baja California, una de Baja California Sur, tres de Chihuahua, una de Durango y una de Sonora. De la región centro trece contestaron el cuestionario: una de ellas gobierna una delegación de la Ciudad de México, una gobierna un municipio de Colima, cinco de ellas gobiernan municipios de Hidalgo, tres del Estado de México, una de Michoacán, una de San Luis Potosí y una de Zacatecas. De la región sur 16 presidentas municipales contestaron el cuestionario, dos de ellas gobiernan municipios de Guerrero, diez de Oaxaca, una de Puebla, dos de Tlaxcala y una de Veracruz.

El trabajo se aborda desde la perspectiva de género, categoría de análisis que cruza transversalmente toda la estructura social. El análisis de género permite hacer un estudio de las relaciones que hay entre mujeres y hombres, además de identificar las diferencias de acceso a los puestos de elección popular y toma de decisiones. De acuerdo a Massolo (2007), la política se devela como un ámbito poco acogedor de la diferencia de las mujeres y en este sentido se construye a partir de los modos de ver y ser masculinos, por lo que las mujeres rara vez se sienten vinculadas, o por lo menos cómodas, en los espacios políticos locales.

Perfiles y trayectorias de las presidentas municipales

En esta sección se abordan distintos elementos de los perfiles y trayectorias de la muestra de las presidentas municipales entrevistadas durante la investigación, haciendo énfasis en sus propias narrativas. Por perfil nos referimos, siguiendo a Massolo, al “conjunto de datos personales, aquellas características, posiciones y condiciones que individualizan a las mujeres según su lugar de origen, clase social, etnia, estado civil, religión, ideología política, escolaridad, profesión, si son madres o no” (Massolo, 2007, p. 59). Cada uno de estos elementos forman parte de la identidad de las mujeres y cobran peso, de acuerdo a Massolo, al momento en que ellas apuestan por participar en la política partidista del municipio. Las entrevistas destacan los siguientes elementos sobre el perfil de las presidentas municipales: origen, edad, escolaridad, estado civil, si son madres o no, arraigo y si tienen algún familiar en la política.

En cuanto al origen de las presidentas municipales solo una de ellas indica que es indígena y su pueblo es de usos y costumbres: “es triste que no acepte uno el hecho de ser originario de ese pueblo”. Este comentario debe leerse en el contexto de la doble discriminación que viven muchas políticas por ser mujeres y también por ser indígenas. La condición étnica en ocasiones se vive como dolida y ellas evitan hablar sobre esto.

El promedio de edad es de 47 años. Una de las presidentas municipales se encontraba en la segunda década de su vida, siendo la más joven, ocho en la tercera década, nueve en la cuarta década, catorce en la quinta década y cuatro en la sexta década de su vida. De esta forma 75% de las presidentas municipales tenía entre 40 y 69 años, edades en las que difícilmente tienen a su cargo hijos pequeños, esto posibilita que se dedique más tiempo a la política.

La escolaridad mínima de las presidentas municipales es secundaria o comercio con cuatro casos. Tres tienen estudios de bachillerato. La mayoría de ellas tiene estudios de licenciatura con 24 casos y tres más contaban con estudios de posgrado. Se observa que 88% tiene estudios medios, superiores, e incluso de posgrado. Ellas se esfuerzan en preparase frente a la presión —social, cultural y subjetiva— y sobre-exigencia de acreditar grados académicos y estar capacitadas para gobernar. A las mujeres se las ha excluido de los cargos de toma de decisiones bajo los argumentos de su falta de interés por el poder, por no contar con la personalidad de liderazgo y competitiva que se requiere, así como por su falta de preparación académica lo que ha tenido como consecuencia que las mujeres apuesten a un desarrollo profesional y se matriculen en posgrados y diplomados. La preparación académica, así como la experiencia que acumulan en organizaciones sociales, sindicales y políticas les brinda cierto prestigio para acceder a la competencia electoral.

La mayor parte de las presidentas municipales, 23 casos, se encuentran casadas, cuatro son solteras, cuatro son viudas, tres divorciadas y dos viven en unión libre. Se desconoce en qué contexto se dieron los divorcios, que, si bien son pocos, se debe considerar que los horarios “masculinos” de la política formal están determinados por la desigual relación entre los géneros y su impacto en la división sexual del trabajo, y en ocasiones, tienen como consecuencia para las mujeres rupturas matrimoniales, sobre todo si las parejas no se encuentran inmersas en actividades políticas.

