LA VIOLENCIA POLÍTICA EN EL CONTEXTO ESTUDIANTIL
POLITICAL VIOLENCE
IN THE STUDENT CONTEXT
Susana Gabriela Muñiz Moreno[1]
Mara Nadiezhda
Robles Villaseñor[2]
DOI: https://doi.org/10.32870/lv.v0i0.8149
Resumen
El
estudio de la violencia política en razón de género es un fenómeno de recién
interés académico. Se ha centrado no obstante en el campo de la política
profesional, dejando un vacío importante en el campo de la política
estudiantil. Los estudios sobre política estudiantil, por su parte, han
adolecido de la falta de perspectiva de género. El presente estudio ofrece una
primera aproximación a la violencia política en razón de género en el contexto de
la política estudiantil a través de una encuesta realizada a 723 estudiantes de
la Universidad de Guadalajara que han intentado ocupar algún cargo de
representación durante su tránsito por la institución.
Se encontró que, aunque son una minoría, hombres y mujeres declaran haber buscado
y conseguido entrar a la arena política universitaria en proporción similar; que 4 de cada 10 mujeres quienes han participado en la política estudiantil percibe
un clima general de desigualdad o discriminación por motivos de género tanto
en el proceso de las campañas como en el ejercicio del cargo; y que más de la
mitad de las y los estudiantes, tanto quienes ganaron como quienes perdieron
las contiendas, reportan prácticas de violencia política generalizadas, siendo las
principales el ocultamiento, falsedad o poca claridad de la información, la desigualdad
en la competencia y el ser ignoradas e ignorados en la toma de decisiones que
corresponden a sus cargos. Las difamaciones y la obstaculización en las
funciones fueron también respuestas notables. Los hallazgos sugieren que la
violencia constituye el modo de hacer política normalizado en este contexto.
Palabras
clave: violencia política en razón de género,
política estudiantil, gremios estudiantiles, organizaciones estudiantiles
Abstract
The study of gender-based
political violence is a relatively recent topic of academic interest. However,
it has focused primarily on professional politics, leaving a significant gap in
the field of student politics. Studies on student politics, in turn, have
lacked a gender perspective. This study provides an initial approach to
gender-based political violence in the context of student politics through a survey
of 723 students from the University of Guadalajara who have attempted to hold a
representative position during their time at the institution. It was found that
men and women have sought and achieved entry into the university political
arena in similar proportions; that 4 out of 10 women perceive a general climate
of inequality or discrimination based on gender, both during campaign processes
and while holding office; and that more than half of the students –both those who won and those who lost– report widespread practices of
political violence regardless of gender. The most common practices include
concealment, falsification, or lack of clarity in information; unequal
competition; and being ignored in decision-making processes related to their
positions. Defamation and obstruction in the exercise of their duties were also
notable responses. Our findings suggest that violence constitutes a normalized
way of engaging in politics within the student context.
Keywords: gender-based political violence, student politics, student unions, student organizations
Introducción
La
participación política de las y los ciudadanos en una democracia se fundamenta
en el principio de soberanía popular, es decir, en la posibilidad de las
personas de tomar parte de los asuntos que les afectan (Astudillo Reyes, 2018).
Los derechos políticos como la libertad de expresión, el acceso a la
información o el derecho a desempeñar un cargo, entre otros, consagran este
principio. El estudio de su ejercicio, por tanto, resulta fundamental para las
instituciones comprometidas con los valores democráticos, entre ellas, las
universidades.
El cumplimiento de los derechos políticos
y la participación y prácticas políticas como campo de lucha y de análisis es
en efecto un espacio no solo de interés, sino de agitación y conflicto. Ha sido
motivo de movimientos (y revoluciones) sociales y dado origen a legiones de textos
de reflexión y análisis. No obstante, su estudio no se ha realizado centralmente
desde la perspectiva de género. Solamente en Redalyc, el término “participación
política” arroja más de medio millón de artículos académicos; “violencia
política”, poco más de cuatrocientos mil. “Violencia política en razón de
género” apenas arroja treinta y dos resultados. Una revisión de las tendencias
en las publicaciones en español disponibles en Google Books[3]
(Michel et al., 2010) ofrece una conclusión semejante. Como muestra la Figura
1, el término “participación política” comienza su auge en la década de los
años sesenta, alcanzando su cima en 2006 al igual que el término “violencia
política”. “Política estudiantil”, por su parte, encuentra su momento de
popularidad en los setenta, y “violencia de género” no emerge sino hasta
pasados los años noventa, alcanzando la cúspide cerca del 2020 (Figura 2).
