LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE AL DILEMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DEL CUIDADO:
PARADOJAS DEL PROGRAMA “ELLAS HACEN” EN ARGENTINA
PUBLIC
POLICIES FACED WITH THE DILEMMA OF GENDER VIOLENCE AND CARE: PROGRAM “ELLAS
HACEN” IN ARGENTINA PARADOXES
María
Andrea Voria[1]
Resumen
Este artículo aborda los
dilemas y paradojas a los que se enfrenta una política pública dirigida a
mujeres-madres de sectores vulnerables, frente a la cuestión de la violencia de
género y del cuidado. Nos referimos al programa Ellas Hacen del Ministerio de
Desarrollo Social de Argentina, implementado entre los años 2013-2018. Si bien
se trata de una política que pretendió incorporar las
cuestiones de autonomía y violencia, resulta paradigmática a
la hora de analizar los
vacíos a los que hacen frente
las mujeres en relación a las estrategias y dispositivos de cuidado, como a los
itinerarios de aquellas que se
encuentran en situación de violencia.
La propuesta es
adentrarnos y dar voz a la micropolítica de los cuadros intermedios del
programa que, a la vez que ponen en marcha y sostienen la implementación de la
política, generan grietas y resistencias, que en muchos casos paradójicamente
garantizan su sostenimiento. Resulta clave considerar la violencia contra las
mujeres a la luz de la problemática del cuidado, en tanto es en ese punto que
se anudan muchas de las posibilidades e imposibilidades reales de las mujeres
para salir de la situación de violencia de género. A pesar que el programa no
previó ningún dispositivo de cuidado, paradójicamente se observa la búsqueda
permanente de respuestas solidarias pero precarias entre las propias
destinatarias que devienen incluso en estrategias grupales de cuidado mutuo.
Consecuentemente, la centralidad que el cuidado tiene en el sostenimiento de
las condiciones de la vida así como en la prevención de la violencia de género,
apunta indefectiblemente a la necesidad que el Estado asuma un compromiso
radical con la superación de la división sexual del trabajo.
This
article approaches the dilemmas and paradoxes faced by a public policy destined
to mother-women of vulnerable sectors, in front of the issue of gender violence
and care. We refer to the “Ellas Hacen”
Program of the Ministry of Social Development of Argentina, implemented between
2013 and 2018. Although it is a policy that pretended to incorporate the issues
of autonomy and violence, it results paradigmatic when analyzing the gaps faced
by women in relation to care strategies and devices, as well as the itineraries
of those under a violence situation.
The
approach is to enter and give voice to the micropolitics
of the intermediate bureaucracy of the program, that while they start and hold
the implementation of the policy, also generate cracks and resistances, which
in many cases paradoxically guarantee its sustainability. It is key to consider
violence against women in light of care, as it is at this point where meet many
real posibilities and imposibilities
of women to get out of the gender violence situation. Despite the program did
not foresee any care device, paradoxically we observe a permanent search of
solidarity but precarious responses between the recipients, that even become in
group strategies of mutual care. Consequently, the centrality that care has in
sustaining life conditions, as well as in the gender violence prevention,
unfailingly points the necessity for the State to assume a radical commitment
to overcome the sexual division of labor.
Recepción: 27 De Julio De 2018/ Aceptación: 15 De Octubre De 2018
Pensar
al Estado en clave de género, a través del análisis específico de una política
pública como ha sido el programa Ellas Hacen del Ministerio de Desarrollo
Social (2013-enero 2018) en Argentina, nos enfrenta a una serie de desafíos e
interrogantes, en especial cuando lo que se pone en juego es la autonomía y la
integridad de las mujeres, en especial de sectores vulnerables, frente a la
problemática de la violencia de género. Las políticas públicas con alguna
incidencia sobre la autonomía y/o la integridad de las mujeres, específicamente
dentro de la cartera del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de la nación
argentina exponen en los últimos 15 años una serie de fragilidades
institucionales, como así también de inconsistencias e incoherencias tanto en
su diseño como en su implementación, propias al menos del vacío de perspectiva de género en el diseño de la
política.
