LA DIMENSIÓN LABORAL DE LOS FEMINICIDIOS EN MÉXICO (2015-2023)

THE LABOR DIMENSION OF FEMINICIDE IN MEXICO (2015-2023)

Julia Juárez García[1]

Uberto Salgado Nieto[2]

José Nabor Cruz Marcelo[3]

DOI: https://doi.org/10.32870/lv.v7i63.8059

Resumen

Las condiciones laborales de las mujeres en México no solo reflejan desigualdades económicas, sino que también refuerzan su exposición a formas extremas de violencia ancladas en estructuras patriarcales. Este estudio explora la relación entre ingresos, ocupación y nivel educativo con la violencia feminicida, a través del Estatus Social Relativo Laboral (ESRL) como herramienta analítica. A partir de un conjunto modelos de datos panel con información trimestral de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se analizan las 32 entidades federativas entre 2015 y 2023. Los resultados revelan una asociación significativa entre las condiciones laborales de las mujeres y los feminicidios. En particular, se identifica una asociación significativa: mayores ingresos y menor subocupación femenina con alta escolaridad se vinculan con menor violencia feminicida. Sin embargo, tras la pandemia de COVID-19, esta tendencia se revierte: el incremento de ingresos se asocia con un alza en los feminicidios, al igual que una mayor participación femenina en sectores altamente calificados. Esto sugiere la persistencia de tensiones estructurales frente al avance de las mujeres en el mercado laboral. Los hallazgos destacan la necesidad de políticas públicas que aborden tanto la violencia de género como las desigualdades estructurales que la perpetúan.

Palabras clave: Feminicidios, Mercado laboral, Violencia de género, Desigualdad de género, Estatus social relativo

JEL: J16, B54, K14

Abstract

Women's labor conditions in Mexico not only reflect economic inequalities but also reinforce their exposure to extreme forms of violence rooted in patriarchal structures. This study explores the relationship between income, occupation, and educational attainment and femicide, using the Relative Labor Social Status (ESRL) as an analytical tool. Based on a set of panel data models with quarterly information from the National Survey of Occupation and Employment (ENOE), the analysis covers all 32 Mexican states from 2015 to 2023. The results reveal a significant association between women's labor conditions and femicide rates. Specifically, higher income and lower underemployment among highly educated women are associated with lower levels of femicide. However, this trend reverses after the COVID-19 pandemic: increases in income and greater female participation in highly skilled sectors are linked to a rise in femicides. These findings suggest the persistence of structural tensions in response to women's advancement in the labor market. The study underscores the urgent need for public policies that address both gender-based violence and the structural inequalities that sustain it.

Keywords: Femicides, Labor market, Gender-based violence, Gender inequality, Relative social status

JEL: J16, B54, K14

Recepción: 16 de octubre de 2024/Aceptación: 02 de mayo de 2025

Introducción

La visibilización del feminicidio como forma extrema de la violencia de género ha ampliado el debate sobre sus causas y soluciones (Hernández-Flórez et al., 2024), destacando las condiciones laborales de las mujeres, ya que las desigualdades en el acceso y calidad del empleo pueden aumentar su vulnerabilidad (Pina Canseco et al., 2020; Kerr-Wilson et al., 2020). Este análisis requiere un enfoque interdisciplinario que reconozca su dimensión estructural, siguiendo el modelo ecológico de Heise (1998), que concibe la violencia como un fenómeno multicausal presente en diversos ámbitos sociales.

Las desigualdades laborales no solo limitan el acceso de las mujeres a recursos, sino que refuerzan su subordinación en contextos patriarcales, lo que debilitó su estatus social y amplía su vulnerabilidad ante relaciones de poder desiguales. Esta subordinación se sustenta, según Pratto y Walker (2004), en cuatro pilares: fuerza, control de recursos, responsabilidades sociales e ideología de género, que explican la persistencia de las brechas laborales y evidencian las limitaciones de los marcos económicos tradicionales.

Entre los modelos económicos con enfoque de género que explican las desigualdades estructurales en el mercado laboral, se distinguen tres principales. El primero, la teoría neoclásica, atribuye las brechas salariales a diferencias en calificación y productividad asociadas al capital humano, y sugiere que el compromiso familiar limita la participación femenina (Becker, 1981). No obstante, esta perspectiva omite las relaciones de poder y la discriminación estructural.

El segundo, el enfoque del mercado dual, cuestiona la visión neoclásica al señalar la segmentación del empleo en un sector primario, estable y mejor remunerado, y uno secundario, precario y mal pagado, donde se concentran mayoritariamente las mujeres (Klimczuk y Klimczuk-Kochańska, 2016). El tercero, el enfoque de segregación de género, distingue entre la segregación horizontal –ocupaciones diferenciadas por género– y la vertical –subrepresentación femenina en puestos de liderazgo– (Anker, 1998; Barberá et al., 2011; Martínez León y Marengo, 2021).