La mayoría de las presidentas municipales tienen hijos (33 casos), de ellas, 21 tienen entre uno y dos hijos, once presidentas tienen entre tres y cuatro hijos y solo una de ellas tiene más de cuatro hijos. De las 33 presidentas que tienen hijos, 4.4% de ellos tienen de cero a tres años, 25.3% de hijos tienen de cuatro a once años, 10.4% de hijos tienen de doce a 17 años, y 59.7% de los hijos tienen de 18 años a más, este último dato, se relaciona con que 75% de ellas tiene entre 40 y 69 años. Esta última es una etapa de fisión del ciclo doméstico, donde las responsabilidades del hogar y con los hijos descienden y esto posibilita liberación de tiempo que es invertido en actividades sociales y políticas. La edad de los hijos es relevante en los estudios de las presidentas municipales, ya que los cuidados siguen recayendo en las mujeres derivado del rol tradicionalmente asignado. Las presidentas municipales que tienen hijos pequeños y/o enfermos, señalaron que recibían apoyo de su pareja en el cuidado de los mismos en 45.4% de los casos, 40.9% dijo que no recibía apoyo de su pareja y 13.6% dijo que recibía un poco de ayuda o a veces por parte de su pareja. Lo anterior apunta que el cuidado de los hijos pequeños y/o enfermos sigue recayendo sobre ellas, situación difícil de conciliar con sus actividades políticas y de gobierno. Sin embargo, las mujeres buscan redes de apoyo en el cuidado de los hijos por lo que se les preguntó en quiénes se apoyaban, 68.7% de los casos mencionó a sus familiares y 31.2% dijo apoyarse de empleada o niñera/o.

Uno de los datos más interesantes arrojados por las entrevistas es que el arraigo sigue siendo un elemento importante para el lanzamiento de las candidaturas. Es decir, la gente valora que sus futuros gobernantes sean originarios del municipio. De las 36 presidentas municipales que respondieron al cuestionario, 30 (83.3%) gobiernan en el municipio donde nacieron, en contraste, seis (16.6%) nacieron en otros lugares. Uno de los testimonios señala que a pesar de llevar varios años viviendo en el municipio que gobierna se le cuestiona no ser originaria. “Nos costó mucho trabajo porque no soy originaria del municipio y bueno aquí llevo viviendo con mi familia 22 años, […] y es que sacaron un volante de que ya no vivía aquí”.

En contraste, una de las presidentas municipales con arraigo menciona que cuando estaba en precampaña buscó a las personas de la tercera edad porque conocía de primera mano sus necesidades y sabía la importancia de su confianza, había quienes ya no se acordaban de ella físicamente porque la conocieron de niña, pero preguntaban por ella. En los poblados pequeños, le gente se conoce entre sí, identifica el apellido de las familias con mayor estatus, ubica dónde viven sus gobernantes y quiénes son sus parientes. El principio de proximidad —gobierno de primer nivel—, facilita el contacto de la ciudadanía para realizar peticiones de diversa índole, ya sea que se acuda a la casa de la alcaldesa o alcalde o al palacio municipal.

Por otro lado, se indagó si algún familiar de las presidentas municipales había participado, o se encontraba participando en algún cargo público, organización o partido político, ya que se ha identificado en estudios que este elemento posibilita el acceso de las mujeres a la participación política, además de que facilita relaciones políticas y sociales, 22 de ellas tienen familiares en esfera política, doce no y dos de ellas no contestaron. Específicamente: una presidenta municipal señala que su mamá fue diputada, otra que su mamá fue regidora y otra que su tía fue presidenta municipal. En doce casos los familiares son sus esposos, padres, primos, hijos y abuelos que ejercieron el cargo de presidentes municipales antes que ellas, en el mismo municipio u otro. El estudio de Dalton (2012) sobre presidentas municipales en Oaxaca identifica que éstas provienen en muchos casos de una familia de políticos y denomina esta situación como una genealogía de la participación política.

En cuanto a las trayectorias políticas, las presidentas municipales de este estudio antes de ocupar su cargo trabajaron en su mayoría en diferentes niveles de gobierno y/u ocuparon cargos partidistas, fueron integrantes de asociaciones religiosas en su comunidad. También realizaban gestiones comunitarias y/o eran parte de asociaciones civiles y sindicales. En la menor parte de los casos tienen o tuvieron participación en empresas. La mayor parte de las presidentas municipales tiene experiencia política entendida como “la acumulación de aprendizajes sociales y políticos generados por las prácticas cotidianas y luchas individuales de las mujeres como integrantes de los concejos municipales” (Massolo, 2007, p. 102).

