PARTICIPACIÓN SOCIAL Y
DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL MARCO DE LAS GUERRAS DEL AGUA
Y DEL GAS EN BOLIVIA (2000-2003)
SOCIAL
PARTICIPATION AND POLITICAL RIGHTS OF INDIGENOUS WOMEN IN THE CONTEXT OF THE
WATER AND GAS WARS IN BOLIVIA (2000–2003)
Elkin
Fabian Martinez[1]
DOI: https://doi.org/10.32870/lv.v7i61.7863
Resumen:
El siglo xx se erige como un período crucial en
la historia de América Latina, particularmente en Bolivia, donde diversos
cambios y procesos sociales alteraron profundamente la concepción de la
política, la democracia y el poder. Este artículo se centra en la participación
de las mujeres indígenas y campesinas en los movimientos sociales en Bolivia,
con un enfoque particular en las Guerras del Agua y del Gas en 2000 y 2003. El
objetivo es visibilizar la contribución de estas mujeres a las luchas sociales
y políticas, a menudo ignorada en la historia oficial. La problemática radica
en la persistente invisibilización de las mujeres en estos movimientos, a pesar
de su participación activa y crucial. Además, se aborda la persistencia de las
desigualdades de género y la dominación patriarcal en Bolivia, que limitan la
participación política de las mujeres y perpetúan la discriminación y violencia
de género. Esta reflexión se basa en teorías feministas y de género para
analizar la participación de las mujeres en los movimientos sociales y las
formas de dominación patriarcal en el caso boliviano. También se utilizan
teorías de los movimientos sociales para entender el surgimiento y desarrollo
de estos movimientos en respuesta a las políticas neoliberales y la
privatización de los recursos naturales. La metodología utilizada incluye el
análisis de documentos históricos, registros de protestas y movilizaciones, y
estudios teóricos previos sobre los movimientos sociales en Bolivia; es decir,
es de carácter documental. Las conclusiones destacan la importancia de
reconocer y valorar la participación de las mujeres en los movimientos sociales
en Bolivia. A pesar de la discriminación y la violencia de género, las mujeres
han sido activas en las luchas por sus derechos y contra la opresión. Así, se
subraya la necesidad de desafiar las estructuras patriarcales y garantizar su
plena participación y emancipación.
Palabras clave: Bolivia, neoliberalismo,
mujeres campesinas, mujeres indígenas, movimientos sociales, guerra del agua,
guerra del gas
Abstract:
The 20th
century stands out as a pivotal period in the history of Latin America,
particularly in Bolivia, where various social changes and processes deeply
reshaped the conception of politics, democracy, and power. This article focuses
on the participation of indigenous and peasant women in social movements in
Bolivia, with a particular emphasis on the Water and Gas Wars in 2000 and 2003.
The objective is to highlight the contribution of these women to social and
political struggles, often overlooked in official history. The issue lies in
the persistent invisibility of women in these movements, despite their active
and crucial involvement. Additionally, it addresses the persistence of gender
inequalities and patriarchal domination in Bolivia, which limits women's
political participation and perpetuates gender discrimination and violence.
This reflection is grounded in feminist and gender theories to analyze women's
participation in social movements and forms of patriarchal domination in the
Bolivian context. It also utilizes social movement theories to understand the
emergence and development of these movements in response to neoliberal policies
and the privatization of natural resources. The methodology employed involves
the analysis of historical documents, records of protests and mobilizations,
and previous theoretical studies on social movements in Bolivia; in other
words, it is a documentary analysis. The conclusions emphasize the importance
of recognizing and valuing women's participation in social movements in
Bolivia. Despite gender discrimination and violence, women have been active in
the fight for their rights and against oppression. Thus, it underscores the
need to challenge patriarchal structures and ensure their full participation
and emancipation.
Keywords: Bolivia, neoliberalism, indigenous women, peasant woman, social
movements, water war, gas war
Recepción: 3 de noviembre de 2023/Aceptación: 15 de
junio de 2024
Introducción
En Bolivia, las luchas, protestas y
manifestaciones sociales impulsadas por diversas organizaciones y movimientos
de los años 90 e inicios del 2000 fueron consecuencia de una serie de problemas
políticos, económicos y ambientales, gestados en gran medida por los efectos
del capitalismo y el neoliberalismo, aterrizados en la década de los 80 en este
territorio; pero también de la colonialidad que, como proyecto occidental,
perpetuó en América Latina jerarquías de desigualdad y exclusión social, entre
otros. Como menciona Melucci (1986), un movimiento social se puede entender
como un conjunto de acciones colectivas que buscan transformar la realidad
social existente. Estas acciones colectivas suelen surgir en respuesta a
tensiones, desequilibrios, diferencias entre expectativas y realizaciones, así
como cambios en la estructura social. En cada uno de estos episodios
participaron cientos de mujeres campesinas e indígenas en defensa de sus
territorios y sus derechos, demandando cambios en las estructuras políticas y
sociales de este país. Tanaka (2001), define la participación social como el
involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos, pero también
menciona que hay muchos tipos de participación, como el involucramiento de los
ciudadanos en los sectores populares que buscan implementar políticas sociales
a través de organizaciones y movimientos desde la acción colectiva.
La década de los 90 marca varias movilizaciones populares contra las políticas estadounidenses de erradicación del cultivo de hoja de coca y la lucha contra el narcotráfico, protagonizadas por campesinos y mujeres indígenas cocaleras. Durante estos episodios, las mujeres indígenas demostraron ampliamente su capacidad de protesta y lucha por los derechos humanos. “El 18 de diciembre de 1995, las mujeres cocaleras del Chapare iniciaron una marcha hacia La Paz, sede del gobierno boliviano. Sería el inicio de una confrontación permanente para demandar justicia y derechos” (Lux de Coti, 2019, p. 25). Durante la guerra del agua y del gas, la participación social de las mujeres indígenas y campesinas fue contundente, pero ampliamente invisibilizada en la construcción histórica de este país; en Bolivia, es escasa la literatura sobre los aportes de las mujeres en estas movilizaciones sociales. Lo que aparece generalmente en los registros históricos son categorías como el pueblo, las comunidades, los campesinos, etcétera. Se invisibiliza el trabajo y la lucha social de las mujeres en casi todos estos procesos sociales, marcando la memoria histórica desde la dominación patriarcal como sistema que oprime e invisibiliza a las mujeres cotidianamente. Visibilizar su participación en los momentos de insurrección que marcan profundamente las estructuras de la sociedad son actos significativos para luchar contra las normas y valores que perpetúan la desigualdad y la violencia. Y no se trata de una reflexión menor, porque justamente ha sido de esa forma que el trabajo de cientos de mujeres ha quedado invisibilizado y rezagado en la historia de los procesos políticos y sociales de numerosas regiones.