En este sentido, una cuestión clave es abordar la
violencia de género como un continuum
entre el ámbito público y el ámbito privado. Dicha perspectiva interpela e
involucra al Estado como un actor central, tanto a nivel de sus acciones como
de sus omisiones, para ver a las claras que
la problemática de la violencia de género se enfrenta de bruces con la
violencia institucional contra las mujeres[2]. Así,
la propuesta de este artículo busca desarmar la visión monolítica del Estado
como actor social unívoco, unísono, para adentrarnos y dar voz a la
micropolítica de los cuadros intermedios del MDS (Perelmiter, 2017) que, a la
vez que ponen en marcha y sostienen desde el territorio la implementación de la
política, generan grietas y resistencias, que en muchos casos paradójicamente
garantizan el sostenimiento y la continuidad de la política.
En términos metodológicos, propongo un acercamiento y
análisis del programa Ellas Hacen (EH) con el propósito de mirar la hechura de una política pública que
atiende (al menos en sus condiciones de ingreso) a la problemática de la
violencia de género y que a la vez pretende en su justificación fortalecer la
autonomía de las mujeres de sectores vulnerables con altas cargas de
responsabilidades de cuidado. Para ello, presentamos parte de los hallazgos del
trabajo de campo realizado a lo largo del año 2017 en el marco de mi proyecto
de investigación postdoctoral[3],
que incluyó la revisión de fuentes secundarias, entre ellas, normativa,
informes de gestión y pedidos de informes, así como fuentes primarias basadas en
10 entrevistas en profundidad a funcionarios/as, ex funcionarios/as y personal
técnico del MDS, vinculado directa o indirectamente con el programa EH.
Durante
los gobiernos de gestión kirschnerista en Argentina (2003-2015) se impulsó una
línea de política social a cargo principalmente del MDS destinada a sectores
débilmente integrados al mercado de trabajo formal que, por un lado, se
alineaba a los llamados Programas de Transferencia Condicionada de Ingresos
(PTCI), y por el otro, retomaba discursivamente el ideario de la economía
social con el propósito de promover la inclusión social con trabajo. Así, cobró
centralidad también la noción de “territorio” como estrategia de acercamiento a
la población, las organizaciones sociales y los gobiernos locales, incluso, se
desarrolló una estructura burocrática propia a nivel local[4] sobre
la cual haremos alguna mención más adelante.
Dentro de los ejes de la política social del MDS que
buscaron fomentar la economía social con una visión trabajocéntrica (Ferrari y
Campana, 2018), se lanza en el año 2009 el Programa Ingreso Social con Trabajo
“Argentina Trabaja”[5],
el cual “se constituyó en un ejemplo de envergadura que haciendo uso de las
cooperativas creadas bajo programas sociales, combina principios cercanos al
‘capital humano’, nociones restrictivas de economía social, lógicas propias de
transferencias de dinero a familias y prácticas próximas al trabajo asalariado”
(Arcidiácono y Bermúdez, 2015, p. 3).
Por su parte, el Programa EH es creado en el año 2013
como una segunda etapa de dicho programa, dirigido a mujeres desocupadas con 3
o más hijos/as menores de 18 años y/o discapacitados/as que perciben Asignación
Universal por Hijo/a; residentes en villas de emergencia, asentamientos o
barrios de extrema vulnerabilidad; jefas de hogares monoparentales; así como a
mujeres que se encuentran en situaciones de violencia de género. Requería de
las destinatarias que se organizaran en cooperativas de trabajo, que
completaran estudios primarios o secundarios, según correspondiera; se
capacitaran en oficios o producción; y aplicaran los conocimientos en prácticas
de mejoras de su hábitat (Ministerio de Desarrollo Social, 2014). A pesar de
ello, no se logró alcanzar la etapa de desarrollo de cooperativas de trabajo
que lograran consolidar dicho fortalecimiento.
La meta estimada para la inscripción antes de su
inicio fue de 100 mil mujeres, de las cuales 98.876 mujeres cumplían
inicialmente con los criterios de elegibilidad. En su totalidad, pertenecían a
hogares en situación de extrema vulnerabilidad socio-económica y ocupacional.
Mientras que el 49,6% de las titulares no tenía oficio ni ocupación previo al
ingreso al Programa, el porcentaje restante se desempeñaba en tareas de
servicio doméstico (17,68%), cuidado
de personas adultas y niños (2,35%), vendedora o comerciante (2,15% ) o vendedora
ambulante (1,17%) (Ministerio de Desarrollo Social, 2015). A
su vez, al momento del
ingreso, casi el 80% no había completado la escolaridad formal (Ministerio
de Desarrollo Social, 2015).