“Violencia política en razón de género”, finalmente, resulta un objeto
notablemente de menor frecuencia, aunque de marcado crecimiento en los últimos
diez años. Ello obedece a que el propio concepto es de relativa reciente
creación, ubicando su génesis en torno al 2007 (Martínez y Corona, 2018).
Delgado Cortina y Sáenz Rangel (2023), a partir de una revisión bibliométrica
exhaustiva en Scopus y otras bases de datos,
identifican el año 2019 como el punto de inflexión en el que despega la
producción académica sobre la violencia política en razón de género.
Fuente:
Michel et al., 2010.
Fuente:
Michel et al., 2010.
No
obstante, el estudio de la violencia política en razón de género,
específicamente en el contexto de la política estudiantil, es una parcela
ignota. Por un lado, la política estudiantil como objeto de análisis ha sido
abordada, predominantemente y sin un enfoque de género, en el marco de estudio
de los movimientos universitarios y las movilizaciones de los años sesenta y
setenta (ver Marsiske, 2023; Palma Castro, 2021; Re,
2019). Sin embargo, su abordaje no siempre les ha
visto como espacios de reproducción de la desigualdad y la violencia, sino más
como el baluarte de la lucha por las libertades, en ocasiones de forma
romantizada e idealizada, como se aprecia en el siguiente pasaje de Hernández
Falcón
Una especie de
bastión del bien público, diversas universidades públicas latinoamericanas
portan una historia que invita a rescatar, defender y fortalecer espacios
insumisos desde donde pueden configurarse modos alternativos de organización
social ante la concentración excluyente y antidemocrática del poder [los
movimientos estudiantiles] han posibilitado, junto con otros actores sociales,
espacios de formación política que propician el desarrollo de herramientas de
análisis crítico de la realidad social. Una organización desde donde se puede
contribuir a la generación de alternativas. (2021, p. 160)
Por
su parte, el estudio de la violencia política en razón de género se ha centrado
en el ámbito de la política profesional (en los procesos electorales, el
ejercicio de las funciones en el gobierno y los partidos, en las normas y
procesos de sanción por las autoridades), en la violencia ejercida en contextos
de dictadura y movilizaciones sociales, o bien en los discursos de medios de
comunicación (ver Guadarrama Sánchez y Aguilar Pinto, 2021; Fernández-Matos y
González Martínez, 2019; Martínez y Corona, 2018; Ravel Cuevas, 2018; Lena Krook y Restrepo Sanín, 2016a, 2016b; Cerva
Cerna, 2014). Es prácticamente nula la atención a la violencia política en
razón de género en los contextos y las organizaciones estudiantiles. Otero
(2023), similar a Galindo Cruz y Lozano Hernández (2022), realiza uno de los
pocos estudios disponibles sobre las formas contemporáneas de hacer política
estudiantil, aunque se centra en las reivindicaciones de las estudiantes a
partir del “Ni una menos”, o bien se centra en las formas de hacer política de
la juventud (Otero, 2022).
En donde convergen los estudios sobre
violencia política en razón de género es en que el acoso y la violencia que las
mujeres experimentan en la vida política es uno de los principales obstáculos
para su participación y proyección, lo que resulta nodal para la agenda de la
igualdad y de la democracia. No es inusual que a las mujeres que incursionan en
la política se les etiquete de “problemáticas”, “exageradas”, “sobreactuadas”,
“hipersensibles” y en general que sean menospreciadas por la idea normalizada,
tácita, de que son “incapaces”. La igualdad sustantiva no puede existir en un
escenario en que las mujeres carezcan de autonomía, valor, voz y autoridad
(Santacruz, 1992) entendiendo por autonomía la posibilidad de elección, el
valor como respetabilidad, la voz como credibilidad, y la autoridad como el estar
en los lugares en donde se definen, toman y legitiman las reglas y las
decisiones.