En este contexto
histórico, el tema de la igualdad y los derechos de las mujeres indígenas en
Bolivia era complejo y formaba parte de las luchas de numerosas mujeres
trabajadoras y campesinas en situaciones de violencia y conflictos sociales a
lo largo de los años. Factores interrelacionados como la etnicidad y el género,
las desigualdades históricas, las reformas estructurales arraigadas al
neoliberalismo, la violencia doméstica y comunitaria, la poca integración de
las demandas de las mujeres indígenas en el movimiento feminista boliviano,
entre otros, contribuían a la invisibilización de los derechos y demandas de
las mujeres indígenas. Y es que, en el marco latinoamericano de las
organizaciones y movimientos sociales que mayor incidencia han tenido en los
cambios políticos, como da cuenta Santos (2007), las comunidades indígenas de
Bolivia son pioneras por la forma de organizarse y manifestarse para generar
cambios políticos e institucionales en la región. Esta peculiaridad puede
deberse a que “Bolivia es un país marcado por la gelatinosidad de sus
estructuras institucionales y por la marginalidad en el contexto internacional,
pero donde, quizá por ello, ciertas cosas tienden a suceder antes que en otros
lugares” (García Linera, 2009, p. 347). Lo que ocurrió, en términos de
movilización social durante las guerras del agua y del gas, fue una respuesta
popular a la historia de opresión y explotación de sus cuerpos y territorios.
Sin embargo, también fue un momento clave para las mujeres indígenas, ya que su
masiva participación en estos enfrentamientos marcó nuevos horizontes en
términos de resistencias sociales y derechos en una sociedad dominada por el
patriarcado.
Ante este panorama, el
objetivo es analizar la participación social y los derechos políticos de las
mujeres indígenas y campesinas en Bolivia durante las guerras del agua y del
gas, desde una perspectiva feminista. Se destaca su contribución, desafíos y
luchas en los movimientos sociales y en la reconfiguración del escenario
político del país, a menudo poco visibilizadas en su memoria histórica. No se
trata de un trabajo antropológico ni sociológico, sino de un estudio de
filosofía política basado en una revisión histórica analítica, destacando
principalmente el papel de las mujeres indígenas y campesinas en las
movilizaciones sociales de 2000 y 2003.
Bolivia y las crisis sociales:
antecedentes
En el caso de Bolivia, la memoria, es
decir, la acumulación de proyectos y desarrollos históricos que atraviesa
generaciones y ha constituido los distintos regímenes políticos y las
estructuras sociales, es determinante para entender el surgimiento de las
organizaciones y los movimientos sociales y, por ende, reflexionar sobre la
participación de las mujeres en cada uno de estos espacios sociales de acción
colectiva. Esta memoria acentúa, por lo menos desde tres horizontes distintos,
pero no desconectados, el desarrollo de un fenómeno peculiar en América Latina:
el de organización e incidencia social y política de los campesinos, pueblos
originarios y de las mujeres a través de diferentes mecanismos de participación
y apropiación de los espacios públicos. El primero es la memoria a largo plazo
(colonización) y todos los aspectos derivados de este proceso (el Estado boliviano
de agosto de 1825); seguido está la memoria a mediano plazo (el Estado
nacional-popular de los años 50) y, tercero, la memoria a corto plazo (las
luchas antineoliberales y los procesos de rebelión a partir del 2000) (Tapia,
2007).
El entrecruce que
existe entre los distintos procesos históricos, políticos y sociales en este
país imposibilita, hasta cierto punto, no toparse con los diferentes
acontecimientos de largo y mediano plazo en cada uno de los levantamientos
populares que constituyen defensa de sus derechos y del territorio. En América
Latina, la colonialidad exacerbó la opresión de las comunidades indígenas y la
aniquilación de lo puramente originario; a partir de ese momento se
entrelazaron costumbres, tradiciones, culturas, etcétera, arraigadas a la
procedencia de las conquistas que han perdurado hasta la actualidad. Las
mujeres indígenas, eventualmente, han experimentado doblemente estas opresiones
(por ser mujeres e indígenas) al instaurarse un sistema que invisibiliza sus
derechos o reproduce “las condiciones que omiten y coadyuvan a la opresión de
las mujeres al no contabilizar su existencia y al no considerarlas como parte
de la sociedad, del desarrollo y de la democracia” (Lagarde, 1996, p. 16). Esto
ha sido posible por el sujeto renacentista-ilustrado encarnado en Europa es
universal y masculino, lo que marca, como afirma Rivera Cusicanqui (2010), un
primer acto de colonización del género: mujeres en el hogar gobernadas por el
modelo paterfamilia que los
legisladores bolivianos copiaron y adaptaron.
A partir de 1952, con
la revolución campesina, en Bolivia se avanzó significativamente en el
reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios con la
democratización del Estado y, con esto, se dio origen a nuevas formas de
resistencia popular y luchas sociales. Pero, las décadas siguientes,
especialmente la de 1980, como da cuenta Morales (2009), con el aterrizaje del
capitalismo y neoliberalismo, se marcaron varias crisis distintas relacionadas
con el ajuste al despliegue estatal de la economía: despido de trabajadores
públicos y mineros, sanciones por parte del Banco Mundial, la hiperinflación, y
la precariedad en términos de los derechos de las mujeres, entre otros factores
que marcaron críticamente la estabilidad del pueblo boliviano y generó reformas
económicas, múltiples conflictos y represiones sociales. Durante estos
acontecimientos, las mujeres indígenas también se organizaron y participaron
para luchar contra las políticas de represión estatal y desigualdades de
género, bajo una federación de mujeres que recuperó de la figura de Bartolina
Sisa para reivindicar y luchar por sus derechos; desde allí, las mujeres
denunciaban que:
En
el campo, la más sacrificada es la mujer, porque trabaja mucho. Trabaja en la
casa, atiende al marido, a la wawa, teje la ropa de la familia, cuida el
ganado, ayuda a sembrar y cosechar. […]. La campesina está también marginada de
la educación […]. Cuando las mujeres tratan de organizarse, preguntan primero
al esposo; la mujer no toma una decisión por sí sola. Pero ya ha llegado la
hora de que las mujeres pensemos por nosotras mismas y formemos nuestras
propias organizaciones. (Mejía, 1984, p. 10, como se citó en Padilla Poveda,
2014, p. 126)
Este escenario muestra que las formas
de opresión y violencia contra las mujeres indígenas se ejerce desde múltiples
estructuras de poder, como el racismo, clase, género, etcétera, o, como afirma
Lugones (2008): la interseccionalidad, que se refiere a la interacción y
superposición de diferentes formas de opresión. Asimismo, estas experiencias
muestran que las formas de dominación contra las mujeres indígenas tienen un
carácter profundo en las estructuras sociales que está arraigado a las propias
cosmovisiones originarias, pero que logró fortalecerse ampliamente con la
colonialidad en cada una de las esferas sociales y la vida cotidiana. La
historia de las luchas por los derechos de las mujeres indígenas en Bolivia ha
estado marcada por racismo, clase social, género, pobreza extrema, entre otros,
que se han configurado como mecanismos ralentizadores en la conquista de los
diferentes espacios sociales y políticos; pero que también dan cuenta de todo
un trabajo continuo desde los diferentes espacios comunales que han trascendido
como resistencia social contra las diferentes políticas del Estado,
particularmente desde las marchas cocaleras de los años 90, generando mayor
visibilización y fortalecimiento para sus organizaciones.