Ante la pregunta si había sido electa para otros cargos políticos 18 contestaron que sí, catorce que no y cuatro no contestaron. Los cargos que ocuparon fueron: integrante de un comité local, estatal o nacional de un partido político (29%), regidora (22.5%), diputada local (22.5%), diputada federal (6.4%), presidenta municipal (6.4%), diputada local suplente (3.2%), síndica (3.2%), senadora (3.2%) y delegada federal (3.2%). Llegaron al cargo de presidentas municipales por el PRI (31.8%), seguido del PAN (22.7%), luego del PRD (15.9%), sistemas normativos internos (9.09%), por el PT (4.5%), coalición (4.5%), por el PVEM (2.2%), por Movimiento Ciudadano (2.2%), por MORENA (2.2%), por candidatura independiente (2.2%), otro (2.2%). Quienes acceden al cargo por sistemas normativos no son postuladas por partidos políticos, sino que la gente las propone y son electas en Asamblea, tampoco tienen un salario, reciben un recurso económico denominado dieta y ejercer el cargo implica un gasto adicional, porque deben trasladarse a diferentes lugares para hacer gestiones y acudir a reuniones de gobierno. Una presidenta municipal designada en Asamblea señala: “En mi caso son 4, 500 pesos mensuales, entonces de ahí tengo que ver que me alcance”.

Dificultades que enfrentan para su postulación y obstáculos en el ejercicio del poder

Las entrevistadas señalan en 31 casos (86%) que fue difícil conseguir su postulación a la candidatura, una (2.7%) de ellas dice que fue fácil y cuatro (11.1%) que no tuvieron ninguna dificultad. En los casos en los que sufrieron alguna dificultad se solicitó se especificara el tipo de dificultad. Un testimonio indicó “[…] una campaña es muy dura como mujer, pero ganar es todo un reto al igual que gobernar.” Esta afirmación refuerza lo señalado por diversos estudios (Massolo, 2006; Barrera y Suárez, 2012; Cárdenas, 2016), que revelan que no sólo es un desafío ser postulada, sino también ejercer el cargo. Las campañas son extenuantes porque: las jornadas son intensas (pensadas en clave masculina donde los varones tienen resueltos los cuidados de otros y las labores domésticas), no hay días de descanso, se realizan visitas domiciliarias, se reúnen con líderes, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, y ciudadanía en general, se construye una estructura electoral; las candidatas además enfrentan críticas y cuestionamientos de sus adversarios, que contienen elementos de género, a ellas las cuestionan sistemáticamente sus capacidades, trayectorias y vida personal.

Otra dificultad del proceso electoral es la experiencia de padecer una injusticia electoral que se resuelve por —el largo camino de— la vía jurídica en el máximo tribunal electoral del país; pero debe considerarse que estos litigios tienen costos económicos y hasta de salud. Otro testimonio indica cómo durante 20 años buscó la candidatura por medio de un partido político.

A lo largo de 20 años intenté en cinco ocasiones ser la candidata, fue hasta la sexta que lo logré, fue gracias al apoyo de mi partido, de las mujeres y hombres de mi municipio. Los recursos financieros son insuficientes para hacer campaña.

Cada partido tiene sus normas para la designación de las candidaturas, al interior de los mismos se establecen correlaciones de fuerzas y se tejen alianzas entre las corrientes, las dirigencias partidistas —masculinas en su mayoría— tienen un peso fundamental en la decisión final y desde ese espacio de poder deciden qué mujeres sí y cuales no pasan. Los testimonios hablan sobre lo difícil que es que logren llegar aquellas que tienen trabajo territorial, liderazgo consolidado, arraigo, son autónomas y empoderadas, porque las dirigencias apuestan a postular a mujeres que serán disciplinadas a las instrucciones de los líderes y ellos así mantendrán el control. La paridad ha forzado a los partidos políticos para que incorporen en igualdad a mujeres en las listas de candidatos; sin embargo, los partidos impugnan los acuerdos de los órganos locales electorales cuando no recae sobre ellos la facultad de establecer los criterios de designación de la paridad, y es que, dentro de la gama de estrategias que diseñan para controlar y retener el poder, se observa que formalmente incorporan la paridad, pero postulan a mujeres en distritos con pocas posibilidades de triunfo (Palma y Cerva, 2014). A pesar de ello, la paridad ha posibilitado que algunas líderes con amplias trayectorias y capital político que aspiraban a una candidatura finalmente lograran ser postuladas.

Los dos últimos testimonios hablan sobre otra de las dificultades, a saber, la falta de dinero en las campañas. “Mi campaña fue de gran austeridad, yo no tengo riqueza acumulada. Sí hay una diferencia en el apoyo económico entre mujeres y hombres.” Los recursos financieros son una forma primaria de discriminación a la que se enfrentan las mujeres en campaña, porque no hay una distribución igualitaria para mujeres y hombres.

