MOVIMIENTO
UNIVERSITARIO Y VIOLENCIA DE GÉNERO
UNIVERSITY
MOVEMENT AND GENDER VIOLENCE
Ana Karen Galindo Cruz[1]
Abel
Lozano Hernández[2]
Resumen
El trabajo reconstruye un
panorama complejo de inseguridad y movilizaciones feministas en búsqueda por el
reconocimiento, prevención, atención y resolución satisfactoria de la violencia
de género tanto en la sociedad como en la universidad. Dentro de un contexto
álgido en la ciudad de Puebla, surgió un movimiento estudiantil en la facultad
de medicina de la BUAP, que llevó por nombre Asamblea 25/02, a través
del cual la comunidad estudiantil demandó y enunció un hartazgo ante la
violencia, así como la exigencia de justicia.
La agenda del movimiento se dividió en seguridad
interna y externa. Para la última se problematizaron asaltos, levantones,
secuestros y asesinatos, mientras que, para la interna, compañeras feministas
hicieron énfasis en el clima de inseguridad que aún se vive al interior de la
universidad por actos de hostigamiento y acoso sexual por parte de
administrativos, directivos, docentes, estudiantes y personal de seguridad de
la universidad (DASU) hacia compañeras universitarias.
Con un enfoque crítico, con
perspectiva de género e interseccionalidad, consideramos relevante realizar un
acercamiento a la movilización estudiantil en la BUAP ya que propició un
replanteamiento de la inseguridad percibida por la población universitaria y
reposicionó el tema del Hostigamiento y el Acoso Sexual en la palestra pública
a pesar de los cuestionamientos y ataques que tanto profesores, administrativos
y estudiantes reclamaban que no era un tema prioritario y que estaba fuera del
contexto violento e inseguro que vive la comunidad universitaria.
A través de seguimiento
hemerográfico de medios de comunicación locales mediante portales web que
dieron cobertura a los sucesos, retomando los comunicados de la asamblea
universitaria y desde la experiencia vivida de participación en el movimiento
universitario se pretende dar cuenta del proceso con el cual la movilización planteó
una transformación sobre la violencia de género en la universidad, se ha
retomado la problemática desde la misma población estudiantil y mostraremos algunas
de las respuestas a sus demandas por parte de la Institución de Educación Superior.
Palabras clave:
hostigamiento, acoso sexual, movimiento universitario, violencia
Abstract
The work
reconstructs a complex panorama of insecurity and feminist mobilizations in
search of recognition, prevention, attention, and satisfactory resolution of
gender violence in society as well as in the university. Within a critical
context in the city of Puebla, a student movement arose in the BUAP Medicine
career, which was called Asamblea 25/02, through which the student
community demanded and declared a satiety before violence as well as the demand
for justice.
The
movement’s agenda was divided into internal and external security. For the last
one, assaults, levantones, kidnappings and murders where problematized,
while for the internal, feminist colleagues emphasized the climate of
insecurity that still exists inside the university due to acts of harassment
and sexual harassment by administrators, directors, teachers, students and
staff of the DASU to university women.
With a
critical approach, gender and intersectional perspective, we consider it
relevant to approach student mobilization at BUAP that led to a rethinking of
insecurity with the university population and repositioned the issue of
harassment and sexual harassment in the public arena despite the questions and
attacks that professors, managers and students expressed claiming that it was not
a priority issue and that it was outside the violent and insecure context that
the university community lives.
Through
hemerographic monitoring from local websites that covered the events, resuming
the releases from the asamblea
universitaria and from the experience of participating in the university
movement, it is intended to show the process through which the mobilization has
proposed a transformation on gender violence in the university. The problem has
been taken up from the same student population and we will show some of the
responses to their demands from the institution.
Keywords: harassment, sexual harassment, university movement, violence
Recepción: 11 de septiembre de
2021/Aceptación: 17 de diciembre de 2021
Introducción
La investigación reconstruye un
panorama complejo de creciente inseguridad, movilizaciones feministas
demandando prevención, atención y resolución satisfactoria de la violencia de
género, tanto en la sociedad como en la universidad. En este contexto surge un
movimiento estudiantil convocado para exigir justicia tras el asesinato de tres
compañeros de medicina y el conductor de un servicio de taxis de la aplicación
que los trasladaba. Desde el surgimiento del movimiento 25/02, en febrero de
2020, la seguridad pública fue la premisa del movimiento; sin embargo, el paro
estudiantil muy pronto generó una división de la inseguridad en interna y externa
a la universidad. En lo que respecta a esta última se identificaron asaltos,
robos, levantones, secuestros, y el énfasis en asesinatos. Mientras, compañeras
feministas de la universidad, principalmente, apuntaron la relevancia de
considerar al Hostigamiento y el Acoso Sexual por parte de profesores,
compañeros y administrativos en contra de las mujeres y población universitaria
en general, al interior de la universidad.