En
términos de género, si bien coincidimos en que la concepción “trabajocéntrica”
tuvo cierta pregnancia en las políticas sociales implementadas en los últimos
quince años en Argentina dada por los requisitos para el acceso (desocupación)
y por las exigencias de diversas contraprestaciones (Arcidiácono, 2017)[6],
es importante remarcar que dicha concepción se repliega para dejar paso a una
concepción “implícita de cuidado” por parte de aquellas políticas orientadas
masivamente hacia mujeres, o para ser más precisas, hacia mujeres-madres (tales
como el Plan Familias[7],
la Asignación Universal por Hijo[8] y,
como veremos, el programa EH).
Pautassi (1995) describe este fenómeno como de
“feminización de los planes”, lo cual supone un factor de riesgo para las
mujeres, pues al no incorporarse al mercado de trabajo se profundiza su
vulnerabilidad económica y se cercenan los espacios de socialización y de
reconocimiento social. Vale advertir que la incidencia de mujeres sin ingresos
propios que depende de otros para su subsistencia es un factor que se torna
especialmente crítico frente a situaciones de violencia, debido a la
dependencia económica con el agresor, con resultados muchas veces fatales
(CEPAL, 2014).
En relación a este último punto, la evidencia indica
que los procesos de autonomización de las mujeres, así como pueden incidir sobre la salida de las situaciones de
violencia, también pueden ser un factor de recrudecimiento
de la misma (Rodríguez, 2011; Rego y Pinzani, 2014; Gherardi, Martelotte y
Pautassi, 2016; Vicente y Voria, 2016; Arcidiácono y Bermúdez, 2018). En este
sentido, los momentos de mayor riesgo para ellas suelen ser justamente aquellos
que generan movimientos y cambios orientados hacia procesos de salida y
reafirmación de su autonomía, como el establecimiento de una denuncia y/o de
medidas de protección, la comunicación al agresor de su decisión de separarse
(Fernández, 2013), el conseguir un empleo e incluso, en nuestro caso, la
inscripción y participación en una política pública con algún tipo de
contraprestación en el ámbito público. En resumen, la evidencia refuerza la
responsabilidad del Estado de acompañar, proteger y fortalecer a las mujeres en
dichos procesos de desvictimización (Velázquez, 2003).
La
inclusión de las mujeres en situación de violencia como criterio de
incorporación al programa EH, supone un avance en tanto reconocimiento por
parte del Estado, al menos a nivel discursivo, de una problemática que lo
involucra en tanto garante de la integridad de las mujeres que atraviesan dicha
situación[9]. Si
bien al menos el 20% de mujeres incorporadas al programa se encontraban
inicialmente en situación de violencia de género, el Estado no logró generar
los mecanismos ni los dispositivos adecuados para asegurar la integridad de
estas mujeres, así como los medios y los recursos para garantizar que pudieran
terminar el vínculo con el agresor. Más allá del “criterio de violencia” en el
proceso de inscripción, la violencia contra las mujeres resultó ser una
problemática que se filtró por todas las rendijas del EH, afectando al menos al
40% de las titulares (MDS, 2014, 2015).
Para los equipos del programa, la atención de la
problemática sufrida por las titulares genera a la vez altos niveles de
compromiso, tiempo y preocupación, así como un alto grado de frustración, en
tanto que la “gestión de la violencia” suele quedar relegada a la buena
voluntad personal de los mismos, que en ningún caso se articula dentro de
mecanismos aceitados y protocolizados de acompañamiento y seguimiento por parte
del mismo programa.
Yo
rescato mucho esto de que se haya visibilizado en las compañeras que lo que
mucho de ellas estaban sufriendo era una cuestión de violencia, después no
tuvimos las herramientas…No sé si las tenía que tener solamente el Estado,
porque también surgieron muchas formas organizativas de las propias compañeras
de dar respuesta a eso, tal vez lo más primario, un grupo de whatsapp y nos
avisamos… Me acuerdo, mirá: estábamos en un club, donde yo estaba de casualidad
en la puerta, un invierno era, no me acuerdo el mes, vino un tipo borracho mal,
“vengo a buscar a mi mujer porque se fue de casa”… Yo conteniendo al tipo
diciendo “yo te entiendo…” ¿viste? Me ponía al lado de él, “te la voy a buscar
¿cómo se llama?”, voy al patio, en ese club había 700 mujeres “Miren compañeras
¿quién es Fulana de tal?” “Tal”: no te miento, la cara la tenía morada, bueno,
está el marido acá de la compañera golpeada que está en la puerta queriendo
venirla a buscar de los pelos, 50 mujeres salieron, el tipo creo que hizo los
100 metros llanos… ganaba las Olimpiadas, y hubo que parar ese día la jornada,
pero parecía un día de festejo para las compañeras: se habían animado. (Ex
funcionario MDS)
De
modo que, si bien, al menos a título enunciativo, el Estado logra habilitar una
política pública orientada hacia una población de mujeres altamente vulnerables
no abordada hasta el momento institucionalmente, genera un “efecto rebote no
esperado” que el propio Estado no logra canalizar ni dar respuesta eficazmente.