Para el feminismo, por supuesto, la
política trasciende “el limitado mundo de las reuniones, los presidentes y los
partidos” (Amorós, 2005, p. 17). Concibe a la cuestión política como al
conjunto de relaciones de subordinación en virtud de las cuales un grupo de
personas queda bajo el control y las decisiones de otro (Zerilli,
2016), y esto es algo más grande, como expresó Amorós (1989) que lo que pasa en
los congresos, las instituciones y los consejos, pero ello no debe hacer pensar
que la agenda del feminismo no tiene que ver con la política organizada. La
crítica feminista al poder no significa que el feminismo deba vivir a sus espaldas;
al contrario “el punto de partida […] es que las mujeres debemos tener poder”
(Amorós, 1989, p. 5). La igualdad de género implica el trastocamiento de las
relaciones de subordinación estructuradas por el género en todos los ámbitos,
incluyendo, de manera central en un estado de derecho, el de las instituciones
y las formas de participación política organizada.
Considerando que las organizaciones
estudiantiles en algunos países en Latinoamérica han tenido una continuidad en
ocasiones superior a los partidos políticos, y “la estrecha relación entre
universidad, sociedad y política [que] convierte a los gremios estudiantiles y
a sus luchas en campos de entrenamiento para futuros políticos” (Marsiske, 2023, p. 13), el estudio de las prácticas
políticas y la violencia política en las organizaciones estudiantiles no puede
continuar siendo soslayado.
Las instituciones de educación superior
como la Universidad de Guadalajara se rigen bajo los principios de la
democracia. Así lo establece su Código de Ética (Consejo General Universitario,
2018) y su Ley Orgánica (2021); así como el Reglamento de Responsabilidades y
Sanciones de la Federación Estudiantil Universitaria (2023). Eso de suyo
demanda con suficiencia el examen de las prácticas políticas en el contexto universitario.
Pero es también una necesidad ineludible porque las organizaciones
estudiantiles son, además de vehículo para el ejercicio y defensa de los
derechos universitarios, una escuela de política y ciudadanía en el más amplio
sentido, y podrían ser también el espacio en donde se enseña y aprenden las
prácticas de violencia que sostienen la reproducción de los sistemas de
opresión.
Objetivos
El
presente estudio busca ocupar el vacío dejado por los estudios sobre violencia
política en razón de género y los estudios sobre movimientos y organizaciones
estudiantiles, con el objetivo de realizar una primera aproximación al fenómeno
de la violencia política experimentada por las y los estudiantes de la
Universidad de Guadalajara que han intentado o se han insertado efectivamente
en la política estudiantil, así como conocer las formas de violencia política
más frecuentes.
Marco
conceptual
Young
ha entendido la opresión no en el sentido tradicional, el padecer la tiranía de
un grupo antidemocrático que gobierna, sino como la “desventaja e injusticia
sistémica que experimentan grupos por las prácticas cotidianas de la bien
intencionada sociedad” (1990, p. 41). Las personas oprimidas, sostiene, “sufren
de alguna inhibición en las posibilidades de desarrollar y ejercer sus
capacidades y expresar sus necesidades, pensamientos y sentimientos” (p. 40).
La opresión no emana de la voluntad de actores tiránicos, sino que está
embebida en las normas incuestionadas, en los hábitos, los símbolos, las
prácticas, en los supuestos y en las reglas institucionales, tácitas y
explícitas, y por supuesto en las consecuencias colectivas de seguir las
reglas, es decir del funcionamiento, que no la disfunción, del orden de las
cosas en una sociedad civilizada. La violencia puede así entenderse como
expresión, pero también como vehículo de reproducción de los sistemas de
opresión (Young, 1990). Aún en sistemas como el patriarcado, cuyo aparato
ideológico y de socialización es de tan larga historia y alcance que la violencia
parecería innecesaria, “ejercería un control insuficiente, e incluso ineficaz,
de no contar con el apoyo de la fuerza” (Millet, 2016, p. 58).
El sistema patriarcal, definido por Puleo como un “sistema de organización social en el que los
puestos clave de poder se encuentran exclusiva o mayoritariamente en manos de
varones” (2005, s. p.), dispone de reglas tan rígidas que su desobediencia
acarrea la violencia e incluso la muerte (Puleo,
2005). En las sociedades tribales, sostiene Segato
(2003/2021), la violencia se ejercía como “un acto punitivo y disciplinador de la mujer … por haber profanado los
secretos de la iniciación masculina” (p. 203); en el mundo contemporáneo, la
violencia sigue ejerciéndose como castigo contra las mujeres que se salen del
lugar que el estatus les ha designado, por haberse desplazado hacia los
espacios masculinos de la jerarquía tradicional (Segato,
2021).