Sin embargo, el vínculo entre el empoderamiento económico y la violencia de género continúa siendo objeto de debate. Aunque una baja autonomía económica puede aumentar la vulnerabilidad de las mujeres frente a situaciones de violencia (Kerr-Wilson et al., 2020; Cools y Kotsadam, 2017), el acceso a recursos materiales no implica necesariamente una reducción del riesgo (Bergvall, 2024). Esta ambigüedad se explica por la persistencia de estructuras ideológicas que reproducen jerarquías de género (Pratto y Walker, 2004), lo que limita el alcance del empoderamiento económico (Megías y Montañés, 2012). En este sentido, se vuelve indispensable avanzar hacia transformaciones estructurales y culturales que cuestionen y desmantelen dichas desigualdades (Navarro Mantas, 2022).

Este artículo examina la relación entre las condiciones laborales de las mujeres y la violencia de género en México, con particular atención en los feminicidios y el impacto de la pandemia de COVID-19. Se parte de la hipótesis de que la mejora en las condiciones laborales no conlleva necesariamente una reducción de la violencia, debido a la persistencia de factores estructurales, sociales e ideológicos que limitan el alcance del empoderamiento económico. Con este propósito, se propone una herramienta metodológica –el Estatus Social Relativo Laboral (ESRL)– que permite analizar esta relación a nivel estatal entre 2015 y 2023, contemplando tres posibles dinámicas: mejora, protección o reacción negativa. El análisis se realiza mediante una metodología de datos panel, a partir de información trimestral proveniente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los resultados validan el ESRL para explorar la violencia feminicida. Tras la pandemia, entre 2021 y 2023, el aumento de ingresos femeninos se correlaciona positivamente con los feminicidios, en contraste con la tendencia negativa entre 2015 y 2019. Asimismo, la asociación entre feminicidios y el porcentaje de mujeres empleadas con altos niveles educativos sugiere una reacción adversa ante su creciente presencia en posiciones de influencia, impulsada por dinámicas patriarcales. También se ha revertido la relación entre el empleo en el sector secundario y los feminicidios, lo que indica un retroceso en la equidad de género y nuevas vulnerabilidades para las mujeres en el mercado laboral postpandemia. Estos hallazgos resaltan la urgente necesidad de implementar políticas integrales que se ocupen de las raíces socioeconómicas y estructurales de la violencia de género.

Este arículo se organiza en cinco secciones, además de la introducción. La primera delimita la tipificación del feminicidio en México; la segunda presenta el Estatus Social Relativo Laboral (ESRL) como herramienta de análisis; la tercera expone hechos estilizados sobre empleo femenino y feminicidios; la cuarta presenta el modelo de datos panel y los resultados; y la quinta ofrece las conclusiones del estudio.

El feminicidio en México

Las mujeres enfrentan diversas formas de violencia, impulsadas por actitudes misóginas profundamente arraigadas y legitimadas. La mayoría de las víctimas sufre agresiones reiteradas, que responden a dos patrones: uno severo y creciente, y otro moderado asociado a estallidos ocasionales de violencia (Heise y García-Moreno, 2002). En este marco, el feminicidio constituye la forma más extrema de violencia en relaciones íntimas y refleja también una violencia institucional amparada en la impunidad (Castellano Suárez et al., 2023).

En México, el reconocimiento del feminicidio surgió a raíz de los asesinatos de mujeres en la maquila de Ciudad Juárez (Monárrez, 2002). Lagarde (2005, 2024) lo definió como una forma agravada de homicidio de mujeres que evidencia responsabilidad estatal por su omisión ante crímenes evitables. A diferencia del femicidio, que alude solo al asesinato por razones de género, el feminicidio expone la dimensión estructural de la violencia y la impunidad institucional (Pasinato y de Ávila, 2023).

La ratificación de las convenciones CEDAW y Belém do Pará fortalecería las políticas contra la violencia de género en México. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el feminicidio como la forma más extrema de violencia, impulsada por la misoginia y la impunidad. Sin embargo, su inclusión en los códigos penales ha encontrado resistencia debido a conceptos misóginos como el crimen pasional, que perpetúan la supremacía masculina (Velasco Domínguez, 2023). En 2012, el feminicidio fue integrado como delito grave en el Código Penal Federal, lo que implicó ajustes en su castigo y criterios de acreditación, reflejando violaciones previas a los derechos de las mujeres.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2021), el feminicidio está tipificado en los códigos penales de las 32 entidades federativas de México, aunque en siete de ellas se clasifica como homicidio (Chiapas, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala). En Nayarit, el homicidio de mujeres por motivos de misoginia se define utilizando los mismos elementos del feminicidio. La principal diferencia entre las legislaciones radica en las penas, siendo la sanción máxima de 70 años de prisión en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Jalisco y Veracruz. Adicionalmente, los criterios para la acreditación y condena dificultan tanto el seguimiento de las cifras como el análisis de la magnitud del delito.