Los espacios de socialización de las mujeres en el
marco (e incluso más allá) del EH devinieron en estrategias (auto) organizativas
a nivel barrial en relación a la violencia contra las mujeres, a la vez
protectoras y de resistencia, que indirectamente demostraron que el Estado no
estaba “a la altura de las circunstancias” para atender las situaciones que
emergían a borbotones en la cotidianidad del EH. “Para mí el proceso mismo que dieron
las mujeres, desde la base, interpeló mucho los resortes del Estado”
(Ex-funcionaria MDS).
Esto último de ningún modo quiere decir que el Estado
no haya orientado (aunque infructuosamente) su gestión y sus recursos a la
atención del tema, sino que los recursos humanos y materiales destinados no
lograron en ningún sentido dar una respuesta estructural e integral a una
problemática que, a partir paradójicamente de la intervención del programa, se
volvió inabarcable a los ojos del propio equipo entrevistado.
Una
vez creado y puesto en marcha el EH, donde la violencia adquiere magnitudes
inesperadas incluso para el propio Estado, la gestión del MDS junto con el (ex)
Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)[10] intentan
canalizar los casos de mujeres titulares que se encontraban en situación de
violencia a través de mecanismos de articulación a nivel interinstitucional y
multiescalar.
A nivel interinstitucional,
la principal articulación que se da desde el inicio de la implementación del EH
es entre el MDS y el por entonces CNM. Dicha articulación se concretó
específicamente en tres niveles. En primer lugar, el equipo técnico del CNM
participó activamente en la preinscripción al EH, en todas las jurisdicciones
del territorio nacional donde se implementó el Programa. De este modo, el
equipo de dicho organismo recibió a las mujeres que se acercaron a la inscripción, y en ese marco, bajo
un dispositivo enmarcado en la entrevista, se asesoró y derivó a aquellas
mujeres que se encontraban en situación de violencia de género. Asimismo, se
priorizó su incorporación y pase a la instancia definitiva de inscripción en el
Programa (CNM, 2017). En segundo lugar, el CNM participó activamente en la
etapa de formación, tanto a nivel de las capacitaciones a través de talleres referidos a sensibilización en género,
derechos de las mujeres y violencia de género por parte específicamente de la Dirección
Nacional de Asistencia Técnica de dicho organismo, como a nivel de las dos
Diplomaturas diseñadas y puestas en marcha para las mujeres del EH residentes en CABA y en el
conurbano bonaerense[11]. En
tercer lugar, el apoyo del CNM al programa refería a la atención y seguimiento
de los casos de titulares en situación de violencia de género[12].
A nivel multiescalar,
el foco estuvo puesto en el abordaje territorial especialmente a través de la
figura de los Centros de Atención Local (CAL), como así también de los Centros
de Referencia (CDR) que, como dijimos, forman parte de la estructura del MDS a
nivel del territorio nacional con llegada directa a las titulares (Perelmiter,
2016), donde la red territorial que lograba tejerse excedía incluso los nudos
estatales.
El rol de los CAL para el EH ha sido fundamental
dentro del enclave territorial como espacio de circulación y comunicación entre
las titulares y el MDS, en especial en lo que se refiere a la gestión del
presentismo, asistencia, licencias, novedades de pago, monotributo social,
etc., además de la gestión y derivación territorial propia de los casos de
violencia. En consecuencia, podemos advertir que la gestión del programa a
nivel del MDS “descansó” sobre los CAL sin advertir que, por más que formaran
parte de la misma estructura burocrática, la intervención en violencia
especialmente quedaba “territorializada”. Esto suponía para las mujeres en
situación de violencia que los recursos ofrecidos fueran ciertamente desiguales de acuerdo a la jurisdicción
de la cual se trataba, y que las intervenciones siguieran muchas veces
criterios discrecionales, ante la
falta de protocolización.