La violencia de género, estructural y ampliamente
tolerada, constituye un ejercicio de intimidación y mecanismo de control (Brownmiller, 1975; Osborne, 2021). Es de importancia
crítica para la persona quien la experimenta, pero para quienes no la viven,
tiene un efecto pedagógico. Es un mensaje social escrito en las vidas de
mujeres particulares (Segato, 2016). La mera amenaza
de violencia es suficiente para doblegar la voluntad de las personas
subordinadas y cercenar los deseos de autonomía (Miguel Álvarez, 2005). El
rasgo intimidatorio de la violencia actuaría como disuasor para la
participación política, limitando de entrada las posibilidades de poder-poder.
Para las que no son disuadidas, la violencia sería el precio a pagar por haber
profanado los espacios vedados.
La conceptualización de la violencia de
género, con sus tipologías, dimensiones y ámbitos, ha sido una impronta del
activismo, más que del trabajo académico. A veces espoleado por coyunturas
mediáticas de alcance internacional –como cuando alguna
candidata ha sido asesinada (Souza y Biroli, 2023) o
una funcionaria perseguida (Reza, 2020) –, el activismo ha
buscado, desde los instrumentos del derecho, hacerla existir en el discurso
público, desnaturalizarla y presionar a los agentes del Estado en las demandas
de justicia. Y ha logrado con ello, en buena medida, conducir la mirada de la
academia hacia los mecanismos subyacentes en la producción de la opresión de
género (Castro, 2016; Miguel Álvarez, 2005; Souza y Biroli,
2023).
La Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia
Política es reconocida como el parteaguas en Latinoamérica en la definición de
la violencia política y los mecanismos para prevenirla, atenderla y sancionarla
(Martínez y Corona, 2018). Llega a México a través de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley de Acceso) (Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, 2024) publicada originalmente en el 2021, que
define en su Art. 5, Frac. IV, a la violencia contra las mujeres en razón de
género como
cualquier acción u
omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico,
físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado
como en el público.
y
a la violencia política en razón de género, en su Art. 20 Bis adicionado en el
año 2020, como
toda acción u
omisión, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o
privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos
públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en
elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de
mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en
ellas. [El resaltado
es propio]
Según
el Art. 20 Ter de esta misma ley, son instancias de violencia política en razón
de género: haber experimentado o percibido la obstaculización de sus labores de
campaña política de modo que se impidiese que la competencia se desarrollara en
condiciones de igualdad; la recepción de información falsa, incompleta o
imprecisa, de manera que se impidiera o indujera al incorrecto ejercicio de una
candidatura o cargo; o la distribución de propaganda política basada en
calumnias, degradaciones o descalificaciones basadas en estereotipos de género,
entre otras.
Algunos autores como Castro (2016) han
llamado “situacional” a la concepción de violencia de género que miden las encuestas,
es decir, que miden la prevalencia de comportamientos o experiencias vividas en
ciertas situaciones. La visión más estructural o sistémica, en oposición a la
situacional, concebiría a la violencia más como el marco de conducción de vida.
Este segundo enfoque invertiría el orden de la ecuación al no considerar que a
veces se ejerza violencia en donde se ejerce la autoridad o se hace política,
sino que por definición y práctica, la autoridad y la
política se constituyen a partir de prácticas violentas. Esta segunda visión
remite y permite reinterpretar el quehacer político bajo la noción de Rita Segato (2018) de pedagogía de la crueldad, los “actos y
prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo
y su vitalidad de las cosas … algo que va mucho más allá de matar” (p. 13). Se
trata de “la normalización de un paisaje de crueldad [que] promueve en la gente
bajos umbrales de empatía” (p. 13). Esta visión evoca los elementos distintivos
del orden patriarcal: “el mandato de masculinidad, el corporativismo masculino,
baja empatía, crueldad, insensibilidad, burocratismo, distanciamiento,
tecnocracia, formalidad, universalidad, desarraigo, desensibilización” (Segato, 2018, p. 17; ver también Connell, 1987). Ambas
nociones, situacional o estructural, coinciden en desterrar la mirada
individualizadora que está presente en los marcos de interpretación que ven a
la violencia como resultado de una decisión de un sujeto particular que desea
ganar o imponer algo a otro, y que por razones casi personales recurre ella.