Este artículo sostiene que la discriminación laboral de género es una manifestación de la violencia contra las mujeres, vinculada al feminicidio. Al igual que su tipificación, que evidencia la violencia estructural impulsada por la misoginia y la impunidad, las condiciones laborales refuerzan este ciclo de violencia. Así, este estudio aporta al análisis de cómo la dimensión laboral incide en la violencia extrema de género.

Estatus Social Relativo Laboral (ESRL)

Una vía para articular las dimensiones sociales con la violencia de género es el Estatus Social Relativo (ESR), definido por Liu y Fullerton (2015), mismo que integra factores educativos, económicos y políticos. Este estudio propone una ampliación del concepto mediante el Estatus Social Relativo Laboral (ESRL), (ver Figura 1).

Figura 1. Dimensiones del Estatus Social Relativo Laboral.

Fuente: Elaboración propia.

En primer lugar, en la dimensión económica, se reconoce la relevancia del nivel de ingresos para la autonomía, sin embargo, por sí solo no garantiza la erradicación de la violencia. Córdova López (2017) advierte que el control económico puede persistir incluso con mayores ingresos, limitando la independencia femenina y, en algunos casos, reforzando el poder masculino sobre los recursos.

En segundo lugar, la inclusión de la dimensión educativa en el modelo busca cuestionar la perspectiva neoclásica que vincula la violencia de género únicamente con mujeres de baja escolaridad, sin considerar los factores estructurales ni la responsabilidad de los agresores. Aunque diversos estudios señalan que las mujeres con menor educación y recursos enfrentan mayores riesgos de violencia (Ahmadabadi et al., 2020), también se ha documentado un aumento de la violencia entre mujeres con alto nivel educativo e ingresos (Garrido Lastra y Tapia Marchina, 2022). Esto pone de manifiesto que la relación entre educación y violencia es más compleja de lo que tradicionalmente se ha asumido (Weissman, 2022).

Finalmente, se incorpora la dimensión política del empleo para examinar el impacto de la participación femenina en cargos directivos sobre los niveles de violencia extrema de género. Diversas investigaciones sobre liderazgo y dinámicas organizacionales abordan esta relación (Moncayo Orjuela y Zuluaga, 2015). En este contexto, destaca el concepto de "techo de cristal", introducido por Segerman-Peck (1991), que describe la barrera invisible que limita el acceso de mujeres altamente cualificadas a puestos jerárquicos. Este fenómeno, basado en estereotipos de género arraigados en las organizaciones, perpetúa la exclusión femenina de los espacios de poder y toma de decisiones (Camarena Adame y Saavedra García, 2018).

En general, el enfoque multidimensional que aquí se propone busca mostrar que las desigualdades de género se arraigan en las estructuras sociales, según la perspectiva ecológica de Heise (1998), que sostiene que la violencia de género debe abordarse no solo desde factores individuales, sino también desde las estructuras culturales que la perpetúan. Suponer que el acceso a mejores ingresos, educación o empleo erradicará la violencia de género es una visión reduccionista que revictimiza a las mujeres, al centrarse en su situación laboral en lugar de la responsabilidad de los agresores. Como señalan Bosch-Fiol y Ferrer-Pérez (2012), esta lógica reproduce los "mitos de la violencia de género", como el de la marginalidad, que vincula la violencia solo con la pobreza, obviando su raíz estructural y cultural (Expósito, 2011). Mejorar las condiciones laborales es fundamental, pero insuficiente mientras persistan las estructuras de desigualdad y no se enfrente la responsabilidad de los agresores.

Este planteamiento es clave al observar que, en economías desarrolladas, el empoderamiento económico y educativo de las mujeres se asocia con una disminución de la violencia de género (Htun y Jensenius, 2022). En cambio, en economías en desarrollo se ha visto que la mejora de sus condiciones laborales en algunas ocasiones puede desafiar normas sociales y generar reacciones violentas de quienes buscan preservar su dominio (Mishra y Kray, 2022).

Tomando en cuenta lo anterior, la Tabla 1 presenta las hipótesis relacionadas con las dimensiones del Estatus Social Relativo Laboral (ESRL), basadas en la literatura feminista y criminológica (Gu y Zhong, 2024). La primera hipótesis, de mejora, sugiere que una mayor autonomía de las mujeres, impulsada por mejores ingresos y educación, puede reducir la violencia extrema de género.

Tabla 1. Estatus Social Relativo Laboral: Hipótesis.

Fuente: Elaboración propia con base en Liu y Fullerton (2015).