Dicha fragmentación espacio-temporal, resulta un rasgo
crucial para comprender la micropolítica de la autoridad del Estado nacional,
así como el hiato que se genera entre los agentes centrales y los locales, aun
cuando todos pertenecen a la misma estructura burocrática del MDS. Se trata de
una distancia insoslayable que “degrada[ba] el
contenido profesional y político de sus prácticas, los condena[ba] a la ‘baja
política’ o a la ‘mera caridad’” (Perelmiter, 2017,
p.147). Así, a pesar que en su diseño y fundamentación el EH resultaba
promisorio, estos mecanismos generaron en los equipos tanto centrales como
locales, altos niveles de frustración por distintas dificultades y razones que
a su vez les insumían mucho tiempo y energía a nivel de las
“microarticulaciones”[13].
Resulta
de suma importancia a la hora de analizar programas como el EH la consideración
de la violencia contra las mujeres a la luz de la problemática del cuidado[14],
y viceversa, en tanto que la maternidad de las mujeres que sufren violencia de
género y las responsabilidades de cuidado hacia sus hijos/as, determinan en
gran parte la trayectoria a seguir para lograr salir ellas y sus hijos/as de la
situación de violencia (Vicente y Voria, 2016). En este sentido, las mujeres
madres en situación de violencia de género suelen tomar en consideración su rol
y responsabilidades de cuidado a la hora de decidir dejar, quedarse o volver
con su pareja violenta (Alcalde, 2014).
De este modo, las responsabilidades de cuidado pueden
operar para ellas tanto como factor impulsor, inhibidor como precipitante de la
ruta crítica (Sagot, 2010). Es decir que, mientras en algunos casos el cuidado
y el bienestar de los hijos/as es puesto en primerísimo plano por las mujeres,
incluso a costa de su propia integridad, en otros casos resulta un factor
precipitante de salida.
En relación a este nudo crítico que se teje entre
violencia, cuidado y autonomía, la única “consideración” por parte del Programa
EH en términos de la carga de cuidado para mujeres ha sido que las actividades
propuestas a las titulares en el marco del programa, se llevan adelante en las
franjas horarias en las que las hijas e hijos de las mismas asisten a la
escuela en sus distintos niveles y a centros de desarrollo infantil. Dichas
actividades, ofrecen flexibilidad en cuanto a los turnos (mañana, tarde y en
algunos casos nocturnos) para que las titulares puedan acomodar sus horarios de
cursada a los de sus hijos/as (MDS, 2017). De todos modos, dicha
“consideración” refuerza y reproduce la carga de cuidado unilateralmente sobre
las titulares, lo cual atenta contra cualquier atisbo de, al menos,
flexibilizar la división sexual del trabajo.
Si bien, diversos estudios demuestran que frente a la
falta de servicios estatales universales y gratuitos de cuidado y ante la
imposibilidad de contratar servicios de cuidado en el mercado, las mujeres de
sectores vulnerables suelen poner en juego diferentes alternativas a nivel
comunitario para cubrir dichas demandas (Pautassi y Zibecchi, 2010; Zibecchi,
2015), el Programa EH no previó entre sus componentes una estrategia formal de
cuidado de sus hijos/as, que potencie la posibilidad de estas mujeres de
acceder a la capacitación y a la participación en el mercado laboral en
condiciones dignas y equitativas.
Yo
creo que nunca se le encontró la vuelta […] hubo planteos fuertes de
trabajadores del programa diciendo “esto lo tenemos que cubrir de alguna
manera, no podemos sostener la exigencia...”. La exigencia se solía ablandar,
pero la propuesta era poder generar algún sostén y no ablandar la exigencia
diciendo: "bueno, no vengas". No: que pueda venir. ¿Cómo
garantizabas...? Pensando que, además, había alguna cosa interesante en esa
accesibilidad. Pero nunca se pudo resolver. (Técnica profesional MDS).
Los
principales obstáculos que han impedido hasta el momento desarrollar un
dispositivo de cuidado para las mujeres se vinculan, de acuerdo con los
resultados de esta investigación, con la dispersión territorial del programa,
el permanente cambio de sedes de formación, la dispersión horaria de las
actividades, la conformación de los grupos, etc. Sin embargo, más allá de todas
estas dificultades, otra de las grandes paradojas del EH es que el cuidado fue
y es puesto en el centro, a costa de
las propias mujeres. De algún modo, que el cuidado tome e invada la escena
pública del barrio, el club, el CAL, etc. se vuelve un síntoma del retraimiento
del Estado, donde los equipos del programa no tuvieron manera de darle la
espalda a la cuestión.