No me va a creer, pero fueron 1,300 pesos que dieron para la campaña que no alcanzó para nada, pero con la voluntad y apoyo de la gente. Algo muy característico del Istmo es que todos ayudamos, se nombra padrino de refresco, madrina de tortas, tamales […]

Las presidentas municipales en ocasiones compiten en elecciones en las que los gobiernos utilizan programas sociales para comprar el sufragio del padrón de beneficiarios de forma clientelar; lamentablemente consideran a las mujeres como su voto cautivo.

A pesar de los estereotipos de género, injusticias electorales y dificultades económicas, estas mujeres lograron ganar la elección. Sin embargo, vemos a través de los testimonios que además han tenido que enfrentar una serie de obstáculos en el ejercicio de su gobierno, los cuales no pueden ser separados de la idea de género; es decir, del hecho de que por ser mujeres se aplica un mayor rigor, sospecha y vigilancia a la hora de gobernar.

Los horarios de trabajo de las presidentas municipales son extensos, situación difícil de conciliar con la vida familiar, constantemente son recriminadas frente al abandono de los hijos y dedicar tiempo completo a su cargo (Sam y Davinson, 2003). Por otro lado, las presidentas municipales se presionan de forma permanente para demostrar que, como gobernantes, sí son capaces de ejercer el cargo, que tienen habilidades de liderazgo y capacidades de gestión pública. Pero también padecen el apremio de justificar sus ausencias con resultados de trabajo para que no se vaya a pensar que incumplen con su encomienda. Un testimonio señala al respecto.

[…] nos reunimos con todas las autoridades de las localidades los domingos, ahí les informo donde estoy cada día de la semana, para que no piensen que nada más estoy sentada en el municipio, o que nada más ando felizmente paseando, si salgo es porque tengo que ver las gestiones.

Las presidentas municipales toman decisiones colegiadas con el cabildo, en ocasiones hay síndicos o regidores que las calumnian respecto de su trabajo:

En la reunión del municipio les digo bien claro si ustedes ven algo que no se va encaminando bien díganmelo con toda firmeza, aquí en la reunión es donde les voy a hacer caso y aquí es donde me van a fortalecer para desempeñar bien mi cargo, pero si lo dicen en una cantina, en las tienditas o por ahí, discúlpenme, pero yo no voy a tomar nada en cuenta porque en lugar de salir bien hasta enferma voy a salir y yo no tengo esa necesidad.

Este mismo testimonio también señala un poco de dificultades con “un síndico es un poco cerrado, cuando hay reuniones de Cabildo no se manifiesta, pero llega a su casa y ahí da otras versiones. No voy a hacer caso de versiones callejeras”. Otro testimonio señala obstáculos y bloqueos:

En el Cabildo los regidores sin fundamento están en contra de mis propuestas. A veces es complicado como mujer que nos dejen gobernar, sin que tengamos alguna situación [sería mejor] que pudiéramos enfocar nuestras acciones en gestiones principalmente, en lugar de tener que atender situaciones que a lo mejor con diálogo se puede llegar a la solución.

También son sujetas de agresiones, por personas que tienen relación con el municipio: “Vivo presiones y reclamos permanentes por los varones del municipio. Como mujeres no permiten que nos equivoquemos. Profesoras del municipio cuestionan mi forma de peinarme y vestirme”. O son discriminadas: “[vivo] discriminación de género y por discapacidad”. Otra presidenta municipal indica que la descalifica una regidora, que un grupo mantiene en su posesión el Palacio Municipal desde el 2012 y no se lo entrega, además que una de las personas con cargo de la iglesia católica “inició una intensa campaña en el pueblo y en los medios de comunicación para posicionarme como alguien que discrimina a los encargados del templo y a la gente que profesa la religión católica”.

Vázquez y Chávez han documentado que no es fácil para una mujer ser autoridad en el ámbito público porque “no existe la costumbre” (Vázquez y Chávez, 2012, p. 89), por lo que realizan grandes esfuerzos para hacer valer su autoridad.

La gente se tiene que ir acostumbrando a verme como su presidenta. Las funcionarias y servidoras públicas estatales deberán acostumbrarse a vernos y tratarnos tal y como somos; sin importar nuestra vestimenta, nuestro maquillaje o falta de él, nuestras bolsas y demás cosas que miren. Se sorprenden de verme, y pensar que siendo mujer sencilla soy presidenta municipal. Es una forma de violentarme porque eso es discriminación. Para mí, fue difícil llegar a ser presidenta municipal, el primer día que llegué con mis hijos y antes de sentarme en mi silla les dije: "No se imaginan cuán difícil fue llegar a esta silla; me costaron humillaciones, lágrimas, descalificaciones”. Tuve que lograr la confianza de la gente para que sepan que como mujer sé tomar decisiones. Más que un honor ser presidenta municipal es un reto, ya que como mujer debo demostrar que sé gobernar y lo he logrado con disciplina financiera.