Metodología
Esta
investigación, de corte cuantitativo, transversal y descriptivo, se enmarca en
el proyecto de la Encuesta Universitaria
de Género, Nuestras Voces (Muñiz Moreno et al., 2022), descrita en el
apartado inicial de este volumen, aplicada en el año 2022 a una muestra de
7,342 estudiantes de bachillerato y licenciatura de la Universidad de
Guadalajara. Para los efectos de esta pieza, se analizan las respuestas de un
subconjunto de estas y estos estudiantes, 723 casos que representan el 10.4%
del total de personas encuestadas (9.8% en el bachillerato y 11.3% en
licenciatura), que declararon alguna vez haber intentado ocupar un cargo de
representación estudiantil en la institución[4]. Se realizó una distinción
entre quienes, pese haberlo intentado, no lo lograron (5.7%), y quienes sí lo
obtuvieron (4.7%), con el fin de diferenciar las instancias de violencia
política en el curso de la campaña y en el ejercicio del cargo, pero también
como variable que permitiera dilucidar si la percepción de haber experimentado
violencia política pudiera obedecer al hecho de haber perdido en la contienda.
Las instancias de violencia política en
razón de género definidas por la Ley de Acceso se operacionalizaron en el
formato de preguntas de respuesta discreta de más de una opción, para quienes
no lograron obtener el cargo, en el siguiente sentido: “¿Por qué consideras que
no lo lograste, pese a haberlo intentado?”, siendo las opciones: a) se me
ocultó información o se me dio información poco clara, falsa o insuficiente; b)
no hubo condiciones de igualdad en la competencia; c) se me calumnió,
discriminó, difamó o injurió; d) se anularon mis derechos injustamente; e) se
divulgó información privada mía para perjudicarme; f) recibí amenazas; g) se me
impidió tomar protesta, entre otras no relacionadas con la violencia política,
como h) no tenía tiempo, i) ya no le seguí, ya no me interesó, i) me embaracé
(en el caso de las mujeres) o j) otra razón.
Con el fin de estimar si alguna de las instancias
afectaba de manera desproporcionada a un grupo, esta pregunta se realizó a todo
el estudiantado, incluyendo hombres y mujeres cisgénero, transgénero y personas
no binarias. De manera particular, adicionalmente se preguntó a las mujeres si
percibían que: a) se favoreció o dio prioridad a los hombres, b) hay un clima
de discriminación hacia las mujeres, c) las autoridades universitarias o la
propia organización intervino para apoyar a los candidatos hombres.
Para quienes sí lograron obtener el cargo
que aspiraron, el sentido de la pregunta fue sobre el curso de la campaña, pero
también en el ejercicio del cargo, o incluso previo al registro, en el contexto
de su actividad política. A las situaciones descritas, se incluyeron tres más:
que se le hubiese negado u obstaculizado el ejercicio de sus funciones, que le
hubiesen obligado a suscribir o apoyar por la fuerza alguna decisión, o, para
el caso de las mujeres, que se les impusieran tareas o actividades basadas en
estereotipos de género.
Las respuestas de las personas encuestadas
refieren en algunos casos a situaciones concretas que podrían ser en principio
verificables, como “recibí amenazas”, mientras que en otros casos se cimentan
en la percepción, es decir, un ejercicio de interpretación de una situación
vivida que el o la estudiante lee como violencia. En
estos casos, las respuestas apuntan a cómo, desde su subjetividad, las y los
estudiantes están experimentando el ejercicio de sus derechos políticos.
Resultados
Aproximadamente
un décimo del estudiantado declara haber intentado ocupar algún cargo de
representación estudiantil a lo largo de su trayecto por la Universidad de
Guadalajara, y de cada 10 que lo intentaron, en promedio 4 lo consiguieron. No
se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los hombres,
las mujeres y las personas no binarias en este sentido[5] (Tabla 1).
|
Identidad
de género |
|||
|
Hombre (%) |
Mujer (%) |
No
binaria
(%) |
|
|
No lo he
intentado |
88.8 |
90.4 |
90.9 |
|
Sí lo he
intentado, pero no lo logré |
6.3 |
5.1 |
5.7 |
|
Sí lo he
intentado y sí lo logré |
4.9 |
4.5 |
3.4 |
|
Total |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
NOTA: Las diferencias
no son estadísticamente significativas. |
|
|
|
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Universitaria de Género, Nuestras
Voces (Muñiz Moreno et al., 2023).