Comprendiendo
que lo personal es político, problematizamos la división tajante entre
lo público y lo privado, tal como lo planteó Nora Rabotnikoff (1998) los
límites entre la esfera pública y la privada, lo externo y lo interno son
más endebles de lo que parecen, la línea es difusa y el control sobre los
cuerpos de las mujeres no deja de ser un tema político que forma parte del
contexto social y universitario de Puebla. Con esto se vislumbra que lo que se
entendía como estrictamente privado/interno y ajeno a lo
público-civil-político, está en función de relaciones de poder, división sexual
del trabajo, cultura de género, subordinaciones, derechos y jerarquizaciones
que se producen y reproducen de manera estructural en los ámbitos
universitarios.
Advertimos
que pensar en la dicotomía de la seguridad externa e interna, ubicaría al
espacio universitario como ajeno a la inseguridad del exterior. Esta
premisa fue objetada a través de las demandas por hostigamiento y acoso sexual
de compañeras feministas en la universidad y también por los lamentables
feminicidios que alcanzaron a la población universitaria años atrás. En este
trabajo damos un panorama general de un movimiento estudiantil desde una
perspectiva de género a través de un acercamiento procesualista que nos permita
vislumbrar los momentos de ruptura, crisis, tendencias contrarrestantes,
despliegue de ajustes y restauración de la paz (Swartz, Turner y
Tuden, 1994); sin embargo teórica y metodológicamente apostamos por retomar
los planteamientos generales de la antropología de la experiencia (Díaz Cruz,
1997), la cual concibe al sujeto activo, a la agencia humana en la comprensión
y construcción de toda vida social, a su reflexión y reflexividad tanto de los
actores de la movilización estudiantil como de la implicación de los
investigadores por la problemática que se ha retomado, priorizando al punto de
vista de la población estudiantil, por ser quienes encabezaron el paro de
labores, las manifestaciones, las marchas en la ciudad de Puebla, y las negociaciones
con autoridades universitarias, tanto municipales, como estatales.
A lo largo del trabajo dejamos claro nuestro
posicionamiento, donde hacemos explícita nuestra implicación según el contexto
que nos ha tocado vivir en la universidad desde las posiciones que ocupamos. En
este sentido, tratamos de que quedara evidencia de la parcialidad de la
realidad que estamos tratando de describir y analizar, al tiempo de apostar por
la validez de ese conocimiento que estamos generando desde el punto de vista de
quienes los producimos, tal como lo señalaba D. Haraway (1999) a través de su propuesta conceptual de la
“objetividad radical” en su libro Ciencia,
cyborgs y mujeres, la reinvención de la naturaleza. La implicación de la
que hablamos la articulamos en dos sentidos: en nuestra participación activa en
el paro, es decir, lo vivido en el marco del movimiento 25/02; y en los actos
de discriminación y violencia que vivimos y observamos en la cotidianidad del
espacio universitario.
También
asumimos, como punto de partida, que la violencia no sólo es contextual sino
estructural y, en ese sentido, formativa de los tiempos, espacios y los sujetos
mismos; es decir, a través del dispositivo de la violencia nos constituimos
como sujetos en y a través de la misma, así como de la precariedad, la
precariedad y la precarización como forma de gobierno de las vidas que deben
vivir o vale la pena vivir y de aquellas otras más que “parecen”
prescindibles. Tal como lo plantea Elsa Muñiz en su propuesta del dispositivo
de la violencia, en ésta confluyen elementos diversos que se relacionan con
eficacia en la producción de los sujetos en general y particularmente de los
sujetos de género. Así, la violencia, en tanto dispositivo productor de hombres
y mujeres, es parte constitutiva de la cultura de género hegemónica en las
sociedades contemporáneas (Muñiz, 2015, p. 39).