En segundo lugar, la hipótesis de protección sugiere que, al alcanzar un mayor estatus social, las mujeres adquieren más capacidad para influir en el ámbito político y promover cambios que favorezcan su bienestar (Liu y Fullerton, 2015). Desde la perspectiva del ESRL, una menor incidencia de violencia extrema podría asociarse con el empoderamiento profesional de las mujeres, al fortalecer su posición relativa. Sin embargo, si la relación es positiva, el empoderamiento laboral político, podría interpretarse como una respuesta reactiva machista ante la percepción de pérdida de control. Por último, la hipótesis de reacción negativa sostiene que el avance de las mujeres en los ámbitos económico y educativo puede desencadenar una respuesta violenta de los hombres, al percibir una amenaza a su dominio político y económico. En el siguiente apartado, se presentarán hechos estilizados relevantes para el contexto mexicano.

Feminicidios y condiciones laborales en México

La violencia extrema de género en México tiene su origen en los feminicidios de trabajadoras maquiladoras en Ciudad Juárez durante los años noventa, que atrajeron la atención internacional. Estos crímenes, aún impunes, reflejan la persistencia de la violencia (Tirado Villegas y Carreto Tirado, 2024). La industrialización impulsada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) atrajo mano de obra migrante de estados empobrecidos, pero también consolidó la violencia de género, empeorada por el deterioro urbano y los enfrentamientos entre cárteles (Cervera Gómez et al., 2010). La industria maquiladora transformó los roles de género sin crear redes de protección adecuadas (Pineda Jaimes y Herrera Robles, 2007; Gutiérrez Amparán, 2022). Las políticas ineficaces son evidentes en el aumento de casos de violencia entre 2015 y 2023 (ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Número de feminicidios en México entre 2015-2023 (trimestral).

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023).

Los datos sobre feminicidios a nivel estatal revelan que entidades como Chihuahua y Nuevo León, que comparten frontera con Estados Unidos y albergan importantes centros industriales como Ciudad Juárez y Monterrey, experimentaron las mayores variaciones en la tasa de feminicidios entre 2015 y 2023. Esta tasa se calcula por cada 100,000 mujeres en edad laboral, como se observa en la Tabla 2.

Tabla 2. Feminicidios por Entidad Federativa (Mujeres de 18 años y más).
		2015		2023		Variación (2015-2023)
Entidad		Fem	F/PEA*	Fem	F/PEA*	Fem	F/PEA*
00	Nacional	333	1.678	715	2.905	382	1.227
01	Aguascalientes	0	0.000	2	0.720	2	0.720
02	Baja California	10	1.641	17	2.280	7	0.639
03	Baja California Sur	0	0.000	2	1.067	2	1.067
04	Campeche	3	2.211	12	7.076	9	4.865
05	Coahuila	15	3.077	10	1.641	-5	-1.435
06	Colima	5	3.480	6	3.634	1	0.154
07	Chiapas	30	5.444	28	3.863	-2	-1.581
08	Chihuahua	0	0.000	43	5.929	43	5.929
09	Ciudad de México	57	2.892	54	2.459	-3	-0.434
10	Durango	2	0.716	10	2.973	8	2.256
11	Guanajuato	18	1.820	24	2.063	6	0.243
12	Guerrero	0	0.000	14	2.002	14	2.002
13	Hidalgo	0	0.000	16	2.514	16	2.514
14	Jalisco	57	4.101	29	1.676	-28	-2.425
15	Estado de México	40	1.475	71	2.094	31	0.619
16	Michoacán	9	1.270	15	1.686	6	0.416
17	Morelos	12	3.764	33	8.690	21	4.926
18	Nayarit	0	0.000	6	2.268	6	2.268
19	Nuevo León	1	0.115	64	5.630	63	5.515
20	Oaxaca	8	1.247	37	4.699	29	3.452
21	Puebla	7	0.686	30	2.355	23	1.669
22	Querétaro	6	1.889	8	1.639	2	-0.249
23	Quintana Roo	0	0.000	15	3.780	15	3.780
24	San Luis Potosí	2	0.468	10	1.848	8	1.379
25	Sinaloa	12	2.340	26	4.250	14	1.910
26	Sonora	15	2.805	28	4.604	13	1.799
27	Tabasco	2	0.600	17	4.145	15	3.545
28	Tamaulipas	0	0.000	16	2.346	16	2.346
29	Tlaxcala	1	0.463	14	5.063	13	4.600
30	Veracruz	20	1.933	40	3.011	20	1.078
31	Yucatán	1	0.255	8	1.559	7	1.304
32	Zacatecas	0	0.000	10	3.763	10	3.763

*Feminicidios por cada 100,000 mujeres pertenecientes a la Población Económicamente Activa

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023).