Del
total de las mujeres que alguna vez lo intentaron (363 casos), 4 de cada 10
percibe en general que existe un clima de discriminación hacia las mujeres, que
las autoridades o la organización estudiantil favorece a los hombres, o se les
da prioridad (Tabla 2). Esta percepción es compartida tanto por aquellas que
consiguieron su objetivo como por quienes no lograron el cargo.
|
|
Mujeres
que no lo lograron (%) |
Mujeres
que lo lograron
(%) |
|
En la política
estudiantil hay un clima de discriminación hacia las mujeres |
29.9 |
27.3 |
|
Las autoridades
universitarias o las propias organizaciones estudiantiles intervinieron para apoyar
a los candidatos hombres |
22.0 |
17.1 |
|
Me han impuesto
tareas o actividades basadas en estereotipos de género en mi cargo |
NA |
20.3 |
|
Se favoreció o
dio prioridad a los hombres |
32.8 |
NA |
|
% que mencionó
una o más situaciones |
38.3 |
39.5 |
|
NOTAS. Los
porcentajes no suman 100 porque se admite más de una opción. Las diferencias
no son estadísticamente significativas. |
||
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Universitaria de Género, Nuestras
Voces (Muñiz Moreno et al., 2023).
En
general, de las y los estudiantes en total que aspiraron alguna vez un cargo de
representación estudiantil, pero que no lo consiguieron, 6 de cada 10 cree que
esto se debió a alguna circunstancia de violencia política (Tabla 3). Las
situaciones más mencionadas fueron que consideran que no hubo condiciones de
igualdad en la competencia y el ocultamiento de información o la provisión de
información poco clara, falsa o insuficiente (en torno a un 38% general),
seguido de la presencia de calumnias, difamación o algún tipo de injuria (en
torno a un 16%), y/o que existieron prácticas de amenazas, divulgación de
información privada con fines perjudiciales o impedimentos para tomar protesta
(un décimo de las menciones cada uno). Aunque se observan algunas diferencias
entre los porcentajes reportados por las mujeres, las personas no binarias y
los hombres, éstas no son estadísticamente significativas.
|
Identidad
de género |
|||
|
Respuesta |
Hombre (%) |
Mujer (%) |
No
binaria
(%) |
|
Se me ocultó
información o se me dio información poco clara, falsa o insuficiente |
37.4 |
38.3 |
33.3 |
|
No hubo
condiciones de igualdad en la competencia |
35.6 |
40.1 |
42.9 |
|
Se me calumnió,
discriminó, difamó o injurió |
19.1 |
12.9 |
25.0 |
|
Se anularon mis
derechos injustamente |
13.4 |
13.3 |
- |
|
Se divulgó
información privada más para perjudicarme |
12.4 |
7.5 |
12.5 |
|
Recibí amenazas |
11.7 |
7.5 |
25.0 |
|
Se me impidió
tomar protesta |
10.0 |
10.6 |
- |
|
% que mencionó
una o más de cualquiera de las situaciones |
58.3 |
58.3 |
71.4 |
|
NOTAS. Los
porcentajes no suman 100 porque se admite más de una opción. Las diferencias
no son estadísticamente significativas |
|||
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Universitaria de Género, Nuestras
Voces (Muñiz Moreno et al., 2023).
Por
su parte, entre el estudiantado que sí obtuvo el cargo al que aspiraron en la
contienda, la mitad en general reporta que, además de en la campaña, durante el
ejercicio de su cargo, o incluso previo al registro, se han dado situaciones de
violencia política (Tabla 4). Nuevamente, la más mencionada es el ocultamiento,
insuficiencia, falsedad o poca claridad de la información (33.5% de las
menciones), seguido de la desigualdad en la competencia (30%), o que, en el
ejercicio del cargo, se les ha ignorado en la toma de decisiones que les
competen (26.3%). Las calumnias o difamaciones ocupan el 22.2% de las
menciones, seguido de la obstaculización en el ejercicio de las funciones
(18.2%) y el haber sido obligado u obligada a suscribir o apoyar por la fuerza
alguna decisión (14.2%). De manera general, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre los hombres, las mujeres y las personas
no binarias. Solamente hubo dos situaciones de violencia política en que las
diferencias entre hombres y mujeres fueron estadísticamente significativas: 20%
de los hombres reporta haber recibido amenazas, contra 6.3% de las mujeres, y
19% de los hombres reporta que se divulgó información privada con fines
perjudiciales contra 7.4% de las mujeres. No se registraron respuestas en estas
opciones por parte de la población no binaria.