Hasta aquí, queremos
dejar en claro que la violencia no es subjetiva, o bien, no la podemos entender
a través de un relativismo a ultranza que plantee que, para lo que unos es
violento para otros no lo es, en cambio asumimos que la cultura es violenta y
que en tal medida nos constituye, clasifica y jerarquiza como sujetos sociales,
por categorías estructurales como el género, el sexo, la raza, la etnia, la clase
social e incluso la edad, factores que se intersectan y se visibilizan a través
de una perspectiva transversal que da cuenta de la relación entre la cultura de
género para explicar la manera en la que la violencia produce y constituye a
los sujetos de género y que en tanto dispositivo de poder, el punto de
confluencia es la corporalidad de los individuos.
Procesualismo
y Movimiento estudiantil 25/02
Los planteamientos acerca del
procesualismo devienen operativos para el análisis del movimiento. Así, ubicaremos
la ruptura de la paz con el asesinato de los compañeros; la crisis con la
coyuntura política entre los representantes del Estado y la Universidad; las
tendencias contrarrestantes con las estrategias tomadas y el contraste de
posturas al interior del movimiento universitario; el despliegue de ajustes con
las negociaciones a través de pliegos petitorios; la restauración de la paz que
se logró a través de la pandemia y la administración estratégica del tiempo por
parte de las instituciones y sus representantes.
Ruptura de la paz y la organización
mediante medios electrónicos
De acuerdo con el planteamiento
procesualista, la ruptura de la paz “se indica por la infracción —deliberada o
espontánea— de una ley, una regla, un contrato, un código de etiqueta, de
hecho, cualquier regulación de la acción sancionada por el grupo o la comunidad
(…)” (Díaz Cruz, 1997, p. 9). En este sentido, identificamos que lo sucedido el 24 de
febrero de 2020, marca la ruptura de la paz para la comunidad universitaria. A
través de portales web de noticias y la difusión que se hizo en redes sociales
nos enteramos del asesinato de tres estudiantes del área de la salud: Ximena
Quijano Hernández (25 años, originaria de Colombia, UPAEP), José Antonio Parada
Cerpa (22 años, originario de Colombia, UPAEP), Francisco Javier Tirado Márquez
(22 años, originario de Veracruz, BUAP). Así como el conductor de Uber que los llevaba
a su casa tras haber asistido al carnaval de Huejotzingo, José Manuel Vital (28
años) (Animal Político, 24 de febrero, 2020).
La noticia y
los hechos provocaron la organización de la población universitaria a través de
medios electrónicos y redes sociales, evidenciando un hartazgo ante la
violencia. Lo anterior se puede hallar en la figura de la “Asamblea
Universitaria 25/02”, que, a través de un grupo de Facebook de nombre homónimo
y su página (creada el 26 de febrero), se dedicaba a difundir los posicionamientos
y las decisiones que se tomarían respecto a la problemática. Éste fungiría como
el “único medio de comunicación que sería oficial” para este conglomerado de
universitarios (ver Anexo 1). Los hashtags eran #NiUnaBataMenos, #NadieMenos,
#ManifestaciónPacífica, #Universitarios. En sus comunicados insistían en que
eran un movimiento pacífico, estudiantil, apartidista, sin fines de lucro, con
el fin de exigir y proponer estrategias efectivas para la reducción de
inseguridad y actos violentos hacia la comunidad universitaria y de la sociedad
en general.[3]
Los reflectores
desde luego se encaminaron sobre la inseguridad, la atención que habían
provocado en medios de comunicación y en la sociedad en general. Enfocaba los
reclamos a figuras públicas como la presidenta municipal Claudia Rivera
Vivanco, al rector Alfonso Esparza y el gobernador del Estado, Miguel Barbosa. Así
fue como se planteó la dicotomía entre seguridad externa vinculada con la
seguridad pública y la interna como las demandas de compañeras feministas donde
planteaban acoso, hostigamiento, e intimidaciones que personal de la Dirección
de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) había hecho, así como docentes,
alumnos y personal administrativo.
Ante todo este
panorama se debe apuntar que la organización universitaria a través de redes
sociales y medios electrónicos dejó de lado y excluyó a las figuras de
autoridad de la universidad, desde docentes hasta administrativos, apelando a
un movimiento estrictamente estudiantil. Desde el inicio del paro hasta su
levantamiento en marzo de 2020, los actores principales fueron las y los
estudiantes. Se debe mencionar que durante el tiempo que estuvieron ocupadas
las instalaciones los encargados de la seguridad fueron los mismos estudiantes,
mientras tanto, por parte del profesorado y personal administrativo se dudaba
si las instalaciones estarían seguras, precisamente en sus manos.