Tuvimos
esta discusión (…): “¿Qué hacemos con los pibes?” Porque está todo bien con que
vengan, no le vamos a decir que no vengan, pero no estamos capacitados para
cuidar chicos, y ¿entonces? (…) En un punto decíamos “no hay estructura para
cuidar a los pibes pero”, pero, por otro lado, decíamos “están viendo a la
madre laburando, levantando una casa, llevándose un mango para volcar en la
olla, terminando el estudio y ellos están ahí”. Es algo interesante, raro. Pero
ahí fuimos los técnicos los que ganamos la pulseada: que eso trascurra, que eso
exista, no obturemos eso, que la compañera no deje de venir porque no puede
venir con los pibes, “Eh pero los pibes no tienen seguro y si pasa algo…”, “no
sé pero…que estén en la villa con techo de chapas y piso de tierra ¿qué
diferencia de condiciones de cuidados hay?”
(Ex funcionario MDS).
De este modo y en este caso, las fronteras entre
el ámbito público y privado se vuelven porosas, en tanto el cuidado es
trasladado a la escena pública. Así, queda develada de
alguna manera la ficción según la cual el cuidado es una responsabilidad
acotada al ámbito del hogar, resguardada por los lazos amorosos que sostienen
la unión familiar, para revelar al menos que tanto la familia opera como lugar
de conflicto y de disputa de intereses, como que se trata de una problemática
que se encuentra en el centro de “la nueva cuestión social” (Montaño y
Calderón, 2010) y que no deja inmune a la figura del Estado.
Otro elemento clave a considerar en relación al
cuidado y la autonomía son las “condicionalidades” del propio programa en
términos de las exigencias impuestas a las mujeres destinatarias. En el
caso del EH, es
importante diferenciar en términos de condicionalidades, tal como plantea
Arcidiácono (2017), el momento de acceso
del momento de permanencia para
distinguir allí donde las burocracias amplían o reducen las exigencias y los
controles. En relación al acceso, las
condicionalidades giraron en torno al número de hijos/as, la situación de
vulnerabilidad extrema, la jefatura de hogar femenina y el beneficio de la AUH
(Asignación Universal por Hijo) y/o la situación de violencia de género.
Mientras que en relación a la permanencia,
se produce una superposición de condicionalidades en tanto las titulares del EH
son a su vez beneficiarias de la AUH, donde se reactualiza la clásica tensión
entre control y autonomía que atraviesa a los supuestos y a la hechura de los
PTCI (Arcidiácono, 2017).
El universo de las
mujeres del programa Ellas Hacen, desde la mirada y los discursos de las
burocracias estatales del MDS, muestra contradicciones, ambivalencias y
tensiones, en especial en lo que refiere a aquellas que atraviesan situaciones
de violencia de género. Por un lado, los matices de sentido aluden a un
sujeto-objeto, víctima pasiva, violentada tanto a nivel relacional como social,
dependiente tanto del sujeto (activo) agresor como de un Estado protector
(ambos masculinos), lo que en distintos grados y proporciones compone a una
“buena víctima” en tanto es más lo que reafirma del patriarcado (incluso a
nivel estatal) que lo que cuestiona. Y por otro, la paleta de sentidos alude a
mujeres activas, resilientes, autónomas, a partir de un punto de inflexión
propiciado por la intervención estatal, en este caso dado por el ingreso al
programa EH. Sin embargo, los/as entrevistado/as coinciden en un punto
recurrente, con el que tienen que lidiar a diario, que refiere a las
responsabilidades de cuidado de las mujeres, en este caso, en situación de
violencia de género, sin resquicios todavía aún para lograr que el Estado asuma
su responsabilidad como garante del derecho al cuidado (Pautassi, 1995, 2007).
Aquí
es donde se teje un nudo conceptual crítico
entre violencia de género y responsabilidades de cuidado, comúnmente descuidado
y que se convierte en un factor clave de la ruta crítica de las mujeres (Sagot,
2010), en tanto que concentra muchas de las posibilidades e imposibilidades
reales de las mujeres para salir de la situación de violencia de género
(Alcalde, 2014). De modo que una política pública orientada a atender la
problemática de la violencia de género a través de estrategias orientadas a
fortalecer su autonomía, como es el caso el EH, y que a la vez desatiendan la
cuestión del cuidado es al menos un sinsentido; sobre todo si el requisito
principal de ingreso al programa es ser madre con tres o más hijos/as a cargo
en situación de vulnerabilidad social, y el principal requisito de permanencia
es el presentismo. Son los mismos arreglos institucionales que se enfrentan a
sí mismos ante el espejo.