Entre 2015 y 2023, la violencia extrema de género en México incrementó, afectando a todas las entidades federativas, siendo Nuevo León la más impactada. A pesar de este aumento, el Estado ha priorizado atraer inversión extranjera, flexibilizando las regulaciones laborales para captar empresas transnacionales que buscan menores exigencias, según Olney (2013). Esta estrategia, vinculada históricamente a la violencia en la industria maquiladora, ha sido agravada por la globalización y la precarización laboral, especialmente entre trabajadoras, con efectos negativos tras la pandemia (Sotelo Valencia, 1998).

Las Gráficas 2.1 y 2.2 muestran la distribución de la población ocupada por nivel de ingreso. Desde 2018, ha crecido el porcentaje de personas que ganan hasta un salario mínimo, alcanzando el 40% en mujeres y el 30% en hombres en 2023. A su vez, disminuyó el porcentaje de quienes ganan más de tres salarios mínimos, con un aumento en los que reciben hasta un salario mínimo en mujeres y entre uno y dos salarios en hombres.[4]

A nivel estatal, se destaca el aumento de mujeres que ganan hasta un salario mínimo en las regiones centro (Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala) y norte (Baja California, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas), y la disminución de las que perciben más de cinco salarios mínimos (ver Tabla 3). Este fenómeno está relacionado con el crecimiento de la industria maquiladora, en otras regiones del país.

Gráfica 2.1. Porcentaje de población ocupada de Mujeres según nivel de ingresos

(2015-2023).

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023).

Gráfica 2.2. Porcentaje de población ocupada de Hombres según nivel de ingresos

(2015-2023).

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023).

Tabla 3. Porcentaje de mujeres que perciben hasta un salario mínimo o más de cinco salarios mínimos por Entidad Federativa (2015-2023).
		2015		2023		Variación (2015-2023)
Entidad		HSM	MCSM	HSM	MCSM	HSM	MCSM
00	Nacional	19.15	4.88	42.55	0.85	23.40	-4.03
01	Aguascalientes	10.15	2.3	24.075	2.15	13.93	-0.15
02	Baja California	7.925	3.35	33.475	2.75	25.55	-0.60
03	Baja California Sur	12.8	2.725	26.95	2.05	14.15	-0.68
04	Campeche	22.45	2.075	51.4	1.625	28.95	-0.45
05	Coahuila	11.625	4	31.85	1.45	20.23	-2.55
06	Colima	17.675	3.95	35.6	1.6	17.93	-2.35
07	Chiapas	35.075	3.4	60.325	1.6	25.25	-1.80
08	Chihuahua	6.55	3.625	36.125	1.725	29.58	-1.90
09	Ciudad de México	13.675	5.675	40.125	1.325	26.45	-4.35
10	Durango	20.025	6.125	43.75	1.7	23.73	-4.43
11	Guanajuato	20.575	5.05	40.225	1.65	19.65	-3.40
12	Guerrero	26.3	5.725	51.125	1.325	24.83	-4.40
13	Hidalgo	27.65	7	51.65	1.025	24.00	-5.98
14	Jalisco	14.85	6.6	29.725	1.325	14.88	-5.28
15	México	20.55	6.1	46.7	1.1	26.15	-5.00
16	Michoacán	23.75	7.175	47.55	0.825	23.80	-6.35
17	Morelos	17.7	5.85	37.45	1.775	19.75	-4.08
18	Nayarit	23.975	6.375	38.5	1.4	14.53	-4.98
19	Nuevo León	10.575	6.4	26.05	1.225	15.48	-5.18
20	Oaxaca	31.225	5.8	55.325	1.125	24.10	-4.68
21	Puebla	26.075	4.2	50.575	2.1	24.50	-2.10
22	Querétaro	10.475	4.55	32.4	2.05	21.93	-2.50
23	Quintana Roo	14.925	4.425	37.425	1.95	22.50	-2.48
24	San Luis Potosí	20.65	4.325	39.875	1.7	19.23	-2.63
25	Sinaloa	14.45	3.7	33.125	2.975	18.68	-0.73
26	Sonora	12.85	4.6	33.85	2.425	21.00	-2.18
27	Tabasco	21.025	4.05	50.5	2.575	29.48	-1.48
28	Tamaulipas	16.925	3.575	51.875	2.275	34.95	-1.30
29	Tlaxcala	25.975	2.6	56.925	3.325	30.95	0.73
30	Veracruz	25.175	2.1	53.675	2.975	28.50	0.88
31	Yucatán	29.225	2.425	51.95	3.1	22.73	0.68
32	Zacatecas	21.85	1.925	43.825	3.025	21.98	1.10
HSM: Hasta un salario mínimo MCSM: Más de cinco salarios mínimos

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023).