En estas marchas,
también conocidas como marchas por la vida, hubo una amplia participación de
las mujeres indígenas que, pese a sortear con la intermediación de los hombres
de su organización se presentaron como representantes del movimiento social y
buscaron ser escuchadas y consideradas en la resolución de estos conflictos.
Tras
10 días de ayuno voluntario y gracias a la intervención de la COB (Central
Obrera Boliviana), se reinician las conversaciones el 2 de febrero de 1996 y se
llega a un acuerdo entre el gobierno, la COB, las cinco federaciones del
trópico, las mujeres cocaleras, los productores de coca y la Confederación de
Colonizadores, el 3 de febrero de 1996. (Pinto Ocampo, 2004, p. 14)
Esta lucha popular logró que se
archivara el proyecto de erradicación del cultivo de coca bajo las presiones
del régimen estadounidense, pero este fue apenas el comienzo de un capítulo de
luchas y movilizaciones sociales que culminarían en 2003 con la guerra del gas
en El Alto y La Paz.
En estos dos últimos
episodios hubo una amplia participación social de las mujeres indígenas y
campesinas, pero su visibilización, en la mayoría de los casos, se debe a los
reportes de algunos periódicos de la época, así como a testimonios y
entrevistas realizadas por varios autores y autoras a mujeres que participaron
en estas manifestaciones sociales. Como se verá más adelante, los aportes de
las mujeres en estos periodos de levantamiento popular no fueron actos menores,
sino que constituyen parte integral de los cambios y consignas que el pueblo
logró establecer mediante la movilización y organización social.
En Bolivia, la
participación popular a través de los movimientos sociales se fortaleció a
través de los años, pero particularmente, durante la guerra del agua y del gas
en 2000 y 2003, porque fueron momentos claves de resistencia neoliberal, de
acción colectiva y de reivindicación de los derechos de los campesinos e
indígenas. Estos dos episodios son fundamentales para pensar los sectores
populares, especialmente las comunidades indígenas y campesinas, por ser los
principales actores sociales. Pero, detrás del esfuerzo y las constantes luchas
de las organizaciones sindicales y movimientos sociales, está el trabajo de
ciento de mujeres que ha sido poco visibilizado y dignificado en las luchas
populares.
Es así como la
historia de Bolivia está conformada por las constantes luchas contra las formas
de opresión y la búsqueda de justicia social, considerando que la memoria
colectiva es fundamental en el marco de las luchas y los cambios sociales. El
activismo y la participación popular de las mujeres indígenas en cada uno de
estos fenómenos sociales fueron fundamentales para el reconocimiento de los
derechos de los pueblos originarios, la defensa de la vida y los territorios,
pero también para construir, desde esas emergencias políticas, económicas y
sociales, nuevos sujetos políticos y formas de reivindicar sus derechos a
través de la movilización social y la construcción de aparatos teóricos desde
sus realidades y experiencias. Para destacar y reivindicar la participación de
las mujeres durante las guerras del agua y del gas, se examinarán las causas y
estructuras que generaron estas luchas sociales, así como el papel de los
líderes y organizaciones más visibles, según las fuentes históricas.
Posteriormente, se analizará la participación social de las mujeres en estos
eventos, en el contexto de sus derechos.
La Guerra del Agua
De acuerdo con Crespo Flores (2000),
dos fueron las principales causas de la guerra del agua en Cochabamba: 1) la
concesión del agua por parte de la empresa municipal SEMAPA a un consorcio
internacional denominado “Aguas Tunari” y 2) la aprobación no consensuada de la
Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en octubre de 1999.
El lugar geográfico en el que se encuentra Cochabamba es considerado semiseco,
esto implica un mayor cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales, por
lo cual, dar licencias administrativas a empresas internacionales rompe con la
forma tradicional de los pueblos y comunidades de acceder y conservar el
recurso. En Cochabamba ya se habían registrado resistencias por parte de
campesinas-campesinos a la explotación del líquido potable debido a este
problema administrativo, pero no de manera trascendente. No obstante, los
desacuerdos fueron creciendo y, de esa forma las movilizaciones sociales
también se fortalecieron, lo que logró unificar otros grupos sociales que no
estaban previamente unificados, como los estudiantes.
En su “Manifiesto a
Cochabamba”, voceros de la flamante coalición de organizaciones sociales contra
la privatización del agua denominada “La Coordinadora del Agua” anunciaron, a
partir de ese momento, que los derechos no pueden mendigarse y, en ese sentido,
reafirmaron su lucha: “Nadie va a luchar por lo nuestro. O luchamos juntos por
lo justo o toleramos la humillación de los malos gobernantes” (Kruse, 2005, p.
146). Ante esto, la respuesta del Estado fue represión militar en lugar del
diálogo y acuerdos concretos, agudizando, de esa forma, la crisis social y
motivando la organización y lucha popular. La militarización, muchas veces de
las calles y la ciudad, dejó decenas de muertos y heridos, pero los
manifestantes no estuvieron dispuestos a ceder ni a retroceder. Al contrario, a
estas movilizaciones se le sumó el apoyo de dos importantes organizaciones
sindicales: “la de los cocaleros del Trópico (con influencia de Evo Morales) y
la mayoría de la CSUTCB (Confederación sindical única de los trabajadores
campesinos de Bolivia) guiada por Felipe Quispe” (Neso, 2013, p. 215).
Los enfrentamientos no
cesaron sino hasta mediados de octubre de 2001. Para ese momento, las
movilizaciones y las protestas sociales eran más fuertes, más organizadas, de
tal modo que el ejército y la policía no tuvieron la capacidad de liberar las
carreteras de los bloqueos, por lo cual, tuvieron que retirarse. Así y tras
todo un periodo y proceso de resistencia por parte de los manifestantes, la Ley
del agua quedó archivada, lo que constató el trabajo de la acción colectiva de
los sectores populares, la memoria y reivindicación de sus derechos. Ese mismo
año, el gobierno nacional presentaría un proyecto para la privatización y
exportación del gas, lo que generaría nuevos conflictos sociales más adelante.