En cuanto a la administración de recursos financieros las presidentas señalan que han buscado implementar estrategias de disciplina y ello las distingue de los varones que las antecedieron. “Las mujeres somos más cuidadosas en la administración de recursos, más que nada de lo que llega al municipio”. Otro testimonio señala “Algunos todavía no logran asimilar que una mujer haya ganado y que los esté gobernando” lo que habla nuevamente de los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres en el ejercicio del cargo y que no se resuelven solo con promover que accedan más mujeres a los cargos, ya que se requiere deconstruir la forma masculina en la que se concibe el poder. Algunas presidentas municipales fueron designadas frente a la ausencia del presidente municipal electo (ya sea por licencia o por defunción): Un testimonio señala “la circunstancia por la que llegué a ser actualmente presidenta municipal fue muy trágica e imprevista. Y verdaderamente para mí ha sido todo un reto gobernar un municipio tan machista y con tantos nexos con el narcotráfico”. En este caso, los varones se reunieron para decidir que no iban a exponer su vida y prefirieron “ceder” el cargo a una mujer. Al respecto es importante ubicar que el país y los municipios se encuentran viviendo “una espiral de violencia de diverso tipo experimentada en el ámbito municipal a partir de los efectos de la llamada guerra contra el narco, emprendida desde el Estado en el año de 2006” (Barrera y Cárdenas, 2016, p. 17).

Violencia política contra las mujeres en razón de género

El acoso y la violencia política —como son conocidas en América Latina— son categorías que se siguen discutiendo desde la academia[4], se identifica que la violencia política es parte de una nueva táctica para impedir la participación política de las mujeres y mantenerlas en una posición subordinada (Krook y Restrepo, 2016a); sin embargo, desde que inició el siglo XXI, las especialistas en participación política de las mujeres señalaban que las mujeres vivían una serie de factores y/u obstáculos para acceder y permanecer en los espacios de toma de decisiones (Sam, 2002; Barrera y Aguirre, 2003a, 2003b). La Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), fueron las pioneras en definir el acoso y la violencia política como una serie de acciones agresivas que buscan impedir y restringir el ejercicio del cargo.

En México actualmente no existe un marco jurídico nacional sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, a pesar de diversas iniciativas de ley promovidas en el Congreso de la Unión desde noviembre de 2012, solo existe un Protocolo (TEPJF, 2017) que no es vinculante. A nivel estatal se carece de un marco normativo homogéneo en materia de violencia política contra las mujeres; 75% de los congresos locales han incluido elementos que definen la violencia política contra las mujeres y tres entidades la han tipificado penalmente; pero a la fecha no se ha juzgado a nadie por ese delito.

Se preguntó a las presidentas municipales si se había vulnerado su tranquilidad o la de su familia o se había ejercido algún tipo de violencia política contra ellas en el ejercicio de su cargo y se pidió que indicaran quién la había efectuado; la mayoría señaló a los varones, siendo los más mencionados los líderes de los partidos políticos en 17 casos, seguidos de funcionarios públicos en diez casos, personas de la comunidad en ocho casos, “otro” en cuatro casos, una tercera persona en tres casos y en un caso un líder religioso. Como se observa, son figuras con autoridad política, social y moral (religiosa). También se indagó si mujeres habían participado en estas acciones y señalaron en seis casos a una funcionaria pública, en otros seis casos a una mujer de la comunidad, en tres casos se habló de una líder de una asociación civil o sindicato, en dos casos se señaló a una líder religiosa, y en un caso a una tercera persona. La respuesta sobre que las mujeres han ejercido actos que vulneran la tranquilidad de las presidentas municipales ayuda a desmontar la idea de que las violencias solo provienen de varones y esto habla de efectividad de la dominación masculina (Bourdieu, 2013), porque hay mujeres que se asumen guardianas de otras para que no abandonen el lugar de subordinación que simbólicamente se les ha asignado.

La violencia política contra las mujeres tiene diferentes manifestaciones, la cometen diversos perpetradores (hombres y mujeres), en diferentes ámbitos (público-privado), tiene diferentes tipos, puede ser física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica y puede llegar al asesinato, puede presentarse en precampaña, durante ella, siendo candidata electa, en el ejercicio del cargo y aún después de dejar el mismo. Lo que se busca con este tipo de violencia es “evitar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos, y por extensión, para comunicar más ampliamente que las mujeres no pertenecen a la política” (Krook y Restrepo, 2016b, p. 470).