A partir de lo
que observamos durante el paro, estas disputas generaron tensiones,
descalificaciones, infiltraciones y una mutua vigilancia precisamente a través
de medios electrónicos como Facebook y WhatsApp, que solo perfilaron el tamaño
de la crisis que se estaba viviendo en la universidad. Precisamente para evitar
este tipo de dinámicas y para unificar la información respecto a las
actividades dentro de Ciudad Universitaria, se creaban grupos de WhatsApp cada
día, pasando a recoger los contactos a cada acceso de la universidad, que era
donde se concentraban las y los estudiantes. Se prohibió que se tomaran
fotografías o se hicieran transmisiones en las redes, pero no faltaron docentes
que preguntaban a sus “estudiantes de confianza” de manera privada qué acciones
se llevarían a cabo.
La crisis y la coyuntura política
Es en este momento cuando se puede
hablar de una crisis, la cual se define como “coyuntura o momento
crucial en las relaciones de los componentes en un campo político, donde la paz
aparente se convierte en un conflicto abierto y los antagonismos ocultos se
tornan visibles.” (Swartz, Turner y Tuden,
pp. 120-121) En este sentido las jerarquías de edad, las diferencias de género
y de clase social, se volvieron elementos que dejaron claro que la crisis había
estallado y que había polarizado a la comunidad universitaria. Así, algunos docentes
quisieron intervenir desde una visión adultocéntrica intentando guiar el
movimiento estudiantil, apostando por “paros activos y proactivos” que,
finalmente, implicaban que no se detuvieran las actividades, mucho menos dejar
las instalaciones en manos de las y los estudiantes, argumentando supuestas
“desestabilizaciones” por intereses políticos o económicos. Las y los
estudiantes se distanciaron de esto e insistieron en la urgencia de un paro
total, pues el asesinato de los estudiantes había sido la gota que derramó el
vaso.
Por otro
lado, la diferenciación de clases sociales se pudo vislumbrar en diferentes
situaciones. Por ejemplo, la polarización entre el sector laboral (docente y
administrativo) frente al estudiantil, las diferencias establecidas entre estudiantes
de medicina que pertenecían a la UPAEP, institución de educación superior de carácter
privado frente al estudiante de la universidad pública, BUAP. Además de un
ambiente de descalificación donde se presuponía al sujeto universitario como
sujeto peligroso para las instalaciones de la universidad, así como para ellos
mismos. Se debe señalar que no se reportó ningún daño al patrimonio de la
universidad, ni al de los docentes y administrativos.
Esto y más
fue lo que englobó la toma de la universidad por la población estudiantil (espacios
académicos encabezados por el área de la salud, seguidos por ciudad
universitaria, área centro y algunas instalaciones más de la universidad),
declararon el inicio de la crisis. Cabe señalar que siempre estuvo presente
personal de vigilancia de la universidad, identificados como DASU y también que
en algunas otras instalaciones la toma sólo fue simbólica.
Entre “jóvenes
rebeldes” y el adultocentrismo académico/administrativo, se desarrollaron
diversos encontronazos en diversas facultades, tomar las instalaciones y negar
el acceso a diversas áreas fue interpretado como afrentas personales. A diferencia de algunos grupos de
profesores insensibles a la problemática planteada por los universitarios, más
preocupados por sus cafeteras, equipos de cómputo y cubículos que planteaba la
toma de las instalaciones, el rector parecía estar de acuerdo con la demanda a
la inseguridad, aprovechando la coyuntura política para hacer frente a las
críticas y enfrentamientos con el poder estatal pidiendo que se resolvieran
satisfactoriamente las demandas surgidas desde la facultad de medicina (véase
Anexo 2).
Es en esta
efervescencia cuando se observó en las noticias y en distintos medios de
comunicación que el rector de la universidad, Alfonso Esparza, se manifestó
junto con las y los estudiantes. Salía a las marchas caminando con los padres
de uno de los compañeros asesinados y se pronunciaba a favor del paro de
labores. Desde luego había estudiantes que aplaudían esto y que no dejaban de
sentir orgullo de pertenecer a una universidad en la que su rector “estuviera
de su lado”. Al mismo tiempo algunas colectivas feministas se preguntaban por
qué no había sucedido lo mismo con compañeras universitarias víctimas de
feminicidio; desde luego esto nos permite observar el cruce del género y la
edad como determinantes para definir qué cuerpos importan y cuáles no.