|
Identidad
de género |
|||
|
Hombre (%) |
Mujer (%) |
No
binaria
(%) |
|
|
se te ocultó
información o se te dio información poco clara, falsa o insuficiente? |
39.1 |
29.6 |
33.3 |
|
hubo desigualdad
en la competencia? |
36.0 |
26.4 |
16.7 |
|
se te ha ignorado
en la toma de decisiones pertinentes a tu cargo de representante? |
27.5 |
24.4 |
50.0 |
|
se te calumnió,
discriminó, difamó o injurió? |
25.4 |
18.9 |
16.7 |
|
alguien trató de
impedir que tomaras protesta o que participaras? |
24.1 |
15.4 |
- |
|
te han negado u
obstaculizado el ejercicio de tus funciones? |
22.5 |
14.1 |
- |
|
te han obligado
a suscribir o apoyar por la fuerza alguna decisión? |
17.3 |
11.4 |
- |
|
recibiste
amenazas por tus actividades políticas?* |
20.1 |
6.3 |
- |
|
se divulgó tu
información privada para perjudicarte?** |
19.0 |
7.4 |
- |
|
% que mencionó
una o más de cualquiera de las situaciones |
53.7 |
44.7 |
50.0 |
|
NOTAS: Los
porcentajes no suman 100 porque se admite más de una opción. * χ2=14.036.
gl=2. P < 0.001 ** χ2=9.98.
gl=2. P=0.007 |
|||
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Universitaria de Género, Nuestras
Voces (Muñiz Moreno et al., 2023).
Discusión
y conclusiones
Estudios
previos han reportado que los hombres en general expresan un interés superior
en la política que las mujeres[6]. De acuerdo con la
Encuesta Mundial de Valores (EMV) México de 2018 (Haerpfer
et al., 2020), 30.7% de los hombres mexicanos sostenían estar muy interesados o
interesados en la política contra solo 26.5% de las mujeres (una brecha de 4.2
puntos porcentuales), y de igual manera ellos manifestaban estar más dispuestos
a ciertas formas de participación política (como boicots, protestas, huelgas o
peticiones). No obstante, también existen evidencias de que estas tendencias han
ido cambiando, como sugiere el vigor de la cuarta ola de feminismo y la
participación récord de mujeres en las marchas del 8M del 2019 a la fecha. La
propia EMV de 1990 reportaba que la brecha de interés en la política entre los
hombres y las mujeres mexicanas era, veinte años atrás, cuatro veces mayor a la
actual (Inglehart et al., 2018). Como describe Muñiz
Moreno (2022).
Las
transformaciones masivas de los sistemas de actitudes y valores no son ni
sencillas ni expeditas. Por el contrario, la cultura tiende a ser bastante
estable. Sin embargo, estos sistemas simbólicos ciertamente transmutan … en una
relación dialógica, de otras transformaciones institucionales, económicas y
sociales. Ronald Inglehart (2018), por ejemplo, ha
documentado cómo las actitudes de las masas hacia la igualdad de género se han
venido modificando de manera gradual pero certera. (p. 5)
La
propia Encuesta Universitaria de Género, Nuestras
voces (Muñiz Moreno et al., 2022) muestra niveles de actitudes progresistas
y feministas entre el estudiantado superiores a lo imaginado hace unos años. Por
ejemplo, 98% de las estudiantes expresó el deseo de ver más mujeres en el poder,
lo cual tiene su correlato empírico en el hecho de que en el 2022 llegó la
primera mujer a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria, que
en el 2024 la Universidad eligió a su primera rectora, y México a su primera
presidenta, y que en los últimos años, a base de conquistas en acción
afirmativa en las reglas electorales, se han registrado congresos paritarios y
un mayor número de alcaldesas y funcionarias en el país (Mercado, 2024). Los
resultados de este análisis nos muestran en ese mismo sentido, acaso
empoderadas por nuevos discursos, un interés de las jóvenes estudiantes
equiparable al de los hombres de entrar en la arena de la política estudiantil.
Ellas quieren estar en el poder tanto como ellos, y lo están logrando.