Por su parte, la variación en la distribución salarial refleja el impacto desproporcionado de la pandemia sobre las mujeres, agravado por desigualdades preexistentes (Ferreyra Beltrán, 2020). Una expresión de esto, es que las mujeres con niveles educativos más altos enfrentan tasas de desempleo más elevadas que sus homólogos masculinos, superada por el choque de la Pandemia (ver Gráfica 3).

Gráfico 3. Tasa de desocupación: Nivel educativo Medio superior y superior (2015-2023).

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023).

Teniendo este escenario en cuenta, el siguiente apartado presenta la evidencia a través de la modelación de las variables que componen el ESRL, considerando la compleja relación presentada en este apartado respecto a los fenómenos que acompañan a cada variable. El objetivo será probar la validez de una relación entre el los feminicidios en México y el ESRL.

Feminicidios y Estatus Social Relativo Laboral

Ahora, el objetivo es explorar la relación entre las condiciones laborales de las mujeres, a través del Estatus Social Relativo Laboral (ESRL), y el feminicidio en México, como se presenta en la Tabla 1, empleando datos trimestrales estatales entre 2015 y 2023. A continuación, se detalla la metodología con datos panel, seguida de las estimaciones y discusión de los resultados.

A. Modelo con datos panel

El uso de modelos de datos panel es común en estudios de género, como el análisis de la relación "en forma de U" entre la participación femenina y el desarrollo económico (Zuazu, 2024). Esta metodología permite comparar contextos nacionales y detectar patrones estructurales. Al combinar variabilidad entre unidades y cambios a lo largo del tiempo, mejora la precisión de las estimaciones, reduce la multicolinealidad y controla variables no observadas. Si bien, el modelo busca validar empíricamente la relación entre las variables, no se pretende establecer causalidad, sino reforzar el análisis microfundamentado a nivel estatal. El tratamiento econométrico sigue el enfoque de Cameron y Trivedi (2010), a partir de la expresión:

Siendo los regresores, los efectos individuales y , el error idiosincrático. En este contexto, los efectos de la heterogeneidad no observada ( ) pueden tratarse como variables aleatorias, utilizando el modelo de efectos aleatorios ( ), estimado mediante los mínimos cuadrados generalizados factibles (FGLS). En tal caso, se asume que es puramente aleatorio y no correlacionado con los regresores. Alternativamente, puede considerarse como parámetros fijos, lo que correspondería al modelo de efectos fijos, la decisión se establece a través de la prueba de Hausman donde representa el error idiosincrático.

B. Resultados: Análisis estatal del ESRL y los feminicidios

El modelo general propuesto en la Figura 1, sugiere una relación entre la incidencia de feminicidios y las tres dimensiones del ESRL: educativa, económica y política. Esta relación, se expresa en la siguiente ecuación:

Para comprender la integración de la base de datos, la Tabla 4 desglosa las variables que corresponden a cada una de las dimensiones definidas en la Figura 1. En la dimensión económica, se incluyen mujeres con ingresos inferiores a un salario mínimo y superiores a cinco salarios mínimos. La dimensión político-laboral distingue entre trabajadoras por cuenta propia, asociadas al trabajo precario sin contrato formal ni prestaciones (de Oliveira y Ariza, 2000) y mujeres en sectores profesionales, financieros y corporativos, con roles de liderazgo. Por último, la dimensión educativa abarca a mujeres subempleadas con estudios de nivel medio superior y superior.

Tabla 4. Variables independientes del modelo panel.
		Feminicidios (Fem)
Dimensión Económica ( )	Nivel de Ingreso	Hasta un salario mínimo (HSM) Más de 5 salarios mínimos (MCSM)
Dimensión Política del empleo ( )	Posición en el empleo	Trabajadoras por cuenta propia (CP) Servicios profesionales, financieros y corporativos (Serv. P.)
Dimensión Educativa ( )	Nivel Educativo	Población subocupada con educación media superior-superior (PS-MS)
Condiciones generales de empleo		Tasa de Ocupación en el Sector Informal (TOSI) Sector Secundario (SS) Tasa de Desocupación (TD)
Variable de Control		Tasa de Subocupación de los Hombres (TSH)

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023).

Las condiciones laborales se evalúan mediante indicadores como la Tasa de Ocupación en el Sector Informal, el empleo en el Sector Secundario y la Tasa de Desocupación. La Tabla 5 presenta las variables del estudio, que abarca de 2015 a 2023, excluyendo 2020 por su atipicidad. Este enfoque permite analizar la evolución laboral antes y después de la pandemia, considerando el inicio de los registros de feminicidios en 2015.