La Guerra del Gas
En Bolivia, durante los años 90 se
descubrieron grandes yacimientos de gas natural, que despertaron el interés de
los mercados extranjeros para suplir las necesidades de este producto en el
mercado. Ante esto, multinacionales como Repsol, British Gas y BP-Amoco
presentaron un proyecto-plano de utilización de este recurso para cubrir el
déficit de gas en el Oeste de los Estados Unidos. La propuesta fue presentada
en 2001, poco después de archivarse el proyecto de privatización del agua en
Cochabamba. Según los registros históricos, el gas se licuaría y se
transportaría en ese estado hasta México; una vez allí, se transportaría a los
Estados Unidos en estado gaseoso. Pero, en el fondo de esta crisis también
estuvo “el proyecto de ampliación de la transnacionalización en la explotación
y comercialización de los hidrocarburos a través de Chile” (Tapia, 2013, p.
127).
Como se ha señalado,
la llegada e implementación de las políticas del neoliberalismo produjo ciclos
de movilización social en Bolivia, los cuales introdujeron a campesinos,
mujeres, estudiantes y comunidades indígenas en general, quienes se sumaron a
las distintas movilizaciones en defensa del territorio y la dignidad humana. A
inicios de 2003, el gobierno implementó un plan conocido como “el impuestazo”
afectando a la clase social más vulnerable. Este ajuste bloqueaba los sueldos
de los trabajadores públicos y gravaba las rentas bajas con el fin de cubrir el
déficit de caja de ese momento. Esto generó descontento y malestar social,
impulsando los primeros enfrentamientos populares contra la policía y las
fuerzas militares.
Si bien los
enfrentamientos populares tuvieron estos antecedentes, la guerra del gas,
podría decirse, estuvo atravesada por tres dimensiones importantes: la primera,
tiene que ver con las cosmovisiones indígenas y de los pueblos originarios: la
defensa del territorio. Esto es una cuestión que también está presente en otras
organizaciones y movimientos sociales más recientes, como en el caso del
feminismo comunitario: cuerpo-territorio. En esta defensa también estuvo el
hecho de que la enajenación de las reservas gasíferas conllevaba a un profundo
cambio en las nociones de soberanía, futuro, nación e impuesto, introducido por
el gobierno de Sánchez de Lozada a través de la explotación de los recursos
naturales y los demás ajustes presupuestales de la sociedad boliviana (Moras,
2007).
El segundo aspecto
tiene que ver con la memoria a largo plazo (la colonialidad/colonización).
Bolivia es el país de América Latina con la mayor población indígena, pueblos y
comunidades que han sido invisibilizados, segregados, marginados y excluidos
durante décadas por los diferentes regímenes políticos, hegemónicos y de poder,
desplazándolos socialmente hacia la lucha. Por ende, las reivindicaciones
indígenas ligadas a la resignificación de sus principios, valores y cultura
también tomaron lugar y fuerza en todos estos enfrentamientos contra el Estado
monocultural y excluyente. El tercer aspecto es la unificación de los
movimientos sociales en una sola demanda. Su presencia en las calles, modos de
organización y la unificación, una vez más, de los distintos sectores y
organismos de lucha populares, entre otros factores, hicieron que las políticas
y las transformaciones de las sociedades bolivianas y de América Latina en
general tuvieran un cambio transcendente, en particular, desde la guerra del
agua en adelante.
Durante este periodo
de crisis y de enfrentamientos sociales-populares, también hubo presencia de
Evo Morales y Felipe Quispe, como líderes y miembros de las organizaciones y
movilizaciones. Su protagonismo también impulsó y motivó a que miles de
campesinos se unieran y ofrecieran su apoyo. Entre las organizaciones y
movimientos presentes en las marchas y protestas de la guerra del gas está la
Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del gas y los Recursos
Naturales, de carácter social. Esta organización no tenía líderes, sino
portavoces y se componía de organizaciones sindicales cuyo objetivo giraba en
torno a las demandas de la defensa de los recursos naturales, el territorio y
la vida (Garay Vera y Mendoza Pinto, 2015).
Otro de los
movimientos presentes en estas protestas y movilizaciones fue el Movimiento al
Socialismo, conocido como el MAS, de carácter campesino. Fue creado en 1995
durante las manifestaciones contra la erradicación del cultivo de hoja de coca.
Su objetivo estuvo orientado en la refundación del Estado boliviano a través de
la Asamblea Nacional Constituyente, pero también a la soberanía y protección de
los recursos naturales. Su líder fue el expresidente Evo Morales, que para
miles de bolivianos encarnaba los principios y valores de los pueblos
originarios y, por tanto, la lucha por la dignificación de estas comunidades.
Asimismo, también hubo presencia canónica del Movimiento Indígena Pachakuti
(MIP), liderado por Felipe Quispe y creado en el 2000, cuyos antecedentes están
ligados a la guerra del agua. Este movimiento fue creado por los campesinos del
Altiplano y es de carácter indianista, que forma parte del sustento ideológico
y organizativo de los procesos de emergencia indígena. Hubo otros movimientos
cuya fundación es mucho más antigua, como lo fue la Central Obrera Boliviana
(COB), creada en 1952 por mineros de la época. También participó la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fundada
en 1979 por campesinos de varias comunidades indígenas como quechua, aymara,
entre otras organizaciones, pero estas son las que más se destacan en cada uno
de los registros y literatura histórica sobre estos episodios.
Entre lo que se conoce
como febrero negro a octubre rojo, sobresalen varias etapas cronológicas de los
enfrentamientos y el desenvolvimiento de las manifestaciones en el territorio
nacional, siendo septiembre y octubre los meses más agitados por estos
acontecimientos. Ante los continuos bloqueos, el 15 de septiembre de 2003, el
gobierno como respuesta detuvo y encarceló a varios manifestantes bajo la Ley
2494 sancionada el 4 de agosto de ese mismo año, la cual reza:
Créase
el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de articular y
coordinar de manera eficaz y eficiente las políticas, planes, proyectos y
programas emergentes del poder público y de todas las personas de la comunidad,
en el país y en los diferentes departamentos, sin discriminación ni exclusión
alguna, destinados a asegurar el libre ejercicio de los derechos, garantías y
libertades constitucionales brindando mayor seguridad a la población procurando
una mejor calidad de vida a todos los estantes y habitantes del territorio
Nacional. (Ley 2494, 2003)
Dos días más tarde, los manifestantes,
frente a toda la represión y las detenciones militares, manifestaron estar
dispuestos "a derramar sangre si era necesario" con tal de avanzar
hacia La Paz. En ese escenario, bloquearon casi todas las carreteras que
conectaban con El Alto, mientras al menos tres mil campesinos más decidían si
se unían a la marcha hacia La Paz. Con el lema: "el gas no se vende,
carajo", el 18 de septiembre un poco más de diez mil campesinas y campesinos
se organizaron para bloquear las vías de comunicación con sede del gobierno, al
sur de La Paz. El 20 de septiembre, tras el rompimiento de los negocios con el
gobierno, Felipe Quispe llamó a las movilizaciones a defenderse con armas si
era necesario.