Algunas presidentas municipales ampliaron información sobre la violencia política contra las mujeres, en uno de los testimonios las agresiones iniciaron desde que iba a ser propuesta en la Asamblea y se sostienen las amenazas en el ejercicio de su cargo.

[…] comencé a ser sujeta de una campaña de difamación, siguieron las amenazas y las agresiones físicas hasta que en el 2014 mi familia y yo fuimos víctimas de un atentado en el marco de una asamblea general comunitaria para la elección del alcalde municipal, en dicho atentado, despojaron a mis compañeras activistas, familiares y asesinaron a mi único hermano y a un amigo por defendernos a mi madre y a mí, a quienes nos dejaron por muertas. Una vez electa en la Asamblea general para la elección de concejales en abril del 2016 iniciaron en mi contra un proceso impugnativo para dejar sin efectos la elección, sin embargo [nos ratificaron], a la fecha son constantes las amenazas de muerte.

En este testimonio se conjuntan una serie de formas de violencia: difamación, amenazas, agresiones físicas en esferas pública y privada, sufre un atentado contra ella y su familia, querían asesinarla. Durante su cargo y en ejercicio de él, ha sido víctima de una serie de acciones que constituyen delitos; sin embargo, las destinatarias de la violencia, en ocasiones no denuncian por el letargo institucional para atender las denuncias, la complicidad de las autoridades, pero sobre todo por la impunidad. Los siguientes testimonios de violencia política contra las mujeres suceden cuando ellas se encuentran en funciones de presidentas municipales y a través de ellos se expresan los diferentes tipos de violencia que por lo general suceden en la esfera pública y privada. “En el ejercicio de la administración pública te agreden por el hecho de ser mujer. Critican mi forma de vestir (traje típico). Me han ido a buscar a mi domicilio, eso es violencia política porque ahí están mis hijos”.

Las presidentas municipales son cuestionadas por su vestimenta, el traje típico parece leerse como signo de inferioridad en lugar de considerarlo parte de la riqueza cultural. Aquí los tipos de violencia son varios, ataques, manifestaciones que invaden el ámbito privado donde se encuentran sus hijos. A través de otros dos testimonios se puede identificar que las amenazas se hacen llegar a través de las redes sociales (ciberacoso).

Llamadas telefónicas intimidatorias, hackeo de cuentas de correos y teléfonos, mío y de mis hijos. Crítica a mi estilo de vida (ropa, peinado, maquillaje). Con volantes, en los periódicos locales. La prensa regional y estatal estaba en mi contra.

La presidenta municipal fue receptora de diversas formas de violencia, intimidada a través de su correo, teléfono, pero también fue vulnerado su ámbito privado.

[Recibí] Denostaciones, descalificaciones y chismes hacia mi persona y mi familia en redes sociales, Whats y Facebook. Atentados contra la integridad física de miembros de mi familia. Algunos todavía no logran asimilar que una mujer haya ganado y que los esté gobernando.

Nuevamente se observa el uso de la tecnología y expresiones de violencia que se materializan a través de atentados físicos contra la familia. La presidenta expresa que no se asimila que una mujer sea gobernante, lo que coincide con otro testimonio que indica que ha vivido “misoginia, dicen que las mujeres no pueden solas”. Las redes sociales pueden ser de utilidad para establecer contacto directo con la ciudadanía, pero también a través de ellas se puede difamar a las presidentas municipales sin que se tenga hasta ahora una forma efectiva de controlar las noticias falsas, amenazas de falsos perfiles y las repercusiones que pueden tener, al respecto señala un testimonio “Personas vía las redes sociales que difaman y calumnian mi desempeño como servidora pública”. Desacreditar, difamar, demandar, intimidar a las gobernantes son las formas más utilizadas para violentar, pero en ocasiones sufren asesinatos de seres queridos: “asesinaron a mi hijo y he recibido amenazas”; asimismo otro testimonio detalla: “Al año cumplido secuestran a mi hijo, pasó once días secuestrado y pues bendito Dios mi hijo lo tengo vivo. Decido no renunciar al cargo porque era todo lo que todo el mundo quería y lo que me pedían”.

Los costos personales que pagan las presidentas municipales por ejercer sus derechos políticos son altos, la violencia se quiere invisibilizar cuando se dice que así es la política y que son “gajes del oficio”; como se observa en los anteriores testimonios se les presiona para renunciar de diversas formas que pueden llegar al secuestro y/o asesinato de los hijos, no obstante, ellas se sostienen en el cargo.