El
tránsito constante de las mujeres titulares del programa EH entre la vida
pública y privada expone la vulnerabilidad humana frente al dilema del cuidado
y de la violencia de género. De modo que, la exteriorización en el espacio
público de la función materna, como consecuencia de una mixtura de
condicionalidades impuestas por el programa a sus titulares, se vuelve
paradójicamente un síntoma del repliegue del Estado, gestión tras gestión, en
lo que refiere a garantizar el derecho al cuidado y al sostenimiento de la vida
y la integridad de sus titulares.
Así,
las fronteras entre el ámbito público y el ámbito privado se vuelven en este
marco ciertamente permeables y difusas, en tanto el sostenimiento de la vida es
trasladado a la escena pública. Dicha porosidad entre uno y otro ámbito, echa
luz sobre la forma en que la política está presente en el hogar, o en la calle,
o en el barrio, así como el cuidado y el sostenimiento de la vida
irremediablemente es puesto en el centro de la escena pública, como apelación a la
dignidad y al reconocimiento social.
En
consecuencia, la cuestión de la violencia y del cuidado resultan sintomáticas
no sólo de la falta de dispositivos de protección y cuidado previstos a nivel
institucional, sino también de la búsqueda permanente de respuestas solidarias,
pero a la vez precarias entre las propias titulares que devienen incluso en
estrategias grupales de cuidado mutuo. En definitiva, la centralidad que el
cuidado tiene en el sostenimiento de las condiciones de la vida, así como en la
prevención de la violencia de género, apunta indefectiblemente a la necesidad
que el Estado asuma un compromiso radical con la superación de la división
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[1] Universidad de Buenos Aires, Conicet. Correo electrónico:
andreavoria@gmail.com
[2] CEPAL
(2007) considera que los Estados pueden incurrir, tanto por acción como por
omisión en violencia institucional,
la cual “se expresa mediante la criminalización de la víctima en policías o
juzgados, la negligencia para investigar las causas detrás de las demandas en
los servicios de salud, la repetición traumática de la experiencia de las
víctimas en los procesos judiciales, la lentitud y complejidad de los
procedimientos administrativos y la baja prioridad que estos servicios tienen
en las políticas y presupuestos gubernamentales. (…) La violencia institucional
también se expresa en la brecha lingüística entre las mujeres que hablan
lenguas originarias y las autoridades que desconocen estos idiomas, lo que
dificulta la comunicación.”
[3] Los resultados de esta investigación se enmarcan en el
desarrollo de mi Beca Post-doctoral PDTS-CONICET en el marco del proyecto de
investigación (PDTS 591) “Políticas públicas en contexto de marginaciones
sociales. Una aproximación al análisis de las capacidades estatales y la
equidad de género en la región metropolitana”, dirigido por la Dra. Laura
Pautassi.
[4] En este
marco, fueron
creados los Centros de Referencia (CDR), los Centros
Integradores Comunitarios (CIC) y los Centros de Atención Local (CAL).
[5] El
Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” (PRIST-AT) consiste
en una transferencia monetaria destinada a desocupados/as sin ingresos formales
o prestaciones jubilatorias y excluidos de otros programas sociales. En
contrapartida, los/as trabajadores/as, agrupados en cooperativas, debían
participar de la realización de alguna obra de infraestructura de baja o de mediana
complejidad en barrios populares. A la vez, los perceptores del plan podían
gozar de ciertos beneficios sociales tales como el descuento jubilatorio y el
acceso a una cobertura de salud, lo que involucraba una mejora adicional de las
condiciones de trabajo respecto de las intervenciones previas.
[6] Entre ellas cabe
destacar el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD), surgido en el
marco de la crisis económica y social que atravesó Argentina alrededor del año
2001. El mismo entregaba un subsidio monetario mensual a las jefas de hogar sin
empleo con hijos/as menores de 14 años, y les brindaba la posibilidad de
completar sus estudios primarios y/o secundarios. Llegó a contar con casi dos
millones de beneficiarios en 2003. El PJJHD supuso un punto de inflexión en
términos de las implicancias que las contraprestaciones laborales tuvieron para
las mujeres. Si bien al inicio la contraprestación se daba muchas veces en
ámbitos que reforzaban el rol cuidador de las mujeres (comedores, guarderías,
limpieza, entre otras), supuso al mismo tiempo para ellas la “salida” del
ámbito doméstico con un claro impacto sobre las relaciones familiares.