Ello no se traduce en un panorama desprovisto
de discriminación y violencia. Ésta es aún el precio de estar ahí. En esta
encuesta, a decir de 4 de cada 10 estudiantes que han incursionado a la
política estudiantil, persiste un ambiente de desigualdad, manifiesto en la
percepción de un clima general de favoritismo hacia los candidatos hombres, e
incluso un 20% de las mujeres que sostiene que se les imponen tareas
estereotipadas por su género.
No obstante, llama la atención que no se declararan
prácticas de violencia política específicas de forma desproporcionada en contra
de las mujeres o la población no binaria. Con esa percepción manifiesta, éstas
parecieran estar ocurriendo contra todes, lo que se constata con los siguientes
datos: tanto mujeres como hombres y personas no binarias que han incursionado
en la política estudiantil, entre el 50% y el 60%, expresan haber experimentado
alguna de estas situaciones, aunque algunas prácticas específicas, como
amenazas y divulgación de información privada, fueron expresadas cerca de tres
veces más por los varones que por las mujeres. El diseño de este instrumento no
permite conocer el sentido, por ejemplo, de las calumnias o de la información
privada que se divulga, ni tampoco el impacto que estos actos tienen en quienes
las experimentan para conocer si existen patrones diferenciados de género en
esos aspectos, pero sí nos revela que las prácticas de violencia (la
zancadilla, el ocultamiento, y las obstaculizaciones de diversa índole), en
opinión de quienes ganan las contiendas tanto como entre quienes pierden, son
prácticas generalizadas.
Estos hallazgos sugieren un panorama de lo
que se ha llamado violencia estructural, como el marco general de conducción de
la política, es decir, que el quehacer político se constituye en y por la
práctica de violencia, y no ésta como excepción. No es la disfunción lo que
parece imperar, sino que los datos sugieren que la práctica de la violencia es
el modo normal, el cómo “funcionan las cosas” en la política estudiantil. De
manera similar al ámbito de la política profesional (México Evalúa, 2024), la
violencia es constituyente del quehacer político. El mandato de la agresión es
lo que define la forma normal de hacer política, y por
tanto, lo que se enseña, aprende y reproduce desde el gremio estudiantil.
Finalmente, algunas líneas esenciales para
la continuación de esta línea de investigación, que no han sido consideradas en
este reporte, son la revisión de la distribución de las comisiones entre
hombres y mujeres en las corrientes y los cargos estudiantiles, el impacto que
las prácticas de violencia política generalizadas aquí encontradas tiene entre
ellas, elles y ellos en sus vidas y trayectorias políticas en el más largo
aliento; la interacción del acoso sexual con las formas de violencia política;
las razones de por qué los varones son objeto más frecuente de amenazas
directas; la revisión de quiénes son los perpetradores de estos actos, y por
último, una reflexión más profunda de qué significa “estar” en el poder, bajo
la premisa de cuestionar si el que las mujeres estén participando más en las
contiendas y en los cargos, significa que en efecto, se están empoderando.
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[1]Universidad de Guadalajara, México. Correo electrónico:
susana.muniz8598@academicos.udg.mx
[2]Universidad de Guadalajara, México. Correo electrónico:
mara.robles@academicos.udg.mx
[3]
El Google Book N-Gram Viewer es una herramienta de
Google que reporta la frecuencia de uso de determinadas cadenas de caracteres (NGrams) en recursos impresos digitalizados en Google Books, publicados entre el año 1500 y el 2020. Dispone de
una base de datos de más de 129 millones de libros. Se encuentra disponible en
https://books.google.com/ngrams/
[4]
Cada año se eligen en la Universidad de Guadalajara Comités Ejecutivos de las
Sociedades de Alumnos, y cada tres años, el Consejo Ejecutivo de la Federación
Estudiantil Universitaria que a su vez se estructura en una variedad de
comisiones permanentes. Las y los representantes estudiantiles tienen un lugar
en los órganos de gobierno de la Universidad (los Consejos Universitarios y el
Consejo General Universitario, entre otros).
[5]
En este documento se proporcionan los porcentajes de menciones solamente de las
categorías de identidad de género “hombre cisgénero”, “mujer cisgénero” y
“persona no binaria” (queer, dos géneros,
opuesto al binarismo, entre otros). Se omiten las respuestas de las personas
transgénero, ya que la muestra solo captó 28 personas en estas categorías de
las 7,342 encuestadas, y solo 6 intentaron ocupar un cargo.
[6] Sobre este punto no existen estadísticas previas respecto de la población no binaria.