Los actos de violencia política deben analizarse desde la discriminación contra las mujeres, que tienen por objetivo de intimidarlas, amenazarlas y en el caso más extremo eliminarlas de la esfera pública ya que se considera que ellas son transgresoras por no encontrarse en el ámbito socialmente asignado; de esta forma cuando se busca violentar a una mujer lo hacen desde su esfera pública, privada y doméstica para lograr mayor efectividad. Como se ha mencionado, la violencia puede ser simbólica, física, psicológica, patrimonial-económica, puede ser dirigida a ellas o a sus familiares, desarrollarse en diferentes momentos de su trayectoria, ante ello es fundamental realizar diagnósticos amplios y seguir trabajando este fenómeno social desde la academia. La segregación y diferentes expresiones de violencia política contra las mujeres han sido constantes durante largos periodos históricos, sin embargo, ha sido en el siglo XXI que se han vuelto políticamente significativas y en ese sentido se ha buscado reflexionar sobre esta situación para generar estrategias que posibiliten su contención y erradicación.

Actividades y/o acciones de gobierno dirigidas a mujeres de su municipio

Dentro de los principales problemas que las presidentas municipales identifican en su municipio, se encuentran: la inseguridad, falta de empleo, o de empleo bien remunerado, carencia de servicios públicos (agua, luz, drenaje, recolección de basura, luminarias, etc.), abastecimiento de medicinas para atender la salud de la población, falta de apoyos federales y estatales para reconstrucción de hogares, situación que se deriva de los sismos de septiembre de 2017 que afectaron al centro y sur del país. Ahora bien, en cuanto a los problemas específicos de las mujeres, ellas identifican en la mayoría de los casos: violencia, mentalidad machista y patriarcal en las comunidades, embarazos adolescentes, madres solteras sin empleo, abandono de estudios por embarazos, falta de capacitación e independencia económica, problemas de salud, desnutrición, problemas dentales, falta de vivienda, abuelas con responsabilidad de cuidar a los nietos por la migración de los padres, falta de oportunidades políticas a las mujeres, discriminación de género, adicciones, baja autoestima, entre otros.

Durante las entrevistas se indagó respecto a si ante este panorama desarrollaban diagnósticos con perspectiva de género, que son fundamentales para tener información cuantitativa y cualitativa y en función de ellos poder diseñar acciones de gobierno que atiendan las problemáticas específicas por territorio. Dieciocho presidentas municipales (50%) indicaron que sí tenían uno, en algunos casos señalaron que estos eran realizados por el DIF municipal, o por el Instituto Municipal de la Mujer, o por el área de Desarrollo Social del Ayuntamiento. Quince indicaron que no tenían diagnóstico (41.66%) y tres no contestaron (8.33%). También se preguntó respecto al tipo de programas que desarrollaban para atender las problemáticas específicas de las mujeres, en la mayor parte de los casos se mencionó que se apoyaban de los programas federales y estatales de Desarrollo Social, Inmujeres (Nacional y Estatal), del DIF e incluso de organizaciones de la sociedad civil, situación que se debe en parte a la falta de recursos en el municipio para atender este tipo de demandas ya que los recursos que hay se canalizan fundamentalmente al pago de nóminas, servicios públicos y otros programas que consideran prioritarios. También hubo quien mencionó no tener ningún programa “iba a haber un programa para mujeres, pero en el cabildo como la mayoría son hombres no aceptaron”.

Otro testimonio señaló que no había programas para las mujeres “porque no asisten y se niegan su propia realidad”. Sin embargo, 32 presidentas municipales señalaron tener una o más acciones de gobierno a favor de las mujeres, entre las que destacan acciones interistitucionales con el Inmujeres, como el Programa de Transversalización de la Perspectiva de Género en el municipio, programas de salud sexual y reproductiva que operan fundamentalmente con organismos de la sociedad civil. Y otros que desarrollan exclusivamente desde el municipio como la Construcción de un Centro Integral de la Mujer, acciones para que los comités sean presididos por mujeres, instalación del Instituto de la Mujer, capacitación para el autoempleo, entregas de becas escolares y despensas a madres solteras, acompañamiento en casos de violencia contra las mujeres, eventos culturales y deportivos para promover la participación de las mujeres en otras esferas. Entre las acciones emprendidas destaca la creación del Bando de Policía y Gobierno desde una perspectiva de género y el compromiso de algunas presidentas municipales para empoderar a las mujeres. “Uno de mis objetivos es empoderarlas, por lo que dentro de la administración estoy dando la oportunidad a mujeres para que tengan cargos directivos, así como impulsarlas para que sean Delegados Auxiliares Municipales y Regidoras”.