[7] En el
año 2006 es implementado por el MDS el Plan Familias, orientado a mujeres con
cargas familiares. Dicho Plan consistía en una transferencia monetaria, cuyas
titulares eran las mujeres. El monto de la prestación se ajustaba en virtud de
la cantidad de niños/as (hasta un máximo de 5 hijos/as) y estaba sujeta al
cumplimiento de controles de salud, a la concurrencia escolar de los/as
niños/as y a la participación en actividades de promoción familiar y
comunitaria. Las implicancias en términos de género de este Plan fueron
significativas: mujeres consideradas como “inempleables” y confinadas al ámbito
doméstico, fueron desplazadas de los programas de empleo subsidiado cuya
condición exigía una contraprestación laboral (Calvi y Zibechi, 2006).
[8] En el año 2009 se
implementa la AUH, la cual constituye una transferencia que le corresponde a
las/os hijas/os de las personas desocupadas, que trabajan en el mercado
informal o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. En caso que ambos
padres cumplen con los requisitos se privilegia como titular de la prestación a
la madre. El fundamento de dicho “privilegio” radica en asignar (y controlar)
las responsabilidades de cuidado (sanitarias y educativas) sobre sus hijos/as,
lo cual supone un cuestionable sesgo de género con un bajo efecto
desfamiliarizador (Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy, 2013). Si bien reúne
características prototípicas de los programas de transferencias condicionadas
que venían implementándose en la región, el salto cualitativo estuvo dado por
su incorporación a la “seguridad social no contributiva”, al insertarse
institucionalmente en la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
[9] De
acuerdo al marco normativo argentino, la modalidad de violencia doméstica, tal
como es entendida por la Ley 26.485 de
“Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”,
puede manifestarse a través de la violencia física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, y contra la libertad reproductiva, donde el vínculo
con el agresor puede ser de pareja o de ex pareja, ya sea que convivan o no, es
decir, arreglos vinculares más o menos estables.
[10] En el año 2017 por un Decreto presidencial el Consejo
Nacional de las Mujeres de
Argentina pasó
a depender del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y fue
reestructurado como “Instituto Nacional de las Mujeres
(INAM)”.
[11] Por un lado, se puso en
marcha la Diplomatura en “Operador Social con Orientación en Promoción de la
Equidad y Prevención de las Violencias de Género” (MDS en convenio con la
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata
y el Consejo Nacional de Las Mujeres). Y por el otro, la Diplomatura en
“Operador Social con Orientación en Agroecología, Urbanismo, Hábitat Social y
Producción e Intervención Cultural Popular” (MDS en convenio con el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca y con la Universidad Nacional de San Martin).
[12] En este caso específicamente,
la articulación se daba entre la Dirección de Formación del MDS y el área de
asistencia técnica del CNM.
[13] A
principios de 2018, los programas EH y AT han migrado al programa “Hacemos
futuro” cuyo objetivo es “empoderar a las personas o poblaciones
en riesgo o situación de vulnerabilidad social, promoviendo su progresiva
autonomía económica a través de la terminalidad educativa y cursos y prácticas
de formación integral que potencien sus posibilidades de inserción laboral e
integración social”. La creación del programa “Hacemos Futuro” ya no promueve
el trabajo cooperativo sino que fomenta la idea de unidad productiva, la cual
puede estar integrada por varias personas o bien por una sola. De este modo, se
prioriza la individualidad del beneficiario que se potencia al eliminar a nivel
territorial a los entes ejecutores del programa y a los espacios de construcción
colectiva desde donde realizaban sus tareas socio-comunitarias y productivas.
Dichos espacios de gestión local, estaban atravesados por una construcción
colectiva y de sociabilización entre la comunidad, la política local y la
política nacional (Ferrari Mango, 2018).
[14] En relación a este punto, la información
disponible da cuenta que la tasa de dependencia de las destinatarias es del
3,5; es decir que por cada titular hay más de tres personas promedio en el
hogar que dependen económicamente de la misma. A lo cual cabe agregar que un
13,5% de titulares tienen hijos/as con alguna discapacidad (MDS, 2014). Respecto
a la composición etaria de los grupos familiares, el 60,2% está compuesto por
menores de 0 a 17 años, de los cuales un 7% son niños/as de 0 a 2 años (MDS,
2015).