Entre los primeros
días de octubre, el gobierno llamó a Quispe a las negociaciones, mientras los
movilizados comenzaron a exigir la Asamblea Constituyente. La respuesta del
gobierno, minutos después, fue hacer públicas las amenazas de reprimir las
protestas a través de los medios de comunicación. Para ese entonces ya se
hablaba de decenas de heridos, muertos, detenidos y reprimidos como saldo de
las manifestaciones populares y la presencia militar. El presidente Gonzalo
Sánchez, lejos de poder controlar y reprimir a las movilizaciones, terminó
huyendo a los Estados Unidos con cerca de tres millones de dólares, los cuales
provenían de las cajas del Estado. El 17 de octubre, el Congreso boliviano, tras
la huida de Sánchez, nombró un nuevo presidente, el cual tuvo el mismo destino
que su antecesor unos seis meses después.
El panorama de los derechos políticos
de las mujeres en Bolivia en la década de los 90 e inicios del 2000
El contexto de los derechos políticos
de las mujeres bolivianas en la década de los 90 e inicios del 2000 es un tema
complejo y, como cabe esperarse, son parte de las consignas reconocidas por las
luchas de las mujeres. En 1995, en Bolivia se aprobó la Ley 1674, conocida como
la Ley Contra la Violencia Doméstica. La aprobación de esta Ley fue importante
porque promulgó la lucha contra la violencia de género y estableció medidas de
protección para las víctimas de violencia doméstica, permitiendo, asimismo, la
persecución de los agresores. En 1997, se aprobó la Ley 1779 de 1997, llamada Ley
de cuotas o de género; quizá la más significativa en términos de participación
y representación para el caso de las mujeres bolivianas de la época. Es así
como:
recién
en la década del 90 adquirieron relevancia las demandas por el reconocimiento
de los derechos políticos de las mujeres a través de los movimientos
organizados y la influencia de la Conferencia de Beijing (1995). Como parte de
este proceso, algunos avances alcanzados han sido institucionalizados a través
de instrumentos normativos. (Zegada, 2006, como se citó en Albaine, 2009, p. 2)
Sin embargo, la sanción de la Ley 1779
no tuvo efectos inmediatos en la vida cotidiana de las mujeres ni en la
sociedad boliviana en general. Por una parte, la cantidad de cargos y los
requisitos para ejercer los derechos civiles de las mujeres seguían siendo más
limitados que los de los varones. “Con poder y recursos fiscales, los
municipios se convirtieron en un espacio de disputa masculinizado. Con poder y
dinero, la política no tenía lugar para las mujeres” (Brockmann Quiroga, 2017,
p. 266). Por otra parte, desde la aplicación de la norma, el hostigamiento y
acoso por parte de los varones hacia las pocas mujeres que lograron ocupar
determinados cargos se hicieron presentes, configurando nuevas prácticas y
modos de violencia, exclusión y represión de sus derechos, pese a estar
protegidos legislativamente. “En noviembre del 2000, varias concejalas electas
en los comicios de diciembre del año anterior en Bolivia rompieron el silencio
para denunciar actos de hostigamiento y violencia, experimentados en el
ejercicio de sus funciones” (Brockmann Quiroga, 2017, p. 263). Sus agresores
pretendieron obligarlas a renunciar a su cargo político, el cual estuvo
legitimado en las urnas.
Hubo obstrucciones
formales e informales, como da cuenta Albaine (2009), a nivel municipal y
nacional, que “frenaron” la participación política de las mujeres en aquella
época. Asimismo, el acceso a la participación política en cargos
administrativos y demás no estuvo garantizado; para las mujeres indígenas y
campesinas, acceder a este tipo de posicionamientos seguía obstruido, además de
lo anterior, por cuestiones de clase, roles sexuales y ocupaciones domésticas
cotidianas, entre otros. Esto “obligó” a las mujeres bolivianas, especialmente
a mujeres indígenas y campesinas a adentrarse en un proceso para tejer redes de
lucha y resistencia contra el conjunto de prácticas patriarcales que se
resistían a su emancipación política. Históricamente, las organizaciones de
mujeres como Bartolina Sisa fueron marcando pautas y abriendo caminos para que
otras mujeres se abanderaran en la lucha a lo largo de los años, igualando las
jerarquías con los varones desde las propias organizaciones, siguiendo un
proceso de construcción identitario propio a lo largo de los años, como da
cuenta Sánchez Echeverría (2015).
Durante esta misma
década, el feminismo autónomo radical y anarquista representaba las demandas de
las mujeres indígenas en Bolivia. Mujeres Creando, un movimiento feminista
autónomo nacido en 1992 y liderado por María Galindo, se tomaba las calles y los
muros para protestar a través del grafiti; justamente porque ese era el espacio
que la sociedad les negaba a las mujeres. La apropiación y participación
política de las mujeres surgió en las calles, en la protesta, en los actos
pedagógicos por construir otro más justas para todas y todos. De esa forma, la
lucha de las mujeres indígenas y campesinas —que han sido mayormente
invisibilizadas en la historia—, comenzó a representar una crítica frontal al
patriarcado, abogando por la participación política y sus derechos. Estos
esfuerzos desafiaron las estructuras de poder hegemónicas que históricamente
las han excluido de diversos espacios y escenarios políticos y sociales. Con
grafitis llenos de mensajes de denuncia, estas mujeres buscaban desmantelar las
jerarquías y formas de opresión desde los espacios públicos acentuados por el
patriarcado. Ahora bien, cuando se trata de las mujeres indígenas, la violencia
se intercepta de múltiples formas que van más allá del género y es diferenciada
en comparación con las mujeres blancas y de clase alta. María Lugones llama a
esto interseccionalidad, es decir, el entrecruce de distintas formas de
opresión que tienen que ver con la raza, el género y la clase a la que
socialmente se pertenece (Lugones, 2008).