Rápidamente, se
evidenció una disputa política entre dos representantes: el rector y el
gobernador; dejando en el medio las peticiones de seguridad interna y externa
de las universitarias (Véase anexo 2). El gran temor por la des-estabilización
entre ambas figuras, no permitió observar el factor de cambio que el movimiento
universitario pretendía alcanzar, o por lo menos esbozar. Poco a poco las
tradicionales prácticas de la cultura política hicieron su aparición, “divide y
vencerás" o sancionar al estudiantado con el paso del tiempo, y con ello,
la pérdida del semestre o periodo lectivo se volvió una amenaza difícil de
soslayar. Al tiempo que estas y otras acciones tenían lugar, se fueron
perfilando las acciones desplegadas con el fin de contrarrestar el conflicto.
Tendencias
constrarrestantes
Para esta
etapa, Gluckman explicó que “los hombres riñen con el objeto de garantizar sus
intereses habituales (…)” (1956, como se citó en Swartz,
Turner y Tuden, 1994, p.121). El
resultado es que los conflictos como parte de las relaciones, llevan al
restablecimiento de la cohesión social. Los conflictos son una parte de la vida
social y la costumbre aparece para exacerbarlos; pero al hacerlo así, la
costumbre también evita que los conflictos destruyan el orden social más
amplio. (Gluckman, 1956, como se citó en Swartz, Turner y Tuden, 1994, p. 121). Este planteamiento revela cómo, a pesar de que haya
diversos conflictos, el carácter tan constante de estos evita que se destruya
el orden social más amplio. Identificamos esto a través de la megamarcha
estudiantil y la del 8M en Puebla, así como la simplificación de la violencia
en la universidad.
Para el día 5 de marzo, tras la nula respuesta por parte del gobernador
de Puebla ante las exigencias del esclarecimiento y nuevas dinámicas de
seguridad, se convocó a una megamarcha que ya se venía advirtiendo desde días
atrás. En esta participaron estudiantes y rectores de varias universidades de
Puebla, la UDLAP, la UPAEP, Anáhuac, IBERO y por supuesto la BUAP, así como preparatorias
como la Emiliano Zapata, la Enrique Cabrera y la Benito Juárez. No se tiene la
cifra exacta de cuántas personas asistieron, pero diversos medios aseguran que acudieron
entre 50 mil y 150 mil. Las únicas consignas que fueron permitidas fueron las
que apuntaban a lo acontecido, en menor medida al Estado y en lo referente a la
universidad, definitivamente no se permitieron por las y los estudiantes. Así
también lo señalaba el portal Aristegui Noticias:
Se
aprecia a los contingentes de aproximadamente 20 universidades, tanto públicas
como privadas, encabezadas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla (UPAEP) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para
exigir al gobernador Miguel Barbosa mayor seguridad y el esclarecimiento del
caso (AN/GV, 5 de marzo, 2020).
Las
consignas en contra de alguno de los rectores eran rápidamente silenciadas por
la brigada de seguridad bajo el argumento de que era una marcha pacífica y sin
fines políticos. Realmente no se tiene registro de que haya habido consignas de
feminicidios y violencia de género.
El 8 de marzo,
como gran parte de las universitarias que estábamos en el paro, también somos
feministas, nos desplazamos a la movilización en conmemoración del Día Internacional
de la Mujer. En el momento que finalizó la marcha en el Zócalo, se hizo un
llamado al rector Alfonso Esparza a atender casos de acoso y hostigamiento sexual
que se habían presentado en la universidad: “Los espacios dentro de la Facultad
son completamente inseguros para nosotras, pues debemos convivir diariamente
con nuestros acosadores y violadores: maestros, estudiantes y personal de la
DASU”. Fue uno de los testimonios que se escucharon en el centro de la ciudad. Así
mismo, se deslindaron de la Asamblea Universitaria 25/02, que mantenía las
pláticas con rectoría. Explicaron que universitarias de distintas facultades se
habían articulado para conformar su propia asamblea y que harían sus propias peticiones
ya que no se sentían representadas por la 25/02, pues los reclamos no eran sólo
de mayor seguridad en las calles, sino también al interior de la propia
universidad.