En primer lugar, se observa un incremento en el promedio nacional de feminicidios, acompañado de una mayor variabilidad entre entidades federativas, lo que evidencia una creciente concentración regional del fenómeno. En el tercer trimestre de 2020, el Estado de México alcanzó el mayor número de casos registrados en un solo trimestre, con un total de 40 feminicidios. De forma paralela, se observa una disminución en el porcentaje de mujeres con ingresos superiores a cinco salarios mínimos, que pasó del 3.01 % en el periodo 2015-2019 al 2.76 % entre 2021 y 2023.

Tabla 5. Estadística descriptiva por periodos.
	2015-2023
	Media	Desviación Estándar			Min	Max
	Media	Within	Between	Overall	Min	Max
Fem	5.2285	3.7491	4.6057	5.8843	0	40
HSM	28.3465	8.4531	8.5094	11.9023	5.3	62.6
MCSM	2.8736	2.3502	0.1783	2.3567	0.1	14.4
CP	22.8707	6.4975	0.4906	6.5155	10.6	43.3
PS-MS	36.0510	9.3975	1.1695	9.4678	11.4	78.4
TSH	9.1507	2.8748	3.6598	4.6100	0.5	27.7
	2015-2019
	Media	Desviación Estándar			Min	Max
	Media	Within	Between	Overall	Min	Max
Fem	4.5921	3.7308	4.1508	5.5350	0	34
HSM	22.4071	3.7124	8.0638	8.7678	5.3	50.4
MCSM	3.0164	2.5850	0.2474	2.5965	0.1	14.4
Serv. P.	6.5699	2.8526	0.2814	2.8661	1.9	17.7
TOSI	27.4957	8.6024	0.7761	8.6363	11.4	51.2
SS	16.9021	6.9007	0.5580	6.9226	5.8	37.2
	2021-2023
	Media	Desviación Estándar			Min	Max
	Media	Within	Between	Overall	Min	Max
Fem	6.1041	2.9203	5.3919	6.0635	0	35
MSCM	2.7565	2.0060	0.3632	2.0377	0.2	10.8
Serv. P.	6.3512	2.0814	0.3460	2.1092	2.1	12.4
TOSI	28.2812	8.1974	1.1186	8.2712	11.1	46.9
SS	17.4919	6.5466	0.5983	6.5731	5.3	34.2
TSH	9.4101	2.5762	3.7814	4.5305	0.7	22.5

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023).

Finalmente, el análisis descriptivo muestra un incremento en la participación de las mujeres en el sector secundario tras la pandemia, lo que refleja una mayor precariedad laboral, dada la histórica vulnerabilidad de este sector, como se indicó previamente. A nivel agregado, destaca el caso de Baja California, donde el porcentaje de mujeres subempleadas con estudios de nivel medio superior y superior alcanzó un máximo de 78.4 %. En general, se advierte un deterioro significativo en las condiciones laborales de las mujeres en el periodo posterior al COVID-19, como lo señalan diversos estudios (Rodríguez Pedraza, 2020).

Ahora, la Tabla 6 presenta los resultados del modelo de panel estimado para tres periodos distintos, con los feminicidios como variable dependiente: (1) 2015-2023, (2) 2015-2019 y (3) 2021-2023. En todos los casos, el Factor de Inflación de la Varianza (VIF) fue inferior a 10, lo que respalda la robustez y precisión de las estimaciones obtenidas.

Tabla 6. Modelo Panel por Periodos
		Feminicidios
		2015-2023	2015-2019ª	2021-2023ª
Nivel de Ingreso	HSM	0.0778*** [R] (0.0205)	0.0749* (0.0357)
Nivel de Ingreso	MCSM	-0.4560*** [L] (0.1531)	-0.4529** [L] (0.1423)	0.4724*** [L] (0.0802)
Posición en el empleo	CP	-0.0356** (0.0167)
Posición en el empleo	Serv. P.		0.1124 (0.0679)	0.1973*** (0.0431)
Condiciones generales de empleo	TOSI		0.0922*** [R] (0.0220)	-0.0101 [R] (0.0143)
	SS		-0.0464* (0.0220)	0.0495*** (0.0098)
	TD			0.2133 (0.1252)
Nivel Educativo	PS-MS	-0.0389*** (0.0167)
Variables de Control	TSH	0.1227 (0.0676)
Constante		4.5696***	0.8634	3.0448**
Constante		(1.1966)	(1.9374)	(0.7118)
No. Observaciones		1056	608	352
No. De Grupos		32	32	32
No. De Periodos		35	20	16
Prueba de Hausman		0.7712	0.2965	0.0092
Prueba de Ramsey		0.5768	0.1918	0.1323
ªDriscoll y Kraay para el control de posible dependencia en sección cruzada y heterocedasticidad (Ver Hoechle, 2007) L: Logaritmo natural R: Un rezago p<0.05, p<0.01, **p<0.001 Nota: Se presenta entre paréntesis la desviación estándar de cada estimador

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023).