Esto explica, hasta
cierto punto por qué en Bolivia, como en otros países de la región, las mujeres
indígenas y mujeres campesinas han sido más marginadas social y políticamente
que otras mujeres. Incluso, desde los registros históricos de la década de 1920
puede notarse, claramente, cómo las demandas de las trabajadoras (mineras, en
el mayor de los casos), no hacían parte de las demandas de las mujeres de clase
alta. Se trató del Ateneo femenino, una de las primeras organizaciones
feministas de Bolivia que velaba, inicialmente, por los intereses y derechos de
las mujeres de clase alta.
El
Ateneo Femenino organizó en 1925 “una primera Convención de Feministas que
reunió a una comisión con el fin de analizar la Constitución para incluir el
derecho de voto para las mujeres que sabían leer y escribir” […]. En esta
participaron, según Álvarez (2011), “la Federación Obrera del Trabajo (FOT), la
Federación Obrera Femenina (FOF) y del Sindicato Femenino de Oficios Varios”.
La misma “fracasó puesto que hubo discordancias entre las mujeres de los
centros femeninos y las mujeres sindicalistas en cuanto a objetivos,
reivindicaciones e incluso concepciones del lugar que ocupaban las mujeres en
la sociedad”. (Álvarez, 2011, p. 7, como se citó en Cuevas Velázquez, 2022, p.
2)
Esto refleja que las mujeres indígenas
y campesinas al estar en un lugar socialmente más subordinado y vulnerable, no son
meramente invisibilizadas dentro de sus propias comunidades, sino también por
las organizaciones y movimientos feministas urbanos, generalmente liderados por
mujeres de clases altas y con realidades muy diferentes que llegan a considerar
las luchas de las mujeres desde la idea de un sujeto universal. Esto hace que
las luchas de las mujeres indígenas tiendan a ser más lentas, porque los espacios
en los que están inmersas atraviesan la colonialización, las cosmovisiones, los
roles comunitarios, el género, etcétera. Asimismo, sus luchas también están
vinculadas a los derechos de sus territorios y de los recursos naturales,
porque su explotación repercute en el bienestar y la vida humana. Son demandas
que reconocen sus identidades, implicando la construcción de redes y espacios
de apoyos que impliquen luchas de despatriarcalización, es decir, de promover
la educación y participación de las mujeres en la sociedad para desmantelar y
resistir al patriarcado.
El trabajo de
visibilización de los derechos de las mujeres indígenas es arduo, ya que
múltiples factores se oponen constantemente a su liberación. En el hogar, por
ejemplo, se lucha contra la naturalización de los roles de género en el
trabajo, lo cual no es un problema menor porque sirve para justificar la
violencia institucional, instrumental y extractivista sobre sus territorios y
cuerpos. Desde esta perspectiva, el trabajo doméstico es mucho más que la mera
limpieza de la casa, como afirma Federici (2018), es servir a quienes ganan el
salario física, emocional y sexualmente, y también prepararlos para el trabajo
día tras día, sin libertad de protestar. Es la crianza y el cuidado de los hijos,
los futuros trabajadores, desde su nacimiento y durante sus años escolares,
ayudándolos y asegurándose de que actúen de acuerdo con las expectativas bajo
la lógica del capitalismo, el neoliberalismo y el patriarcado. Esto significa
que detrás de cada fábrica, empresa u oficina se oculta el trabajo de millones
de mujeres que han consumido su energía, su fuerza y, en suma, su vida física y
emociona (Federici, 2018). De tal manera que, para las mujeres indígenas, los
aspectos como el territorio-cuerpo-tiempo son relevantes en sus luchas, porque
el valor de la vida y la integridad humana no está separado de los espacios que
los seres humanos ocupan y de los que se sirven. Esta misma preocupación, por
decirlo de algún modo, implica enfrentarse a las estructuras hegemónicas desde
sus espacios de acción y bajo la reafirmación de sus identidades, tradiciones,
memoria, entre otros aspectos relevantes para sus luchas.
Los avances jurídicos
y políticos sobre los derechos de las mujeres en los años 90 y principios del
2000 establecieron nuevas pautas para fundamentar y articular otro tipo de
luchas y propuestas feministas. Estas luchas son de corte antipatriarcal,
antiracial, antineoliberal y, en suma, contra-hegemónicas, como las del
feminismo comunitario que surge de la convergencia de dos vertientes
importantes de las luchas populares en Bolivia: el feminismo autónomo boliviano
y los movimientos sociales que participaron en el proceso de cambio histórico
durante las guerras del agua y del gas. Este movimiento feminista se
caracteriza por su enfoque en la comunidad, la despatriarcalización, la
descolonización y la autonomía, que busca resistir y desafiar las estructuras
de poder patriarcales y neoliberales. Reconoce que las mujeres indígenas y
campesinas desempeñaron un papel fundamental en la construcción de este
movimiento y en los acontecimientos históricos de protestas y manifestaciones,
aspirando a una sociedad más justa e igualitaria.
Las mujeres en las movilizaciones
sociales de 2000 y 2003 en Bolivia
Desde 1993, bajo las fuertes presiones
estadounidenses por la erradicación de los cultivos de coca y la lucha contra
el narcotráfico, se suscitaron una serie de conflictos en Bolivia que dieron
paso a la conformación de organizaciones sociales, particularmente de mujeres
cocaleras. Pinto Ocampo (2008), afirma que el conflicto por la defensa de la
vida y del cultivo de coca entre campesinos y el régimen hegemónico respaldado
por el gobierno boliviano ya tenía varios años, pero fue durante la primera
mitad de la década de los 90 que los enfrentamientos se agudizaron y se
propagaron las organizaciones y marchas sociales en el territorio.
La participación de
las mujeres en las distintas manifestaciones sociales por la defensa de la hoja
de coca y de la vida fue notoria. Esto se visibilizó a tal punto de que los
dirigentes y representantes de los productores (varones) decidieron, en dos
Congresos ordinarios consecutivos de las Federaciones del Trópico en 1992 y
1994, impulsar la organización de las mujeres (Zabalaga, 2004, p. 7). Estas
organizaciones estuvieron lideradas por Margarita Peredo y Eulogia Matías,
quienes se encargaron de constituir una unificación de las mujeres de las
diferentes regiones a través de una serie de acercamientos durante algún
tiempo. En 1992, las mujeres ya habían participado activamente en las
movilizaciones y acciones de defensa llevadas a cabo durante ese año.