De acuerdo con
el portal Proceso (Hernández, 9 de marzo de 2020), la exigencia era la
misma de tiempo atrás “que las universidades no recurran a la simulación, e invisibilicen
las denuncias de las estudiantes y trabajadoras.” Así mismo, denunciaron que
460 mujeres en Puebla fueron víctimas de feminicidio entre 2013 y 2019, además
de que la entidad se colocaba en tercer lugar nacional por mayor incidencia de
acoso sexual contra mujeres, y en sexto por el delito de violación equiparada y
simple, y que tan sólo en 2019 habían sucedido 228 casos de mujeres que
continuaban desaparecidas. Este acercamiento a la violencia de género vivida
por las mujeres en la entidad fueron razones suficientes para poner los cuerpos
en las calles, manifestarse para subvertir el orden; tomar el espacio público y
dejar de guardar silencio.
Esta
legitimidad que reconocemos, no la brindó la universidad, ni las y los estudiantes,
ni administrativos. Se minimizó el fenómeno apelando a que eran casos aislados
y que se tenían que resolver de manera privada. Así se puede apreciar a través
del portal Periodismohoy (25 de marzo, 2019), en su artículo “No hay
denuncias por acoso en ARPA: Esparza”, explican que el rector minimizó la
protesta de estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales
(ARPA), asegurando que no había denuncias en la oficina de la abogada general.
Esta declaración es contrastante con el tendedero de denuncias que se había
hecho días atrás en el que se apuntó a 12 profesores, señalando, además, que si
no han logrado concretar sus denuncias es porque no cuentan con el apoyo de sus
coordinadores, pues los agresores son quienes están a cargo de dichas áreas.
La respuesta
institucional ante las demandas de la violencia de género giraron en torno a la
publicación del protocolo de la universidad para prevenir y atender dichas
problemáticas en el 2019, además, en el departamento de la Abogada General no
se tenían registradas las denuncias y por último, la creación de la Dirección
Institucional de Igualdad de Género, DIIGE. Una vez más podemos observar que,
entre las demandas estudiantiles y las respuestas institucionales, no se logra
la traducción más adecuada posible para satisfacer a ambos sectores. A esta
demanda de la Asamblea de Mujeres Universitarias se sumaron la colectiva
Minervas en Resistencia, el Frente Feminista Radical Puebla, Colectiva “La
Morada”, entre otras, apuntando a que son pocas las investigaciones y sanciones
que se han efectuado (Periodismohoy, 05 de octubre, 2020).
Ciertamente, la
coyuntura política permitió llevar a la palestra pública el tema de la
violencia de género en la universidad. Aunque debemos señalar que fue muy difícil
que se aceptara su discusión y su relevancia, las descalificaciones vinieron,
tanto desde el movimiento, como de las autoridades universitarias. Hubo una
insistencia por gran parte de las y los compañeras/os del paro en que el
movimiento fuera pacífico, esto tenía de fondo un discurso de rechazo a las
formas en que compañeras feministas habían estado haciendo sus demandas y
exigencias, que se consideraban violentas, vandálicas o radicales.
También se vislumbró con la apropiación del hashtag #NiUnaMenos, que se
descontextualizó completamente cuando se sustituyó por #NadieMenos. El
imaginario en torno a las “formas correctas” de manifestar inconformidades apuntaban,
por un lado, a no señalar ni al gobernador ni al rector como responsables, sino
a los criminales y a la violencia en abstracto que forma parte de los
tiempos y espacios donde vivimos.
Poco a poco, se
fueron gestando las estrategias para que administrativos y docentes
intervinieran en el movimiento de manera más explícita, en mesas de negociaciones,
cursos, clases extramuros; no obstante, también hicieron su aparición amenazas
de represalias en términos académicos a quienes participaron en el movimiento
estudiantil, debemos señalar que, de acuerdo a los testimonios recogidos en el
proceso de investigación, las prácticas represivas fueron de carácter simbólico,
a través de sutilezas burocráticas que generaban incertidumbres sobre el futuro
académico y profesional de hombres y mujeres que participaron en el movimiento.
El portal Manatí (Juárez, 20 de marzo, 2021) expone que una docente de
la facultad de comunicación que apoyó durante el proceso de denuncias, aseguró
que había sido víctima de terrorismo laboral por parte de directivos de
la BUAP, al no permitirle inscribir materias para impartir, seguido de su
despido. Manatí también informó que varias alumnas que señalaron a
profesores y compañeros acosadores han recibido trabas desde las unidades académicas
para hacer trámites de titulación.