Algunos Ayuntamientos tienen amplia presencia femenina, de acuerdo a lo que menciona un testimonio “Los puestos de trabajo dentro del H. Ayuntamiento, lo que incluye puestos de primer nivel, son otorgados de manera equitativa, actualmente el Ayuntamiento está compuesto de un 80% de mujeres y el resto son hombres”. Otro testimonio señala que promueve la equidad de sueldos al interior de la administración para hombres y mujeres, y otro más señala la importancia de tener equipos de mujeres talentosas que la ayudan a hacerse más fuerte.

Consideraciones finales

Por mucho tiempo la marginalidad política de las mujeres en los gobiernos municipales parecía no modificarse, las leyes de cuotas y la paridad posibilitaron cambios cuantitativos, no sin encontrar resistencias de diferentes actores políticos y sociales. De acuerdo a la muestra que se realizó para este estudio se identificó que 22 presidentas municipales de 36 consultadas, son las primeras en gobernar su municipio, lo que habla de que se camina gradualmente a la pluralidad de género.

Los perfiles y las trayectorias permiten identificar elementos que posibilitan su postulación a una candidatura, entre ellas destaca el arraigo, 83.33% de las presidentas municipales son originarias de su municipio; por otro lado, la mayoría de las presidentas municipales (75%) tiene entre 40 y 69 años, dentro de las que tienen hijos, éstos tienen 18 años y más en su mayoría (59.7%), lo que, dentro del contexto doméstico, las libera de la presión de los cuidados infantiles; sin embargo, quienes tienen hijos pequeños siguen cargando con la responsabilidad del cuidado de los mismos y en ese sentido la familia es el principal apoyo.

La mayor parte de las presidentas municipales (61.11%) ha tenido al menos un familiar en la política, por lo general son sus maridos, padres, hermanos, hijos y abuelo que fundamentalmente ocuparon el cargo de presidente municipal, por lo que es posible hablar de una genealogía política. Las relaciones de parentesco generan suspicacias en el marco de una cultura política autoritaria; así como una serie de cuestionamientos respecto a quién ostenta el poder real y simbólico, ¿son ellos o ellas? O ambos. ¿Ellas solo están ahí por las cuotas y la paridad?, ¿ellas llegan porque el espacio era para un dirigente y como tocaba cubrir paridad él decide qué mujer postular para que el equipo sostenga el poder? este estudio no tiene por objetivo profundizar sobre esa situación, pero es un área de oportunidad para futuras investigaciones académicas.

Las mujeres continúan sorteando una serie de obstáculos para llegar al poder y para mantenerse en él, solo por ser mujeres, ya que social y culturalmente permea la idea de que ellas no tendrían que estar en el ámbito público. La violencia política contra las mujeres es la expresión más extrema de la violación de sus derechos políticos de las mujeres y su significado ha permeado en la esfera política, ha posibilitado que algunas mujeres identifiquen que viven este tipo de situaciones; en ocasiones lo denuncian públicamente y/o legalmente, lamentablemente la cultura de la impunidad y el incumplimiento del marco jurídico (en los casos en que está tipificado) parece ser un impedimento de justicia efectiva y de castigo de los perpetradores.

Las presidentas municipales tienen bien identificados los principales problemas de sus municipios, y si bien no todas cuentan con diagnósticos de género, va cobrando fuerza la importancia de atender las necesidades de las mujeres, lo que representa un logro del movimiento feminista y de los esfuerzos legislativos e institucionales, en este sentido, 88.88% de las presidentas municipales implementa alguna acción dirigida a las mujeres, por lo que resulta fundamental realizar análisis detallados que den cuenta sobre la efectividad de las mismas para revertir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.

En este artículo se ha analizado quiénes son las mujeres que actualmente ocupan cargos políticos con el fin de entender la manera en que ellas inciden en el ejercicio del poder a nivel local. Este incremento de las mujeres a estos cargos políticos no podría haber sucedido sin la existencia de paridad. Es fundamental que el principio de la paridad sea concebido como un derecho político de las mujeres para que las mismas que han logrado acceder a espacios de toma de decisiones con base en este principio sean mujeres empoderadas y esto fortalezca su capacidad de actuación (Cobo, 2012). La mayor incorporación de mujeres en los espacios de toma de decisiones es resultado de la paridad como una herramienta exitosa que además ha favorecido la incorporación de nuevas temáticas a la agenda pública. Sin embargo, queda aún mucho trabajo por hacer a nivel de la interacción entre varones y mujeres pues es ahí donde las estructuras patriarcales ejercen formas de dominación que dificultan el acceso y el trabajo de las mujeres en la política.

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