La participación de
las mujeres campesinas e indígenas en las marchas por la vida y por la coca no
fue meramente a través de la movilización social en su función de protesta y de
la toma de los espacios públicos. A finales de 1995, el mismo año en el que se
agudizó la violencia y represión del Estado hacia los manifestantes, hubo
dificultades para llegar a determinados acuerdos y, de ese modo, rupturas de
diálogo entre los dirigentes de los cocaleros de la época y la Central Obrera
Boliviana (COB) con el gobierno. Sobre ese escenario, las mujeres cocaleras,
muchas de ellas integrantes de la Organización de Mujeres Indígenas Bartolina
Sisa, tras habérseles negado hablar con el presidente por ser mujeres,
decidieron hablar de mujer a mujer con la primera dama y la esposa del
vicepresidente con el fin de que estas sensibilizaran a sus maridos frente a la
crisis desencadenada; requerían diálogo y que las peticiones propuestas por
parte de los manifestantes fueran escuchadas y consideradas (Pinto Ocampo,
2004).
Negar a las mujeres la
posibilidad de hablar con el presidente muestra la intersección de las
múltiples formas de opresión relacionadas con el género, la etnia y la clase
social. Refleja el lugar que ocupan las mujeres como sujetas subalternas,
asumiéndolas incapaces de dialogar, debatir y proponer alternativas políticas
en los diferentes escenarios y contextos sociales. Sin embargo, el hecho de que
las mujeres cocaleras consiguieran hablar con la primera dama y la esposa del
vicepresidente es un ejemplo significativo de resistencia y agencia en un
contexto de exclusión e invisibilización patriarcal. No se trató de un acto
aislado o menor, ya que buscaron ser escuchadas y construir espacios legítimos
de diálogo, desafiando las estructuras patriarcales en busca del reconocimiento
de sus derechos y causas de protesta.
Su participación en
las manifestaciones sociales generadas por los conflictos de la hoja de coca
fue extensa y se presentó a través de diferentes federaciones. Las mujeres de
la provincia del Chapare, donde comenzaron estos conflictos, se organizaron y
crearon la Federación de Mujeres del Trópico. En este marco, se crearon principalmente
la Federación de Mujeres de Carrasco Tropical en 1994, a cargo de Felipa
Sánchez y Enriqueta Mendieta; la Federación Única de Mujeres de Centrales
Unidas en 1995, liderada por Eufrosina Rodríguez y Elena Poma, en la que
Margarita Terán se unió como ejecutiva en 1997; la Federación Campesina de
Mujeres del Trópico (FECAMTROP) en 1995, liderada por Margarita Peredo y
Eulogia Matías; la Federación de Mujeres de Chimoré en 1996, con Elena Almedras
como ejecutiva, en la que también participaron Juana Quispe y Lourdes Gaspar;
la Federación de Mujeres de Mamoré en 1997, a cargo de Eugenia Cavero como
ejecutiva y, finalmente, en 1999 se creó la Federación de Mujeres de Yungas
Chapare, liderada por Emiliana Salcedo (Pinto Ocampo, 2004).
Todas estas federaciones
organizaron y participaron en una serie de congresos ad hoc de mujeres, con el
fin de rechazar las propuestas de mercantilización de la tierra y territorio,
la violación de la soberanía por parte del gobierno estadounidense, exigir el
respeto a la vida, exigir igualdad de derechos para hombres y mujeres, el
derecho a ser dirigentes y tener clara participación en los asuntos políticos,
entre otros aspectos importantes. Esto no solo demuestra que las mujeres se
estaban apropiando de los distintos escenarios sociales de múltiples formas,
sino que cada vez se generaba una conciencia colectiva y necesidad de avanzar
en otros aspectos esenciales de la vida cotidiana: sus derechos. Las marchas
por la coca no solo marcaron el inicio de las grandes movilizaciones sociales
en Bolivia, también contribuyeron a que los colectivos de mujeres, las más
invisibilizadas históricamente, emprendieran la lucha por sus derechos y los de
sus pueblos, desafiando las distintas formas de opresión patriarcal dentro y
fuera de sus comunidades.
Ahora bien, en cuanto
a las crisis del agua y del gas, miles de mujeres formaron parte de las
protestas, al igual que en las marchas cocaleras, campesinas, indígenas y
empobrecidas que salieron a las calles a participar en la lucha. Cuando se suele
pensar en estas dos crisis sociales de inicios del 2000 desde una perspectiva
de género, son pocos los registros que se refieren directamente a la
participación de las mujeres; lo común, en pleno auge de los movimientos
sociales y la participación popular, es registrar los acontecimientos desde
categorías como campesinos, indígenas, estudiantes, etcétera, es decir, una
lucha y victoria del pueblo. Esto, desde luego, no implica la ausencia de las
mujeres en cada una de las protestas, porque es claro que los acontecimientos
desencadenados por la privatización del agua en Cochabamba y la exportación del
gas estuvieron atravesados y diversificados por la fuerza colectiva y el
trabajo conjunto de las mujeres, particularmente campesinas e indígenas, pero también
desde los feminismos autónomos de la época.
Sucede a menudo que
los protagonistas, escritores y guionistas siguen prestando poca relevancia a
la visibilización de las mujeres en los procesos sociales que tienen que ver con
la historia de un país; no le da el mérito que merece el trabajo que las
mujeres realizan de forma particular, sino que usan categorías no incluyentes,
invisibilizando y minimizando su participación y lucha en cada uno de los
levantamientos sociales. Por pequeño que parezca, es importante reconocer los
episodios en los que se menciona a las mujeres, porque desde allí se abren
caminos de luchas y reconocimientos de sus derechos. Un ejemplo de esto es que,
el primer día de insurrección por el agua, desde tempranas horas de la mañana comenzaron
las congregaciones de miles de manifestantes: “La característica fue el uso de
pancartas, carteles, pañuelos blancos, mixtura y serpentina. Las personas
concentradas fueron mujeres, niños, ancianos y personas mayores” (Salazar,
2011, p. 132).
Otra de las pocas
referencias específicas al papel de las mujeres en estas movilizaciones es un
relato peculiar relacionado con la Coordinadora del Agua, que refleja la
participación activa de las mujeres en todo el proceso de lucha y rebelión. Se
dice que “al principio del conflicto surgió una confusión —no muy casual—
cuando dirigentes de la Coordinadora buscaron refugio en un convento. Las
religiosas aceptaron refugiarlos y preguntaron: ‘¿Y dónde está la señora
Coordinadora? Será una mujer muy valiente, ¿no?’” (Peredo Beltrán, 2003, p.
29). Esto, lejos de ser un simple episodio o una anécdota, se convirtió en una
identidad colectiva, un símbolo de la participación y el trabajo de las mujeres
durante las protestas.