Formas de
violencia hostiles y sutiles cobran relevancia en torno a las prácticas políticas
en la universidad porque no hay una tipificación de este tipo de represalias,
ni un registro a partir del cual se les pueda evidenciar o denunciar este tipo
de violencia simbólica y psicológica en torno al futuro de los estudios de las
compañeras o en el ámbito laboral, parecen formar parte de una cultura
institucional que merece por sí misma una investigación particular a profundidad.
Aquí tan sólo identificamos que estas prácticas y los rumores que suelen
distribuirse rápidamente funcionan como un mensaje que intenta disciplinar y/o
inhibir el desorden.
Para la
solución de los conflictos existe un despliegue de ajustes o mecanismos de
enmienda, “este proceso consiste en el desarrollo de varios mecanismos de
ajuste y enmienda con el propósito de cerrar la ruptura o remediar la ruptura
(…)” (Swartz, Turner y Tuden, 1994, p. 122). Ejemplo de esto tenemos lo sucedido el día 7 de marzo, cuando la
asamblea hizo público el documento que un día antes se había presentado ante “representantes
de las distintas dependencias universitarias”[4]
a través de un pliego petitorio. Se generaron 5 comisiones, una de educación,
una administrativa, una de género, una de infraestructuras y movilidad, y una
de asuntos internos. La comisión de género de la Asamblea 25/02 propuso
divulgar el protocolo de género, la ampliación de la convocatoria para las
Unidades de Género en las unidades académicas, programa permanente de
capacitación del personal de DASU en temas de perspectiva de género, la
generación de recursos digitales a disposición del alumnado de manera
permanente en temas de perspectiva de género y, finalmente, el seguimiento de
desempeño en temas de género a través del observatorio para la prevención y atención
de la discriminación de género en la BUAP.
Finalmente, los acuerdos a los que se llegaron fueron limitados en
comparación con las demandas. Se acordó realizar campañas institucionales
permanentes de fomento a la cultura de denuncia en temas de discriminación y
violencia de género (campañas que, como hemos revisado, si no van de la mano
con una resolución eficaz de las demandas, no contribuyen a la resolución
general de la situación); realizar el acompañamiento para estudiantes y
seguimiento de denuncias ante la fiscalía relacionadas a violencia de género
(acto que aún no queda resuelto en la práctica dentro del Protocolo Para la
Prevención y Atención de la Discriminación y Violencia de Género en la BUAP (Órgano
Oficial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2019) en la manera en que se
procede, o la agenda de cada instancia involucrada), difusión de actividades
que ya realiza la institución en materia del protocolo de discriminación y
violencia de género que sea dirigida para estudiantes de todas las modalidades
(incluyendo talleres, aunque, como hemos podido apreciar son muy pocos los
participantes o sólo participan las y los mismas/os estudiantes interesados en
estas problemáticas); difundir la convocatoria para participar como personas
orientadoras de género, a fin de que las y los estudiantes de la comunidad
universitaria participen.[5]
Ante este panorama vale la pena preguntarse, ¿de qué sirven las campañas
permanentes de fomento a la denuncia, si éstas no tienen resolución?, si se
ignoran, si se limita la acción de las demandantes, si se les re-victimiza, si
se les obliga a convivir con sus agresores, o bien, si se patologiza a quienes
denuncian. ¿De qué sirve el fomento de las acciones institucionales si en éstas
no se nombra el problema? Queremos dejar en claro que la traducción de las
demandas del movimiento estudiantil no se corresponden totalmente con las
respuestas dadas por la institución. Por otro lado podríamos decir que, si la
necesidad y diálogo resultó fructífera, también se debió en gran medida a que
ya había trabajo previo en diversos espacios de la universidad sobre la
necesidad de un protocolo que unificara esfuerzos y estandarizara los procesos
de atención y ya no se dependiera de arreglos informales.
La articulación con la que comenzó el movimiento se fue desvaneciendo,
fueron interviniendo intereses desde los grupos de poder de cada facultad.
Algunos a través de amenazas de represalias académicas, otras desde
negociaciones internas con estudiantes, pero, finalmente, cada colegio/facultad
fue creando sus propios acuerdos. Se suma a esto el desgaste físico y emocional
que se fue viviendo tras días y noches sin dormir, de no descansar ni comer bien
y de varios rumores/amenazas de intervenciones porriles para levantar el paro
estudiantil por la fuerza (que, afortunadamente, nunca sucedió).