El modelo de panel del periodo completo confirma una relación significativa entre las condiciones laborales de las mujeres y los feminicidios, validando el uso del Estatus Social Relativo Laboral (ESRL). Se observa una correlación positiva entre bajos ingresos (hasta un salario mínimo) y feminicidios y negativa cuando los ingresos superan los cinco salarios mínimos, apoyando la hipótesis de mejora. Además, la relación negativa entre subocupadas con altos niveles educativos y violencia feminicida, destaca la necesidad de mejorar las oportunidades laborales para reducir la violencia de género. Las trabajadoras por cuenta propia muestran una relación inversa con los feminicidios, reforzando que las condiciones laborales influyen en la violencia extrema. En resumen, el ESRL muestra que las condiciones laborales son clave para explica la incidencia de feminicidios, según el modelo econométrico.

C. Resultados por periodos

La segmentación de los datos en dos periodos revela cambios importantes. Entre 2015 y 2019, se observa una relación negativa entre ingreso y feminicidios, lo que respalda la hipótesis de mejora. También se identifica una correlación positiva con el empleo informal, lo que destaca la importancia de la estabilidad laboral y otras condiciones relacionadas.

Entre 2021 y 2023, los feminicidios se correlacionan positivamente con altos ingresos y empleo en sectores profesionales, respaldando la hipótesis de reacción negativa ante el avance femenino en espacios de poder. Esta correlación sugiere que la violencia puede intensificarse cuando las mujeres acceden a posiciones influyentes, aunque no implica causalidad, sino la validez empírica del vínculo propuesto.

Resulta relevante destacar que, en el periodo posterior a la pandemia, la relación entre el empleo en el sector secundario y la incidencia de feminicidios se torna positiva. Un patrón similar se observa en el caso de las mujeres con ingresos superiores a cinco salarios mínimos. Asimismo, el coeficiente asociado a ocupaciones de mayor responsabilidad y calificación –particularmente en los sectores profesionales, financieros y corporativos– muestra una relación positiva y estadísticamente significativa con los feminicidios. Estos resultados respaldan la hipótesis según la cual el acceso de las mujeres a posiciones jerárquicas superiores puede estar vinculado a mayores niveles de violencia de género, lo que sugiere que persisten estructuras que refuerzan los roles tradicionales de género y condicionan su participación en espacios de toma de decisiones.

Los resultados muestran que las barreras estructurales en el ámbito laboral limitan el desarrollo de las mujeres y se vinculan con expresiones extremas de violencia. El modelo confirma una relación significativa entre condiciones laborales y feminicidios, lo que valida el Estatus Social Relativo Laboral (ESRL) como herramienta analítica. Esto subraya la necesidad de políticas de género que promuevan cambios culturales profundos, más allá del acceso a mejores empleos, en una estructura históricamente marcada por patrones masculinos que perpetúan la violencia.

Conclusiones

Entre 2015 y 2023, los altos niveles de feminicidio en México reflejan el deterioro de las condiciones que enfrentan las mujeres. Comprender este fenómeno exige una visión integral que reconozca su carácter estructural. En este marco, las condiciones laborales adquieren especial relevancia, ya que las brechas persistentes en el acceso y la calidad del empleo configuran escenarios de vulnerabilidad que pueden amplificar los riesgos de violencia en otros ámbitos de la vida.

Desde la economía, crece el interés por explorar las raíces estructurales de la desigualdad de género. Este estudio aporta al debate al evidenciar la relación entre la dimensión laboral y la violencia feminicida, mediante un análisis econométrico con datos trimestrales estatales sobre empleo y feminicidios en México.

Los resultados confirman la relación y revelan su complejidad. Ingresos, posición laboral y nivel educativo son factores significativos, pero el análisis desde el ESRL muestra que el vínculo no es lineal: a nivel nacional, mayores ingresos femeninos se asocian negativamente con los feminicidios, reflejando la influencia de factores culturales e ideológicos.

El análisis por periodos muestra que, en los años recientes, la hipótesis de mejora se invierte: mayores ingresos femeninos se asocian con más feminicidios, lo que evidencia un retroceso en las condiciones para una vida libre de violencia. De 2015 a 2019, el empleo en el sector secundario –incluidas las maquilas– se relacionaba negativamente con los feminicidios, pero entre 2021 y 2023 esta relación se volvió positiva, indicando un resurgimiento de la vulnerabilidad tras la pandemia.

En resumen, las regresiones con datos panel revelan las complejas interacciones entre empleo, educación y violencia de género en México, subrayando la urgencia de políticas integrales que aborden tanto la violencia como sus raíces socioeconómicas y estructurales. Es crucial evitar revictimizar a las mujeres, reconociendo que los feminicidios son perpetrados por hombres en un contexto de misoginia arraigada.

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