En estas
manifestaciones también hubo fuerte represión militar que dejaron todo tipo de
víctimas, Salazar Ortuño (2011), afirma que hubo decenas de mujeres heridas por
impactos de balines, gases y flagelaciones dejadas tras los enfrentamientos con
las fuerzas militares, pero no fue suficiente para contener a los
manifestantes, particularmente a las mujeres que apoyaron las movilizaciones
desde los diferentes escenarios. En otros medios de comunicación de la época,
como el Periódico Opinión, se menciona lo siguiente:
El
papel de las mujeres fue loable: Las amas de casa salieron hasta sus puertas
con agua, trapos, limones y vinagre ayudando a contrarrestar los efectos
irritantes de los gases lacrimógenos. Algunos manifestantes recibieron
alimentos de los ciudadanos y grupos que los prepararon, como forma de
agradecimiento. Los logros del congelamiento de tarifas y de luchar por los
intereses de la población beneficiarán a todos, gracias a la participación de
la gente en las protestas. (Periódico Opinión, Cochabamba 8 de abril de 2000,
como se citó en Salazar Ortuño, 2011, pp. 189-190)
En otros periódicos, como Los
Tiempos, también se relata parte de las múltiples formas en que las mujeres
participaron y ayudaron en estas movilizaciones sociales.
Decenas
de mujeres se dieron cita en la Plaza de Armas con bidones y bolsas de
alimentos para saciar el hambre y la sed de los manifestantes que en reiteradas
oportunidades gritaban a voz en cuello y al unísono: ¡Bánzer asesino! (Los Tiempos,
10 de abril de 2000, A-6, como se citó en Salazar Ortuño, 2011, p. 211)
Visibilizar la participación y el
reconocimiento social de las mujeres indígenas en estas movilizaciones no ha
sido una tarea fácil y, en la mayoría de los casos, forma parte de la
recuperación de los diarios y periódicos que hicieron alusión al desarrollo
informativo de las manifestaciones y conflictos sociales de la época. Detrás de
esto está el esfuerzo de muchas personas, lo cual contribuye a la
visibilización de que las organizaciones de mujeres han sido fundamentales para
pensar los momentos de cambios más significativos en el caso boliviano. También
está el esfuerzo de quienes han elaborado trabajos de campo, recuperando
relatos y testimonios de mujeres que participaron durante la guerra del agua y
del gas, como el de María Esther Udaeta, en 2006, quien entrevista a varias
mujeres que relatan lo siguiente:
Enfrentábamos
la represión policial, con piedras y palos. En algunos casos salíamos en
defensa de los detenidos y tratábamos de recuperarlos […]. Además, las mujeres
son las que dan el valor –somos más decididas–. Más fácilmente apresan a los
hombres a los jovencitos, en cambio a las mujeres es un poco difícil, nosotras
siempre los páramos. (Udeata, 2006, p. 179)
Otra de las mujeres entrevistadas
relató que:
Porque
era evidente que había participación de las mujeres, pero no se nos tomaba en
cuenta, verdad, quienes iban a dirigir, quienes iban a conformar la comisión
que iba a formar parte de la Coordinadora y que iban a venir a representar a la
Coordinadora eran solamente hombres y las mujeres teníamos que hacer otra clase
de actividades, pero menos ir a la cabeza. (Udeata, 2006, p. 180)
Durante la guerra del gas no fue muy diferente;
miles de mujeres salieron a las calles durante las protestas. Al igual que en
la guerra del agua, los periódicos y testimonios son los medios que más dan
cuenta de su múltiple participación social, porque no se trató meramente de
resistir en las calles, sino de contrarrestar la violencia ayudando a los
heridos, cocinando, proporcionando debates e ideas, participando en sus
organizaciones, etcétera. “Hemos salido en defensa del gas. Gas quieren
venderse. Nuestros hijos, ¿en qué va a quedar? Ya vamos a defender nuestros
hijos, nuestros nietos” (Cabezas Fernández, 2006, p. 78). Estas son palabras de
otro testimonio de las mujeres que participaron en la lucha social durante la
guerra del gas, que dan cuenta de su inmensa participación social en estos
conflictos, los cuales lograron expulsar a varias multinacionales extranjeras e
iniciar un proceso de cambio en las estructuras sociales de este país.
Conclusiones
En Bolivia, la revolución campesina de
1952 y el aterrizaje del neoliberalismo en los años 80 fueron clave para
comprender las organizaciones y manifestaciones sociales de los años 90 e
inicios del 2000. Durante todos estos conflictos, las mujeres tuvieron una
participación fundamental en las organizaciones sociales, que ha sido poco
reconocida en la conquista de los derechos de los pueblos originarios y la
defensa de los recursos naturales y el territorio. La defensa de la hoja de
coca fue uno de los momentos con gran participación social de las mujeres
cocaleras organizadas en federaciones, que desafiaban las estructuras
patriarcales en la búsqueda de reconocimiento y diálogo con las autoridades,
incluida la primera dama, a quien le pidieron sensibilizar al gobierno.
Las mujeres de estas
federaciones lucharon por los derechos de sus pueblos, pero también por los
suyos propios, que incluyen la participación política en diversos escenarios.
En el marco de los años 90, hubo avances significativos en los derechos de las
mujeres. Se promulgaron leyes como la Ley 1674 contra la violencia doméstica en
1995 y la Ley de Cuotas de Género en 1997, que fueron abriendo camino en los
avances de las luchas de las mujeres. No obstante, estas leyes no tuvieron
efectos inmediatos debido a las limitaciones y acoso que las mujeres recibían
por parte de los varones, así como por las intersecciones de opresión por
género, clase y etnia.
Durante las crisis del
agua y del gas, la participación de las mujeres indígenas fue igualmente
significativa para el derrocamiento de los proyectos gubernamentales de
privatización de estos recursos, aunque poco visibilizada en la memoria
colectiva de este país. En estos acontecimientos sociales, las mujeres
indígenas y campesinas no solo protestaron, sino que también apoyaron a los
manifestantes con alimentos, contrarrestando la violencia, y ayudando a los
heridos, entre otras actividades. Esto demuestra su resistencia y agencia en
contextos de violencia y exclusión, pero también de solidaridad con las
demandas del pueblo. El poco reconocimiento de las contribuciones en las luchas
sociales de las mujeres implica la marginación de sus demandas, habida cuenta
de que no se les considera como respuesta y solución para las crisis, pero
también limita las posibilidades para participar activamente en la construcción
de soluciones colectivas. Al no ser visibilizadas, se les niega la oportunidad
de contribuir con sus conocimientos, capacidades y experiencias para afrontar las
crisis sociales y sus propias demandas. Desde esos espacios de poca
visibilidad, se establecen barreras en la búsqueda plena de sus derechos. No
obstante, lejos de tantos límites y la vulnerabilidad a la que estuvieron
expuestas, las mujeres indígenas y campesinas hicieron un aporte fundamental a
las manifestaciones sociales de los 90 y durante las guerras del agua y del
gas. Los testimonios, relatos y noticias en varios periódicos de la época dan
cuenta de eso.
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