La restauración de la paz
Finalmente la restauración de la paz se da
(…) cuando los mecanismos de enmienda operan con efectividad, nos conducen ya sea al establecimiento de relaciones entre los partidos en contienda (grupos) o al reconocimiento social de un cisma irreparable. (…) Lo más importante es que la naturaleza e intensidad de la relación entre las partes y las estructuras del campo total habrán cambiado. (…) Inclusive a través de estos cambios, ciertas normas y relaciones cruciales persistirán (Swartz, Turner y Tuden, 1994, p. 123).
No pretendemos evaluar al movimiento diciendo que fue exitoso o que haya
fracasado en sus metas y objetivos; sin embargo, apreciamos que a los pliegos
petitorios del movimiento se les dieron respuestas de corto y mediano alcance. El
clásico divide y vencerás se había impuesto a través de la lógica en la
que cada facultad debía atender y resolver sus propias demandas. En lo que
corresponde a las demandas de hostigamiento y acoso sexual, no debemos omitir
que éstas cruzan a toda la universidad y que tampoco se les dió una solución
concreta, ni ejemplar. De pronto, las demandas estudiantiles se concentraron en
temas de infraestructura como las restauración de puertas, bancas, cámaras de
seguridad, papel higiénico en los baños, jabón, etcetera. Reduciendo su actuar
al interior de la universidad, contrario a como había surgido.
Finalmente, la pandemia SARS-COV-2 obligó a
todas y todos a abandonar las instalaciones de la universidad, y,
consecuentemente, a levantar el paro. Y fue esta, a quien podemos relativamente
identificar como aquella que contribuyó a la restaución de la paz, desde luego
la atención a las demandas estudiantiles sobre la infraestructura de las
facultades en conjunto con la pandemia dieron como resultado la desocupación de
los espacios universitarios y el repliegue de toda la comunidad univeristaria
en sus respectivos domicilios. El tiempo como estrategia y la administración
del espacio fueron elementos fundamentales para poner fin al moviento universitario.
A manera de conclusión
Como hemos podido analizar, esta coyuntura permitió desarrollar reflexiones en torno al tema de la inseguridad. La noción de seguridad interna puso en evidencia que en la universidad, las dinámicas de violencia existen, que no se logran prevenir y que su atención sigue siendo problemática. Además, se vislumbró que la violencia es estructural, en este sentido no es exlcusiva de la BUAP, sino que es más compleja y abarca a las diferentes Instituciones de Educación Superior pues estas últimas no pueden abstraerse del contexto social al cual pertenecen.
Si bien en la actualidad la universidad cuenta con un protocolo de género y se creó una dirección de igualdad de género; debemos señalar que no se han hecho públicos los datos de indicadores que sustenten el proceso por el cual se concluyó con este tipo de respuestas a las exigencias de las feministas que participaron en el movimiento estudiantil 25/02; lo más preocupante, desde nuestro punto de vista, es que sin diagnósticos, ni evaluaciones, ninguna de estas medidas será completamente operativa o dará una respuesta contundente a las exigencias del movimiento estudiantil, ni a las que le precedieron a estas organizaciones estudiantiles.
Los reglamentos y procedimientos no son claros y eso significa seguir perpetuando la reproducción de exclusiones que trastocan por lo menos dos derechos fundamentales de la población universitaria, el derecho a la educación y a una vida libre de violencia. La existencia de protocolos en las universidades no tienen como fin último la justicia social ni la reparación del daño. Se encaminan a una protección jurídica ante demandas colectivas o individuales que puedan afectar a la institución.
Una vez más pudimos observar cómo la respuesta insitucional se dirigió a las demandas inmediatas que no significaron cambios estructurales a las problemáticas que se demandaron. Se arreglaron puertas, se prometió mobiliario, se acordaron capacitaciones en términos de seguridad civil, se restructuraron horarios de clases, entre otras acciones. Hace falta un ejercicio de traducción intersubjetiva para que el diálogo sea coherente entre las demandas feministas y las respuestas institucionales.
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Anexos
Anexo 1. Asamblea
Universitaria 25/02. (26 de febrero de 2020). Comunicado oficial, Asamblea Universitaria. [Imagen
adjunta]. Facebook. https://www.facebook.com/asambleauniversitaria2502/photos/109372987332604
Anexo 2. BUAP [@BUAPoficial]. (24
de febrero de 2020) Información oficial . [Imagen
adjunta]. Twitter.
https://twitter.com/BUAPoficial/status/1232069452872765440?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1232069452872765440%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref